Panorama provincial. Caso Agostina: los símbolos y el impacto político más profundo

Hay una frase que suele repetirse en los tribunales: la justicia que llega tarde no es justicia. Aplica también para el Estado. Cuando los controles llegan después del desastre, cuando las auditorías aparecen una vez consumada la tragedia, cuando las renuncias sólo llegan empujadas por el escándalo público, entonces los controles dejan de existir como tales. Son, para la percepción pública y ciudadana, apenas una puesta en escena.

El femicidio de Agostina Vega dejó un dolor imposible de reparar para su familia. El plano judicial aún tiene mucho que revelar. Ni más ni menos que el móvil del atroz crimen. Pero también provocó un terremoto político en el peronismo provincial, que expuso las costuras de un sistema que hace demasiado tiempo naturaliza sus propias deformaciones.

Pasaron muchas cosas en pocos días. Y casi todas, para no decir todas, hablan mal del funcionamiento del Estado.

Nada de lo que cambió hasta ahora parece haber sucedido por convicción. Más bien, por obligación. El agravante, para los responsables políticos, es que la autopsia de la mala praxis se realiza en vivo y en directo y con repercusión nacional, incluso. Nunca hasta aquí, el gobierno que encabeza Martín Llaryora había estado en esta situación de exposición negativa.

Las investigaciones internas de esas alertas que sonaron y no fueron escuchadas aparecieron cuando el caso ya había explotado en los medios y en las redes. Las decisiones políticas llegaron cuando el costo de no tomarlas era superior al de sostenerlas. Las explicaciones fueron detrás de los hechos. El costo político de ese desfase es todavía insondable. “Menos mal que esto nos pasó ahora y no el año que viene. Ahí sí que era jaque mate”, dice un llaryorista consciente del momento que atraviesa el peronismo.

Claudio Barrelier, principal sospechoso del femicidio, terminó convirtiéndose en un símbolo. Probablemente, en el símbolo más incómodo de esta crisis. Ya no importa sólo su recorrido personal o sus vínculos con distintos sectores del poder. Lo que importa es la pregunta que deja instalada: ¿se trata de una manzana podrida o está podrido el cajón?

Porque detrás de una incorporación amañada al Estado –el viceintendente capitalino, Javier Pretto, admitió que priman las recomendaciones políticas por encima de la idoneidad–, aparece inevitablemente la ausencia de controles. Alguien decidió. Alguien firmó. Alguien avaló. Alguien, en definitiva, miró para otro lado.

Y algo peor aún: durante mucho tiempo, nadie encontró razones para revisar nada. Por eso, el problema ya no es Barrelier. El problema es el método.

Es muy impactante: el mismo Estado que no advirtió o no quiso advertir quién ingresaba o se mantenía en su estructura pese a haber estado preso fue el que decidió el miércoles liberar antes de clases a miles de estudiantes para participar de la masiva marcha de Ni Una Menos, este año atravesada por el caso Agostina. La contradicción es brutal. Mientras una parte del aparato estatal acompañaba institucionalmente una consigna necesaria contra la violencia de género, otra –lo que incluye también a la Justicia– exhibía las falencias que permitieron consolidar situaciones incompatibles con esa misma bandera que se dice defender.

La crisis encontró al gobierno de Llaryora sin los reflejos que demanda esta compleja situación. Acostumbrado a administrar conflictos de gestión o disputas políticas tradicionales, el oficialismo pareció desorientado frente a una situación que atraviesa dimensiones judiciales, sociales, institucionales y emocionales al mismo tiempo.

El Panal se centró en la pata judicial y en dar respuestas a la familia: se destaca que el presunto asesino está preso y el cuerpo de Agostina recuperado gracias a un operativo policial que no escatimó en despliegue. Es cierto. Pero falló al no cuantificar el impacto profundo del costado político del caso.

En ese plano, las respuestas fueron erráticas. Y el resultado termina hablando del propio Gobierno y de su capacidad para comprender la hondura del daño.

Porque esta vez no alcanza con anunciar obras, inaugurar plazas, mostrar pavimento o sumar luminarias en la Capital. La gestión puede exhibir indicadores de infraestructura, pero hay problemas que no se resuelven con cemento.

Las deficiencias expuestas son mucho más profundas. Son estructurales. Tienen que ver con la calidad del Estado, con la transparencia de sus mecanismos y con la forma en que se administra el poder.

Es por todo esto por lo que el caso Agostina se transforma en un hecho bisagra para el futuro del proyecto político del peronismo.

Lo más preocupante, además, es que el episodio tampoco aparece aislado.

Algo de todo esto había quedado expuesto en otros casos resonantes: la tragedia de las Altas Cumbres, con Oscar González como otro símbolo potente y a la vez incómodo. El histórico dirigente de Traslasierra quedó expuesto no sólo por un siniestro vial con consecuencias dramáticas, sino por las revelaciones posteriores sobre el uso de vehículos oficiales y privilegios incompatibles con cualquier estándar público.

O el caso Valentino Blas Correas, el joven asesinado por la Policía en plena pandemia y que sacudió a Juan Schiaretti. A diferencia de aquellos, aquí, además, está la dimensión mediática nacional del caso. Agostina no es un caso local, como los otros. Es nacional y, por ende, con fuerte impacto comunicacional en el interior de la provincia.

Esos episodios, en su momento, parecieron un punto de inflexión. No lo fueron.

Tiempo después, la causa del puntero peronista Guillermo Kraisman y de la empleada “fantasma” de la Legislatura volvió a poner bajo la lupa otra práctica demasiado conocida: la utilización del Estado como espacio de favores, acomodos y relaciones de confianza, antes que de controles efectivos.

Ahora llegó Agostina. Y otra vez el sistema quedó desnudo.

Cada episodio tiene su propia gravedad y sus propias responsabilidades. No son comparables entre sí desde el punto de vista judicial. Pero políticamente construyen una secuencia indigerible para los cordobeses y más allá.

El ciudadano de a pie mira que los nombres cambian, pero las prácticas sobreviven.

La sinuosa salida del ahora exconcejal Ricardo Moreno terminó siendo otro ejemplo de esa lógica. Su renuncia requirió de dos etapas y para el peronismo representó más costos, por demoras. El intendente Daniel Passerini le pidió que se corriera, pero el abogado que hizo ingresar a Barrelier al municipio se resistió. Luego, la presión interna y opositora lo dejó sin alternativa. La correntada se llevó también el conchabo de una de sus hijas. El reino del acomodo y del subsidio institucionalizado llora por tanta inmoralidad.

Pero las crisis profundas no se resuelven cambiando nombres. Se resuelven cambiando reglas. Y eso es mucho más difícil. Como máxima autoridad capitalina, Passerini se hizo responsable e inició un proceso de ajuste en los procesos de control. En términos políticos, además, se tiró arriba de la granada. Llaryora agradece. ¿Alcanzará para que menos esquirlas impacten al líder del Panal?

El femicidio de Agostina Vega abrió una ventana incómoda. Porque obliga a revisar vínculos históricos entre política y Estado, mecanismos de selección, controles internos, cadenas de responsabilidades y una cultura de una especie de impunidad administrativa.

Por eso su impacto excede largamente el expediente judicial.

"Tenemos que aprovechar esto para depurar y sacarnos toda la mugre que sabemos que tenemos", repiten cerca de Llaryora. Igual, nadie se atreve a asegurar si existirá la decisión política de hacerlo.

Sucede que no todos son conscientes de la profundidad del problema. Lo que está en discusión es la calidad institucional de un modelo de poder que durante años construyó fortaleza sobre la eficiencia de gestión, y que hoy encuentra sus mayores debilidades precisamente en aquello que no puede pavimentarse ni inaugurarse: los controles, la transparencia. En fin, la responsabilidad política.

Penosamente, Agostina quizá nunca pueda descansar en paz. Su muerte fue atroz y atronadora como pocas en la historia reciente de Córdoba. Pero además dejó una marca política difícil de borrar. Porque obliga a mirar aquello que el poder prefería mantener fuera de escena.

Y porque recordó una verdad incómoda: cuando el Estado falla en controlar, cuando la política protege antes de prevenir y cuando las respuestas llegan sólo después del escándalo, el problema ya no es una persona. El problema es el sistema. Y los símbolos que construye su andar negligente.