Una aclaración necesaria e indispensable: resulta incómodo, e incluso puede parecer insensible, abordar desde una perspectiva política el estremecedor femicidio de una adolescente. Sin embargo, como se dijo y se reiteró en los últimos días, el caso de Agostina Vega tuvo tal impacto y repercusión nacional que terminó convirtiéndose también en un hecho con profundas consecuencias políticas.
Tanto es así que se transformó en el principal sacudón político para el PJ, que gobierna simultáneamente la Capital y la Provincia.
El caso golpeó de lleno en el corazón de la gestión del intendente Daniel Passerini. Aunque, por varias razones, tampoco deja a salvo al gobernador Martín Llaryora.
La primera remite a una práctica que el actual mandatario provincial consolidó durante su gestión como intendente y que hoy está en el centro de los cuestionamientos: el ingreso de militantes al municipio por recomendación política. El principal acusado por el femicidio de Agostina era un empleado precario incorporado en 2021 bajo esa modalidad.
No se trata de una práctica novedosa en la política ni exclusiva de la Municipalidad de Córdoba. Desde el peronismo se defienden con el argumento de que durante las gestiones radicales y de Luis Juez también existieron nombramientos por afinidades políticas, que permitieron el ingreso de empleados a "la planta permanente", argumentan los oficialistas de hoy.
El razonamiento puede ser real, pero hoy carece de aceptación social frente a las secuelas que dejó el hecho de que el principal acusado de femicidio continuara siendo becario municipal el año pasado, pese a tener una causa abierta por la que había permanecido 21 días detenido, acusado del presunto delito de privación ilegítima de la libertad. Los controles fallaron.
Como máxima autoridad municipal, Passerini carga con la principal responsabilidad. Pero las consecuencias políticas también alcanzan a Llaryora, no sólo por haber sido el antecesor del actual intendente.
En el Centro Cívico reconocen que el proyecto de reelección del gobernador –ya en marcha– dependerá en buena medida de la imagen de la gestión municipal capitalina, hoy severamente golpeada por las derivaciones políticas del caso Agostina.
Cisne negro
Aunque suene reiterativo, el femicidio de la adolescente reúne todas las características de un “cisne negro” para cualquier gobierno. "Un acontecimiento imprevisible, de enorme impacto social y político, que una vez ocurrido obliga a buscar explicaciones retrospectivas", según la Real Academia Española (RAE).
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Precisamente, allí radica uno de los principales problemas para el oficialismo. La sociedad exige respuestas hacia atrás. Y en esa búsqueda aparecen inevitablemente el caso del becario Barrelier; la figura de su jefe político, el ahora exconcejal Ricardo Moreno, y las vinculaciones que los unían con el poder.
Passerini decidió romper el silencio y salió "a dar la cara", según dijo al programa El show del Lagarto. Admitió que existieron fallas en los controles y anunció medidas para intentar revertir la situación.
“Desde el primer momento tomé decisiones”, aseguró Passerini. Sin embargo, tanto el intendente como el gobernador, con quien consensuó las medidas anunciadas, transmiten la sensación de ir corriendo detrás de los acontecimientos.
Passerini sostuvo que el domingo pasado decidió apartar a Ricardo Moreno del Concejo Deliberante. Pero, en los hechos, lo que hizo fue pedirle al secretario de Desarrollo Social, Raúl La Cava, que asumiera como concejal, para desplazar de su banca al cuestionado dirigente de Las 62 Organizaciones Peronistas, que quedó como edil suplente.
Es cierto que hubo un pedido en privado del intendente para que Moreno renunciara, transmitido a través del viceintendente Javier Pretto. Pero, ante la negativa del concejal, Passerini recurrió a una salida intermedia: desplazarlo mediante el ingreso de otro edil.
Finalmente, acorralado por las críticas y por las presiones internas, y también de la oposición, Moreno presentó su renuncia este jueves. En todo el proceso, quedó instalada la sensación de que Passerini optó por un camino intermedio, cuando los cordobeses reclamaban decisiones contundentes.
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Es verdad que el intendente no tiene facultades para remover a un concejal que accedió a su banca mediante el voto popular. Sin embargo, si el domingo pasado hubiera reclamado de manera pública la renuncia de Moreno, quizá hubiese evitado esa sensación de ir un paso detrás de los hechos.
Error de diagnóstico
Dentro del propio oficialismo sobrevuela una convicción cada vez más extendida: hubo un error de diagnóstico de los dos principales gobernantes peronistas. Con la ventaja que siempre ofrece el diario del lunes, hoy puede afirmarse que tanto Passerini como Llaryora subestimaron las consecuencias políticas que tendría el caso Agostina.
“No encubrimos nada; pusimos todos los recursos del Estado a disposición del fiscal para investigar, primero la desaparición y luego el femicidio, que se esclareció en una semana. ¿Qué más podemos hacer?”. Ese es el razonamiento –sin autocrítica– que se escucha en algunos despachos del Centro Cívico.
En el Palacio 6 de Julio, aunque los funcionarios admiten fallas en los controles, insisten en que Passerini ya adoptó “todas las medidas necesarias” para corregir la situación, incluida la salida de Moreno del Concejo Deliberante.
Tanto en la Provincia como en el municipio aseguran que buscarán recuperar la iniciativa política con una fórmula conocida: "gestión y más gestión".
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Llaryora anunciará el próximo martes una nueva etapa del programa de asistencia para desocupados mayores de 40 años. Passerini, por su parte, continuará impulsando medidas destinadas a reforzar los controles sobre el personal municipal.
En este contexto, el caso Agostina dejó a Llaryora y a Passerini frente a un desafío político exigente: ofrecer señales convincentes que permitan contrarrestar la sensación de “fin de ciclo” que proclama la oposición, pero que comenzó a instalarse –peligrosamente para el oficialismo– entre no pocos peronistas.
