Bajo la lupa. Cómo se mueve el negocio de la noche en Córdoba

Wachitas, Malibú, Luzbelito, Point, Enroque. Algunos nombres de una lista inmensa. Cuando la gran mayoría de los cordobeses duerme, la ciudad capital cambia de piel.

Pasada la medianoche, se enciende otra industria: bares, boliches, afters, pools, previas, kioscos 24 horas, deliveries, apps de transporte, patovicas, vendedores ambulantes. Hay alcohol, mucho alcohol. Sexo, drogas. Música estridente, poca luz, promotoras.

Es la Córdoba que no se ve. Quienes viven de eso dicen poco y nada: que no caiga el encanto; que no se corte el negocio.

Pasa desde hace décadas, con un denominador común: el dejar hacer. No es gratis, obvio: hay una maquinaria aceitadísima que permite, todas las noches, que la caravana no se corte. Que el Estado no esté o que, si aparece de tanto en tanto, mire para otro lado.

Esta nota se construyó sobre la base de testimonios de quienes forman parte de ese entramado turbio de la noche. Se preservan los nombres tanto de quienes aceptaron hablar como de quienes son parte del negocio. Corresponderá a la Justicia meter los pies en el barro para tirar de los hilos que cada vez están más a la vista.

El femicidio de Agostina Vega condujo hasta Wachitas, un antro que jamás podría haber aprobado un control serio de seguridad e higiene. Ahí está la madre del borrego: el control del municipio. Y no es sólo de esta gestión, sino de todas las que la precedieron.

“Lo que se veía en el portal de la Municipalidad, que promocionaba Wachitas, es una pequeña representación de lo que los cordobeses hemos comprado como la mística de la caravana, la romantización de la clandestinidad, la épica del exceso. No podemos como sociedad comprarnos esa película; tiene costos altísimos. La noche da lugar a mucho; es un terreno vacante para la marginalidad”, evalúa Marcelo Fenoll, fiscal de Cámara de la Provincia.

El descontrol creciente de la noche es proporcional a los precios que se pagan para funcionar. Hay locales habilitados y otros que no, pero el problema principal radica en que son habilitados para una cosa, pero en realidad hacen otra. Muchos, de lunes a lunes, hasta la hora que pinte. Como Wachitas, que estaba sólo para expendio de bebidas pero tenía bandas en vivo, pool y hasta sospechas de prostitución.

Si se habilita para una cosa pero se hace otra, ¿nadie lo ve? “No puede ser que en la calle ninguno de nosotros sea ciego, pero las autoridades, que se suponen entrenadas para eso, no ven nada. El ciudadano tiene derecho a pensar lo que quiera, porque si no es negligencia, es corrupción dolosa”, agrega Fenoll.

Una falla de origen está en el diseño de los controles. Después del escándalo de la causa Bomberos, el intendente Daniel Passerini ofreció como solución la creación de un Ente de Fiscalización y Control, a cargo de Ezequiel Hormaeche.

Lo curioso es que tiene una jugosa estructura directiva pero apenas un puñado de inspectores, que aceptaron el pase en comisión: la enorme mayoría decidió quedarse en la órbita del Ejecutivo, bajo la Dirección general de Coordinación Administrativa de la Secretaría de Gobierno, a cargo de Alejandro Francesconi. Hay un memo interno que indica que los inspectores deben ir sólo adonde les indica el Ente. Ente que apenas tiene cinco inspectores propios con chapa.

Hay un cuerpo de inspectores para Habilitación de Negocios y otro para Espectáculos Públicos. Si es un bar, van los primeros. Si es una disco, los segundos. Si es un resto-bar, los dos. Si es un espectáculo masivo, va un jefe de Técnica con algunos más. Si son carros de choripanes y demás, van los de Módulos. Si son los vendedores ambulantes o manteros, van los de Inspección General. Son unos 250 inspectores en total.

Hasta hace una década, los boliches estaban concentrados en la zona del estadio Kempes o alguna que otra gran avenida. Y los bares eran eso: bares. Hoy desaparecieron muchas de las grandes discos y la oferta se atomizó: en los bares, hay música en vivo, se sacan las mesas y se baila. En la gran mayoría de los casos, no pueden hacer eso por capacidad o por no estar en avenida.

Otro detalle: antes, en cada móvil municipal iban dos inspectores con un policía, hasta a veces dos. Hoy a la noche trabajan sólo 10 inspectores de Espectáculos, que se mueven de a dos, sin policías. La Policía aporta un vehículo, que acompaña al móvil municipal. Casi que de adorno.

Así como en Rosario la banda de “Los Monos” les cobraba a los comercios una cuota compulsiva a cambio de seguridad, en Córdoba se cobra una cuota para que no te clausuren. “Le llaman ‘la semanal´. Sale una motito tipo delivery de lomitos desde unas oficinas de Vélez Sársfield al 500 hasta la playa municipal de Duarte Quirós”, reveló una fuente que pide reserva.

Cada inspector tiene 8-10 locales bajo “su amparo”. Uno, como condición, impuso a los bolicheros que le compren los descartables a él. Se los lleva uno por uno y relojea el negocio en nombre de todos. “La semanal” que llega en delivery es de $ 300 mil por inspector, dicen algunos. Otros aseguran que para Habilitación se mandan $ 25 millones a la semana y $ 5 millones a Espectáculos Públicos. ¿Incomprobable? ¿Algún fiscal por ahí?

Cada tanto, tienen que hacer el acting. Un móvil de Espectáculos Púbicos se estaciona una hora, hora y media, frente al bar a clausurar. Les dan tiempo para que saquen lo más pesado. Entran, hacen una infracción por ruidos molestos, exceso de capacidad o extintor vencido y se van. Es para que quede registrado que el lugar alguna vez fue mirado. Es lo que pasó con Wachitas: clausurado una vez en mayo de 2024, otra en marzo de 2025, y la de junio de 2026. La revocación llegó cuando el país entero lo miraba por TV.

Conseguir el famoso certificado de habilitación no es fácil. De hecho, esa es la raíz de la causa de la banda de los Bomberos, una asociación ilícita que trianguló por años favores entre policías, bomberos e inspectores municipales para habilitar irregularmente grandes superficies, boliches y comercios. La cantidad de ventanillas que han aparecido es inimaginable. Mutan, pero siguen.

En 2013, L.R. abrió con un socio el hostel Backpacker, en Independencia 229, con todo en regla. “El contador nos decía que no podía mover el expediente en Habilitación; no salía. De golpe aparece un personaje que nos dice que la habilitación no iba a salir: o pagábamos $ 750 mil, que era una locura entonces, o lo contratábamos a él como contador. Tenía un estudio en barrio San Martín”, cuenta. Hicieron eso y a los días les llegó el cartón de habilitación. “A mí me vuelven loco; tengo una pequeña escuelita y salita de teatro y me tienen harto pidiéndome pelot… y ya estoy habilitado”, dice L.R.

Todos saben que los inspectores quieren plata. Pero lo peor es que la coima está casi legitimada, porque a los cinco años, según la ordenanza 13.139, todos los que hicieron la habilitación tienen que repetir el procedimiento. Otra vez, aunque todo esté igual.

“Cada cinco años los negocios tienen que volver a pedir la habilitación. Tienen que presentar todo de nuevo: Bomberos y demás. Eso es un antro de corrupción tremendo”, apunta Laura Sesma, exconcejal y exsubsecretaria de Capacitación y Formación de Recursos Humanos entre 2011 y 2015, con Ramón Mestre.

“Cuando estudié ordenanzas de otros lugares, una vez que te habilitan ya está: después te controlan. ¡Acá no!”, dice. En su paso por la función pública, intentó que los inspectores presenten declaración jurada de bienes. Le hicieron un escándalo. No salió.

Los “lomitos” que llegan por delivery no se reparten en partes iguales. Para la tropa, son $ 300 mil, pero la cadena hacia arriba cobra más. Cuentan que hay inspectores con departamentos en Celso Ramos, en el sur de Brasil. Algunos (o sus parejas) son socios de alguna que otra disco o salones de fiesta. Tienen autos de alta gama, comercios y casas en countries.

Es conocido el caso del inspector Héctor Jayo, del CPC Empalme, por tener Mercedes Benz descapotables e inmuebles en Santiago del Estero. Está detenido desde diciembre de 2023 por pedir coimas a cambio de no clausurar. O el de Leandro Rodríguez, imputado en la banda de los Bomberos. La Cámara 5ª del Crimen condenó en diciembre pasado a Luis Alberto Ponce, Mónica Silva y Diego Silva (estos dos últimos madre e hijo), inspectores que exigían pagos a vendedores de la zona céntrica a cambio de no secuestrarles la mercadería.

“Ese caso fue denunciado por un damnificado. Se denuncia cuando deja de ser negocio; este señor vendía chucherías en la calle y el empleado municipal se puso demasiado ambicioso”, analiza Fenoll, quien llevó la acusación en el debate abreviado de este caso.

El tema es que son pocos quienes denuncian. “Los montos que maneja la noche son totalmente distintos. No esperemos que un empresario de la noche venga a denunciar extorsión, porque ahí se da la figura de cohecho, la coima compulsiva pero consensuada, porque les sirve a los dos”, dice el fiscal.

¿Cómo es posible que, en la noche, el mecanismo del delivery esté tan aceitado? ¿Que nadie diga nada? La primera razón, obvia, es que nadie va a escupir para arriba. El negocio da, aun pagando peaje. No son manteros, como dice Fenoll.

Otros señalan que el negocio, en realidad, no da tanto, pero que en los boliches se puede aplicar la misma lógica que en los hoteles: declarar que hay más gente de la que entró o más tragos de los que realmente se vendieron. Y así, la plata negra puede aparecer en un circuito formal.

Hay otros observadores de la noche que señalan que toda esta clandestinidad es posible porque hay muy pocos interlocutores. Poquísimos. Casi que uno. Hoy, el 80% de los bares y boliches de la ciudad de Córdoba está en manos del Grupo Región, que comanda el empresario Marcos Gennaro con otros 46 socios. Obviamente, todos niegas pagar para funcionar.

Sí reconocen que, en tiempos de la pandemia, muchos colegas no pudieron aguantar el negocio y vendieron. Esa hiperconcentración, en la visión de empresarios, es buena porque eleva la vara. Insisten en que es posible una "noche buena" y aseguran, siempre en off, que no les piden coimas.

Gennaro está procesado en la causa Bomberos por uso de documentos falsos y encubrimiento agravado.

Hay un listado extenso de empleados municipales apercibidos, cesanteados, sospechados y hasta imputados. Si no fue preso por orden de la Justicia, el municipio los reubica: van a otra área o, en el peor de los casos, quedan como asesores. El Suoem, el gremio que los agrupa, sostuvo para esta nota que tienen por política no hacer declaraciones si interviene la Justicia. Hormaeche tampoco quiso hablar.

Passerini anunció el viernes que pondrá en marcha una Unidad Especial para el Control de Espectáculos Públicos, conformada por el municipio, el Concejo Deliberante, el Ministerio de Seguridad, representantes del sector privado, cámaras empresariales, universidades y colegios profesionales.

“Es el mismo discurso que cuando vinieron al Concejo para que aprobemos la creación del Ente: agilizar los trámites y mejorar la trasparencia de la fiscalización”, dice Elisa Cafaratti, concejal de la UCR, que terminó acompañando al Ejecutivo. “Pero no sólo que no mejoró, sino que empeoró”, dice. Nunca le respondieron los pedidos de informes.