El caso Agostina desplazó de la agenda pública al escándalo Adorni, el gabinete Rufus y la caída en las encuestas de Javier Milei. Es un hecho constatable, más que una valoración. Basta con encender las señales de televisión o revisar las tendencias dominantes en las redes sociales para confirmarlo. Implica un efecto político: lo que venía padeciendo la Casa Rosada se trasladó a los despachos del peronismo cordobés.
Y es así porque el crimen de Agostina Vega es más que un hecho atroz y repudiable en la crónica de sucesos. Revela una trama judicial. Involucra a funcionarios públicos. Cuestiona una cultura política. El femicidio perpetrado en Córdoba contra una adolescente indefensa, cuyo cuerpo fue descuartizado con hórrida crueldad, es un hecho que reclama justicia a gritos. No admite ningún margen de impunidad.
Cada acción u omisión pública de los actores políticos en esa escena es legítimamente escrutada por una sociedad azorada ante la gravedad de los hechos. Cuenta cada detalle de lo que hacen los magistrados e investigadores, los gobernantes y sus adversarios, los formadores de opinión, los referentes de la sociedad civil. La mayor responsabilidad está en los hombros de quienes ejercen desde el Estado la administración de justicia y el poder de ejecución.
El caso Agostina, sus derivaciones políticas –tan macizas como inevitables–, está destinado por sus propias características a cambiar la escena provincial y proyectar efectos sobre el debate nacional. Ya lo está haciendo.
En momentos en que la corrupción como preocupación pública vuelve a ocupar una posición relevante en todos los relevamientos del clima social, el asesinato por el cual se investiga al imputado Claudio Barrelier es motivo de indignación, consternación y congoja en todo el país.
Otro caso similar
Un antecedente cercano de este hecho se produjo no hace mucho en el nordeste del país. Cecilia Strzyzowski, de 28 años, desapareció a principios de junio de 2023 en Resistencia, provincia de Chaco.
Las sospechas se orientaron desde un inicio a César Sena, su pareja. Hijo de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, punteros políticos con fuertes vínculos con el gobierno de Jorge Capitanich, por entonces mandatario provincial. Los tres sospechosos fueron condenados a cadena perpetua en febrero pasado.
Si se evalúan las consecuencias políticas del caso, el peronismo de Chaco nunca alcanzó a desligarse del hecho tras haber intentado ignorar la gravedad de lo ocurrido. Es el dilema de la hora en Córdoba si sus conductores políticos no actúan con el criterio adecuado. Por el peso demográfico de esta provincia, esa decisión puede tener un efecto nacional de proporciones considerables.
El eslabonamiento político entre punteros y gobernantes, los mecanismos generalmente fronterizos hasta la turbiedad con los cuales suelen vincularse, son motivo frecuente de escándalo que cíclicamente ocupan un espacio fugaz en la agenda pública.
Los aparatos partidarios han creado a través de los años corazas de protección corporativa para procesar esas excrecencias sin cambiar el metabolismo. Pero una cosa son los Rigau o los Kraisman y otra los Sena o los Barrelier. Pese a que ambas son inadmisibles, hay un abismo de distancia entre la estafa y la atrocidad.
Por eso sorprende que el peronismo cordobés todavía vacile entre el silencio y el repudio frente a la identidad política de Claudio Barrelier y el patronazgo reconocido por su gestor jurídico, el hasta ayer concejal Ricardo Moreno.
A Moreno resolvieron desplazarlo de un modo indirecto. Quien originalmente ocupaba su banca, Raúl La Cava, estaba actuando hasta ayer como funcionario municipal y Moreno cubría la vacante. Ahora, el dueño de la silla vuelve al Concejo para que Moreno se vaya por la puerta chica, sin el trauma de un debate político por expulsión.
Al parecer, las autoridades del Partido Justicialista de la provincia confunden la obligación legal que tienen, en su rol de gobernantes –no interferir en procesos judiciales– con la omisión de la responsabilidad política ante hechos de dominio público que no admiten ninguna vacilación.
El que calla, otorga. El que calla, permite que crezca con motivos fundados la sombra de una cultura política intolerable, el “peronismo Barrelier”. Una mancha que la enorme mayoría de adherentes honestos al PJ no merecen soportar.
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, calificó en público a Barrelier como un “psicópata”. El peronismo local no se pronunció.
El psicópata descripto por el ministro circulaba impune por las calles de Córdoba y oficiaba de servidor público en la ciudad por una decisión judicial anterior, sobre la cual el peronismo cordobés tampoco quiere opinar, ni siquiera para revisar la promoción concedida al fiscal responsable.
Es posible que esas omisiones obedezcan al respeto por el principio de inocencia y el debido proceso legal; garantías constitucionales que le asisten a Barrelier. En tal caso, sobra la opinión del ministro. O el ministro.
Pero es poco probable que esos pruritos asomen ahora, cuando hasta ayer los voceros del peronismo local apenas se los concedían a sus adversarios.
