Luego de que el radicalismo presentara en la Legislatura un pedido formal para revocar la designación del cuestionado fiscal de instrucción Iván Rodríguez como adjunto de la nueva Procuración Penitenciaria, el PJ rechazará ese planteo, aunque le hará un guiño a la oposición: solicitará que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no le tome juramento en el nuevo cargo hasta que se resuelva el pedido de jury en su contra.
El oficialismo analiza por estas horas la situación y la manera de concretar esta decisión de congelar el ascenso de Rodríguez.
La alternativa más firme sería una comunicación oficial de la Legislatura, con la firma de la vicegobernadora Myrian Prunotto, dirigida al máximo tribunal provincial para que postergue la jura del cuestionado fiscal de instrucción.
El funcionario está señalado por su actuación en otra causa en la cual el año pasado estuvo detenido Claudio Barrelier, el principal acusado del femicidio de Agostina Vega.
Se tratará de un gesto político del oficialismo, que impulsó a Rodríguez para ocupar una de las fiscalías adjuntas penitenciaria.
De manera extraoficial, fuentes del Tribunal Superior de Justicia le aseguraron a La Voz que Rodríguez no asumiría hasta que el Tribunal de Enjuiciamiento resuelva si corresponde o no abrir el proceso de destitución solicitado por la oposición en la Legislatura.
Como esa postura del TSJ nunca fue comunicada formalmente, y ante las reiteradas embestidas opositoras contra Rodríguez, en el oficialismo admiten que necesitan dar una respuesta institucional, para evitar que el tema siga ocupando el centro de la escena política.
“Falta definir el mecanismo de la comunicación, pero la decisión está tomada: vamos a dejar bien claro que Rodríguez no asumirá en la Procuración Penitenciaria hasta que se resuelva la cuestión del jury”, admitieron, en reserva, una fuente del Centro Cívico y otra del oficialismo legislativo.
El debate político sobre la situación de Rodríguez volverá a tomar temperatura en los próximos días, cuando el TSJ le tome juramento a Bettina Croppi como procuradora penitenciaria General.
Mientras Llaryora mira otro frente, la tensión crece en los Tribunales
Aunque todavía no hay una fecha confirmada, la asunción de Croppi se concretaría antes de fin de este mes. Junto con ella también asumirán las fiscales adjuntas Guadalupe Trillo Pellizari y María Florencia Degano, además de la secretaria técnica penitenciaria, Melina Matía.
Rodríguez, en cambio, no correrá con la misma suerte. El tercer fiscal adjunto penitenciario deberá esperar la definición sobre el pedido de jury. Mientras el PJ intentará dejar en claro que –por ahora– su ascenso en la carrera judicial quedó en suspenso.
Secuelas políticas
Más allá de la investigación por el femicidio de Agostina Vega, que instruye el fiscal Raúl Garzón, a quien también la oposición le pidió un jury, y en la cual Barrelier es el principal acusado de ser el autor material del crimen, con Soledad Andreani y Osvaldo Fassetta detenidos por presunto encubrimiento, el caso tuvo múltiples derivaciones políticas.
Una de ellas fue el creciente cuestionamiento al fiscal Iván Rodríguez, quien tuvo a su cargo una causa anterior contra Barrelier por el presunto delito de privación ilegítima de la libertad contra una joven de 20 años.
El Gobierno provincial, impactado por un caso de alcance nacional
Ese hecho ocurrió en mayo del año pasado, en la misma vivienda de barrio Cofico donde fue asesinada Agostina Vega, y luego su cuerpo fue desmembrado para tratar de ocultarlo.
Los opositores sostienen que Rodríguez mantuvo en 2025 detenido a Barrelier durante 21 días, pero que luego la investigación quedó prácticamente paralizada. La causa nunca fue elevada a juicio oral.
Los opositores le reprochan a Rodríguez no haber notificado a la Municipalidad de Córdoba –donde Barrelier era becario en la Escuela de Tránsito– sobre su situación judicial. Tampoco informó a la víctima de aquella causa cuando el acusado recuperó la libertad. Según trascendió, la joven se enteró de esa circunstancia cuando estalló públicamente el caso Agostina Vega.
Razones para el jury
En este contexto, tanto en el oficialismo como en distintos sectores del Poder Judicial aseguran que no existen elementos concretos para impulsar un jury contra el fiscal Garzón.
El funcionario judicial que conduce la investigación por el femicidio de Agostina Vega no enfrentaría un proceso de destitución. Incluso algunos dirigentes opositores lo admiten en privado, aunque sostienen públicamente el reclamo para que también sea sometido a jury.
Los mayores cuestionamientos a Garzón son por su desafortunada participación en una conferencia de prensa. "Meter la pata en unas declaraciones no es motivo de destitución", argumentan en el oficialismo.
Milei reescribe los manuales de la política tradicional
La situación de Rodríguez aparece como “más comprometida”, reconocen en la bancada del PJ en la Legislatura.
Las mismas fuentes argumentan que la decisión de haber dejado en libertad a Barrelier, por sí sola, no constituye causal suficiente para promover un jury. Sin embargo, consideran que la actuación posterior del fiscal dejó varios interrogantes abiertos.
La falta de comunicación al municipio sobre la situación judicial de Barrelier y la ausencia de información a la presunta víctima respecto de su liberación son aspectos que generan dudas. Por eso, mientras nadie imagina un jury contra Garzón, hay algunas dudas sobre el caso de Rodríguez.
Se descuenta que los representantes opositores, el radical Miguel Nicolás y el juecista Walter Gispert, votarán a favor de impulsar el jury tanto para Rodríguez, como a Garzón.
En cuanto a los representantes oficialistas, Facundo Torres y Julieta Rinaldi, seguramente rechazarán avanzar contra Garzón. Sin embargo, persisten dudas sobre cuál será finalmente la postura del oficialismo respecto de Rodríguez.
Aunque hay una realidad política. Es difícil que el gobernador Martín Llaryora le baje el pulgar a Rodríguez, a quien propuso como fiscal adjunto de la Procuración Penitenciaria, un organismo que se creó por su impulso.
Es probable que la única concesión del PJ sea congelar el ascenso del fiscal en este momento, pero hará todo lo posible para no exponerlo a un jury.
En una eventual votación, tendrá especial relevancia la posición de la jueza Aida Tarditti, representante del Tribunal Superior de Justicia en el Jurado de Enjuiciamiento.
En cualquier escenario, el voto de Tarditti podría resultar decisivo. Se trata de una magistrada de extensa trayectoria judicial, que integra el Tribunal Superior desde el 6 de diciembre de 1995, y participa en las salas Penal y Contencioso Administrativa.
Hay un dato que circula con insistencia en Tribunales I: más allá de representar al TSJ en el Jurado de Enjuiciamiento, Tarditti suele tomar sus decisiones con autonomía y no acostumbra consultar a sus pares del máximo tribunal antes de emitir su voto en los procesos en los cuales se analizan la conducta de magistrados y funcionarios judiciales.
