Por estas horas, el gobernador Martín Llaryora no tiene tiempo –ni demasiada voluntad– para mirar hacia los tribunales provinciales. En el Centro Cívico, toda la energía está puesta en el control de daños y en encontrar una estrategia que le permita recuperar la iniciativa luego del impacto que provocaron las repercusiones políticas del femicidio de Agostina Vega.
Sin embargo, mientras la atención oficial está concentrada en otro frente, en el Poder Judicial provincial también están ocurriendo cosas, que no pasan inadvertidas.
Fue llamativa, por ejemplo, la protesta que protagonizaron jueces y funcionarios judiciales el jueves pasado en el histórico Salón de los Pasos Perdidos de Tribunales I. Y que se repitió en otras sedes de la provincia.
“Esto no se veía desde la emergencia judicial que decretó el gobernador Mestre”, aseguró un veterano funcionario judicial, en referencia a la ley 8.472 de Emergencia Económica, Financiera y Previsional para el sistema público provincial, impulsada por el entonces gobernador radical Ramón Bautista Mestre. Aquella norma significó un recorte salarial del 30% para los empleados estatales, incluidos los integrantes del Poder Judicial.
¿Qué reclaman ahora magistrados y funcionarios que se encuentran en la cúspide de la escala salarial judicial? Sostienen que perdieron poder adquisitivo a partir del aumento de los aportes derivado de la reforma previsional impulsada por Llaryora.
Según argumentan, entre la suba de los aportes y los descuentos destinados a la obra social Apross, la reforma implicó una reducción del 10% de sus ingresos.
Se trata de un sector que históricamente estuvo “enganchado” al 90% de los salarios que perciben sus pares de la Justicia federal. Aseguran que, tras los cambios introducidos por el Gobierno provincial, ese porcentaje cayó al 77% de lo que cobran en la Justicia nacional.
En el entorno del gobernador, responden con otro argumento. Plantean que la Provincia atraviesa una situación compleja y que los estatales con mayores ingresos deben realizar un esfuerzo mayor al de aquellos empleados públicos cuyos salarios no superan los dos millones de pesos. Por ahora, la decisión política del gobernador es clara: no habrá un refuerzo presupuestario para el Poder Judicial.
No obstante, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) envió una señal a los funcionarios mejor remunerados. El máximo tribunal resolvió morigerar los descuentos establecidos por la reforma previsional y redujo del 8% al 6% el aporte extraordinario para quienes perciben más de 3,5 millones de pesos.
La decisión despertó numerosas críticas. Muchos se preguntaron por qué el beneficio alcanzó únicamente a quienes tienen los salarios más elevados y no a quienes también aportan el 6% aunque cobran menos de ese monto.
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“Se resolvió un amparo de un jubilado provincial al que se le descontaba el 8% de sus haberes. Cuando haya un reclamo de alguien que aporte el 6%, veremos”, explicó una fuente del TSJ.
Pero más allá de la explicación formal, en los pasillos judiciales interpretan que la resolución tuvo también un mensaje político. El Tribunal Superior le hizo saber al gobernador que debería tomar alguna medida para atenuar el impacto de la reforma previsional. De lo contrario, podrían multiplicarse los fallos favorables a los demandantes.
El reclamo de los empleados
Los magistrados y funcionarios no son los únicos que agitan el clima en los tribunales provinciales. Desde hace dos meses, el gremio de los judiciales cordobeses que conduce Federico Cortelletti viene desarrollando medidas de fuerza en reclamo de mejoras salariales.
Los empleados también afirman haber sido perjudicados por el aumento de los aportes. El año pasado, el gremio acordó con el Tribunal Superior un plan de equiparación salarial con la Justicia federal, dividido en cuatro etapas, que finalizará en 2028.
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De hecho, los judiciales cordobeses ya están enganchados a los incrementos salariales que dispone la Corte Suprema de la Nación para la Justicia federal, una actualización que acompaña la evolución de la inflación.
Sin embargo, el primer tramo de la equiparación, que representó un aumento no remunerativo del 4,16% para todas las categorías, quedó rápidamente eclipsado por el incremento de los aportes dispuesto en la reforma previsional.
“El 4,16% no remunerativo quedó totalmente absorbido, e incluso superado, por el aumento de los aportes y los descuentos para Apross”, sostienen desde el gremio.
Así como la protesta de jueces y funcionarios deteriora el clima interno en Tribunales, las medidas de fuerza de los empleados tienen un efecto mucho más visible: paralizan buena parte de la actividad judicial.
Los fiscales de instrucción ya elevaron varios reclamos ante la Fiscalía General. Uno de los problemas más notorios es que durante la noche muchas unidades judiciales permanecen cerradas por falta de personal, una consecuencia directa del conflicto salarial.
“Estamos en un camino sin salida. En realidad, la solución es un aumento del presupuesto, algo que el Ejecutivo no parece dispuesto a conceder”, admiten en las oficinas del TSJ, en el primer piso de Tribunales I.
Y si hace apenas dos meses Llaryora decidió ajustar todos los gastos del Estado provincial, resulta difícil imaginar que ahora habilite una mejora presupuestaria para el Poder Judicial.
De todos modos, para el gobernador no todo se traduce en malas noticias desde el frente judicial.
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En el Centro Cívico observan con tranquilidad la ofensiva de los gremios estatales que cuestionan la constitucionalidad de la reforma previsional.
Aunque no existen plazos para una resolución sobre un tema de semejante trascendencia, en el Gobierno provincial recibieron señales de que el TSJ no declarará inválida la ley aprobada por la Legislatura.
Lo que sí podría ocurrir es que el máximo tribunal avance en una interpretación que morigere algunos aspectos de la norma. Llaryora lo sabe.
Mientras tanto, toma nota de otro dato que considera favorable: el incremento de los giros que la Anses realiza a la Caja de Jubilaciones provincial, que pasaron de 5.000 millones a 10.000 millones de pesos mensuales.
Con ese respaldo financiero adicional, el gobernador prepara anuncios para los estatales. Pero esos movimientos no llegarán ahora. En el Centro Cívico imaginan que el momento indicado será agosto o septiembre, cuando comience a abrirse la puerta de la campaña para las elecciones provinciales del año próximo.
