Durante el último mes, las crisis políticas que sacuden al Gobierno nacional y a las dos principales gestiones del peronismo cordobés evolucionaron en paralelo: agravándose y sumergiendo administraciones enteras. A nivel nacional, nada en el gabinete quedó a salvo de los desvaríos patrimoniales de Manuel Adorni. En el caso de la Provincia y de la Municipalidad de Córdoba, los submundos que dejó en evidencia el atroz femicidio de la adolescente Agostina Vega cubrieron ambas gestiones.
El viernes, en paralelo, también hubo reacciones gubernamentales en ambos frentes. Con pocas horas de diferencia, Javier Milei corrió a Adorni del cargo de vocero, mientras Martín Llaryora y Daniel Passerini empezaron a mostrar la reacción en materia de gestión con un anuncio de mayor operatividad en el control y de cambio de normas para la noche cordobesa. Se trata de respuestas de diferente naturaleza pero idéntica intención: empezar a dar vuelta la página política más adversa que le toca afrontar a cada una de las gestiones.
Palabra devaluada
Luego de tres meses de mentiras en continuado, el jefe de Gabinete ya no podía hablar de nada que no fuese su evolución patrimonial. Y cada vez que lo hizo, generó más sospechas de corrupción. El gesto de correrlo de la vocería es casi anecdótico, porque el Presidente ayer exhibió en Rosario la continuidad del funcionario en el cargo no electivo más importante del Gobierno. Esto significa que el Congreso deberá ocuparse del destino de Adorni.
Cuántas ganas tienen los legisladores cordobeses de ocuparse de Adorni es un verdadero enigma. Los mileístas sostendrán al jefe de Gabinete, pero no está claro que los opositores cordobeses vayan a hacer lo contrario.
Días atrás, el exgobernador Juan Schiaretti emitió un duro comunicado en el que resaltó que "Adorni no puede seguir" en la Jefatura de Gabinete. Ese comunicado fue avalado por otros cinco diputados cordobesistas y por la senadora Alejandra Vigo, pero en ningún momento planteó qué haría la bancada que responde al Gobierno de Córdoba en caso de que se avance hacia una moción de censura, como efectivamente ocurrirá en la sesión especial de Diputados del martes próximo.
Tampoco hubo un solo pronunciamiento al respecto de parte de Llaryora: difícilmente lo haya. El gobernador no quiere que el peronismo de Córdoba sea determinante para la suerte de Adorni. Natalia de la Sota es la única peronista que anticipó su voluntad de apoyar la destitución de Adorni: lo hizo advirtiendo que algunos de sus pares cordobesistas ni siquiera están dispuestos a dar cuórum.
Preocupación de pago chico
Llaryora y Passerini tuvieron una larga reunión el viernes por la mañana. En ese encuentro, terminó de definirse el plan de ordenamiento de la noche que el intendente anunció a las puertas del fin de semana: 90 días como plazo fatal para que cada local tramitara su habilitación definitiva o cierre.
También se anunció un cambio de ordenanza tan sencillo que cuesta creer que a nadie se le hubiese ocurrido antes: cuando son reiteradas las infracciones en un local, lo que se inhabilitará es el domicilio, de modo de cortar con décadas de cambios de nombres para continuar con las mismas infracciones.
El bar Wachitas –que sobrevivió a varias gestiones– es la puerta a uno de los varios submundos que el femicidio de Agostina dejó expuestos. El impacto fue todavía mayor que el del empleo municipal, porque Passerini nunca habló de transparentar el ingreso al municipio, pero sí puso como uno de los principales ejes de su gestión el control de las habilitaciones, luego de décadas de rumores con nombre propio, inspectores enriquecidos y falsos certificados de Bomberos.
El Ente de Fiscalización que creó sería una herramienta poderosa si los inspectores municipales hubiesen aceptado incorporarse a esa estructura rechazada por el Suoem. El conflicto nunca se resolvió. ¿Alguien controla algo hoy?
La dinámica política que deja expuesta esa respuesta del peronismo cordobés es la misma que ocurrió con el esquema de Seguridad Ciudadana del municipio y con el control de los cuidacoches en la Capital: es el Ministerio de Seguridad de la Provincia el que termina brindando la operatividad de la que el municipio carece.
Ahora también será la Policía el factor determinante para el control de la noche: el ministro Juan Pablo Quinteros no sólo es el funcionario con mayor nivel de conocimiento de todo el gabinete provincial; también es, en los hechos, el principal nexo entre ambas administraciones.
Llaryora sostiene a Quinteros ante los pedidos de renuncia de la oposición y también pone en sus manos las iniciativas para dar vuelta la página. Asimismo, es cerrada la defensa del Panal sobre la actuación del fiscal Raúl Garzón en el caso Agostina.
La única concesión de Llaryora a la oposición es la postergación de la asunción del fiscal Iván Rodríguez a su cargo de fiscal Penitenciario Adjunto, ya votado por la Legislatura. La instrucción del Panal apunta a la defensa política de ambos fiscales y a convencer a la ciudadanía de que la reacción opositora es simple oportunismo. Pero se trata de una apuesta de riesgo, que Llaryora asume personalmente.
Además, en el Jurado de Enjuicamiento que impulsa la oposición para Garzón y para Rodríguez hay más opiniones que las exclusivamente políticas. Hay representación del Poder Judicial en ese cuerpo, y la relación de Llaryora con la Justicia nunca estuvo peor que en la actualidad.
Aun con una propuesta salarial convincente, a la Secretaría de Trabajo le costará descomprimir el conflicto con los trabajadores judiciales y el diferendo por los sueldos de los magistrados y funcionarios judiciales se encuentra en plena escalada.
Es otro frente donde lo que más pesa es la postura personal de Llaryora: ordenó un esfuerzo presupuestario para llegar a un acuerdo con los judiciales. Para magistrados y funcionarios, la máxima oferta será dos puntos menos de aportes personales, una alternativa que ya ensayó un fallo del Tribunal Superior de Justicia. Es una propuesta muy módica para la multitud de conflictos que atraviesan el Poder Judicial.
