Una semana atrás, en el Centro Cívico sobrevolaba un optimismo sorprendente, alimentado por los números de las encuestas: Javier Milei seguía cayendo en Córdoba y, según los sondeos que encarga el Gobierno provincial, la imagen positiva del gobernador Martín Llaryora ya superaba a la del presidente de la Nación.
Pero apenas siete días después, casi como por un pase de magia, el oficialismo provincial quedó envuelto en una atmósfera espesa de preocupación. Esta vez no se trata de fríos números ni de proyecciones electorales. Son temas sensibles de gestión que irrumpieron con fuerza en la discusión pública y golpean el humor social, el principal fantasma que inquieta a cualquier gobernante.
La angustiante desaparición de la adolescente Agostina Vega puede encuadrarse en lo que en política se denomina un “cisne negro”. “Un suceso impredecible de gran impacto político y social que, una vez ocurrido, busca explicaciones retrospectivas”, según define la Real Academia Española (RAE).
Precisamente, la desaparición de Agostina contiene derivaciones políticas que probablemente no se extingan cuando se despeje la perturbadora incertidumbre que rodea el caso.
El principal sospechoso y detenido, Claudio Barrelier, es un becario de la Municipalidad de Córdoba que ingresó en 2021 (durante la gestión del actual gobernador, Llaryora) y permaneció en ese puesto hasta el martes pasado, cuando estalló el caso Agostina. Lo hizo pese a que el año pasado estuvo 20 días detenido, en una causa por presunta privación ilegítima de la libertad.
Barrelier sería militante de la agrupación Las 62 Organizaciones Peronistas, conducida por el concejal peronista Ricardo Moreno, un dirigente estrechamente vinculado al oficialismo.
En el entorno del concejal, admiten que fue él quien gestionó el ingreso de Berrelier como becario durante la gestión municipal llaryorista en la Capital.
Por supuesto, este dato genera inquietud en el oficialismo. También provoca ruido interno en el PJ que el abogado defensor de Barrelier –quien percibe poco más de $ 500 mil como becario en la Escuela Municipal de Tránsito– sea Jorge Sánchez Del Bianco, un reconocido penalista y socio en el estudio jurídico de Moreno. El defensor del detenido por el caso Agostina, además, es yerno del concejal peronista.
No existe ninguna ilegalidad en estos vínculos. Sí aparece una dimensión política que ya comenzó a debatirse y que seguramente volverá a ventilarse durante la próxima campaña electoral, cuando la oposición apunte a la militancia rentada por el Estado. Aquello de las “explicaciones retrospectivas”, que menciona la definición de la RAE sobre el cisne negro en la política.
“Naranjitas” y polémica
La preocupación por el caso Agostina desplazó otro debate que dominó buena parte de la conversación pública esta semana: el debut del estacionamiento medido en la Capital.
En realidad, la principal consecuencia política y social del nuevo sistema apunta a sacar de las calles a los denominados “naranjitas” y limpiavidrios.
En distintos barrios de la ciudad hay protestas de vecinos disconformes con el funcionamiento del nuevo sistema. Lo mismo ocurre entre comerciantes. Sin embargo, tanto en el municipio como en el Centro Cívico aseguran estar conformes con los resultados iniciales.
“El problema eran los 'naranjitas' ilegales y los limpiavidrios. Ya no están más en las calles. El sistema tendrá ajustes y la gente se acostumbrará, porque ordena la ciudad”, resumió un funcionario llaryorista.
Puede llamar la atención que la opinión sea de un funcionario provincial, cuando se trata de una medida que corresponde a la gestión del intendente Daniel Passerini.
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Sin embargo, no todo es lo que parece. La decisión de avanzar contra los "naranjitas" y limpiavidrios es, en gran medida, una apuesta impulsada por el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, quien convenció al gobernador Llaryora de que “algo había que hacer” con este problema en la Capital.
El gobernador promovió luego las modificaciones en el Código de Convivencia, que los municipios debieron adaptar a cada jurisdicción, como finalmente ocurrió en el Concejo Deliberante capitalino.
Detrás de esta medida municipal, hay una fuerte apuesta política de Llaryora. En el objetivo de buscar su reelección, el gobernador considera esencial mejorar la imagen de la gestión de Passerini.
Los sondeos que manejan en el Centro Cívico indican que los capitalinos asocian estrechamente la gestión municipal con el gobernador, que impulsó la candidatura de Passerini. De allí las recorridas, la exposición conjunta y las inversiones que la administración llaryorista viene realizando en la Capital.
Por otro lado, Quinteros tampoco oculta sus aspiraciones de convertirse en el futuro candidato a intendente del oficialismo. Si los "naranjitas" y los limpiavidrios efectivamente desaparecen de la ciudad –algo que sólo podrá medirse con el correr de los meses–, el ministro de Seguridad se sentirá con derecho a capitalizar políticamente esos resultados.
Aunque, por estas horas, el caso Agostina –aún abierto– impacta de lleno sobre la gestión del ministro de Seguridad provincial.
Por último, hay otro frente que genera inquietud en el oficialismo: los fallos adversos contra la reforma previsional impulsada por Llaryora.
En el Centro Cívico confían en que los fallos desfavorables de las cámaras contencioso-administrativas contra la norma previsional que entró en vigencia en enero pasado terminarán siendo revertidos en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
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Sin embargo, en los pasillos de Tribunales circula una versión inquietante para la Provincia: el TSJ estaría dividido ante los planteos de inconstitucionalidad sobre la reforma llaryorista. Hoy, una eventual votación arrojaría un ajustado cuatro a tres, un resultado demasiado estrecho para sostener el amplio optimismo que exhiben por el tema en el Centro Cívico.
