Aunque no hubo un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo vinculada con la constitucionalidad de la reforma previsional impulsada a fines del año pasado por el gobernador Martín Llaryora, la Cámara Contencioso Administrativa de 2ª Nominación le concedió una medida cautelar al titular del gremio bancario, Ezequiel Morcillo, y ordenó a la Caja de Jubilaciones devolverle los descuentos aplicados y abstenerse de incrementar sus aportes al organismo previsional.
El fallo de la Cámara de 2ª Nominación se suma a otro de la Cámara de 3ª Nominación, que días pasados se pronunció a favor de una jubilada de la Municipalidad de Córdoba.
En este último caso, sí hubo una definición sobre el fondo de la cuestión: el tribunal declaró “inconstitucional” el aumento de los descuentos para esa jubilada demandante.
En la Caja de Jubilaciones prefirieron ver “el vaso medio lleno” del fallo que benefició al titular del gremio bancario. Fuentes oficiales remarcaron que la Cámara de 2ª Nominación rechazó el amparo colectivo presentado por la Bancaria y sólo hizo lugar al planteo individual del titular del sindicato.
“Hacer lugar a la medida cautelar solicitada y, hasta tanto se dicte la resolución sobre el fondo, ordenar a la Provincia de Córdoba que se abstenga de aplicar en lo sucesivo al actor (Ezequiel Morcillo) la Ley 11.087, el Decreto Nº 268/2025 dictado por el señor gobernador con fecha 26/12/2025 y la Resolución Nº 496 Letra D, dictada por el Ministerio de Economía de Córdoba; especialmente, que se abstenga de realizar el descuento en concepto de ‘Aporte Personal Jubilatorio artículo 5 Ley N° 11.087’ sobre los haberes del amparista, y proceda a restituir los descuentos realizados en el próximo haber a percibir, con más los intereses establecidos en el Considerando 12”, indicó en el fallo, la Cámara de 2ª Nominación, integrada por María Soledad Puigdellibol, Daniela Sosa y María Eugenia Heredia.
El mismo tribunal declaró “inadmisible” el pedido de amparo colectivo impulsado por el gremio y exigió “readecuar” la demanda mediante presentaciones individuales.
En el Centro Cívico y en la conducción de la Caja de Jubilaciones, esta decisión fue interpretada como una “buena noticia”, ya que complica la estrategia de los gremios estatales de lograr una devolución masiva de los incrementos en los aportes establecidos por la reforma previsional.
Distintas lecturas
El nuevo fallo judicial generó reacciones contrapuestas entre las partes involucradas. Morcillo, titular de la Bancaria, aseguró que la medida judicial puede convertirse en un freno para la reforma previsional.
“La reforma que impulsó el gobernador es absolutamente inconstitucional porque recorta los salarios de los trabajadores y también los haberes de los jubilados. Es cuestión de tiempo para que la Justicia se pronuncie sobre el fondo y termine volteando una ley inconstitucional”, sostuvo el dirigente sindical, uno de los más duros en la oposición a la reforma, junto al Suoem, Luz y Fuerza y los judiciales provinciales.
La Caja apelará ante el Tribunal Superior el fallo en favor de una jubilada
Desde la Caja de Jubilaciones, que preside Adrián Daniele, evitaron hacer declaraciones públicas sobre este nuevo fallo, más allá de destacar, en reserva, el rechazo al amparo colectivo promovido por la Bancaria.
“Las medidas cautelares se encuentran recurridas en apelación por la Caja y actualmente están a estudio del Tribunal Superior de Justicia, que deberá pronunciarse sobre la admisibilidad de dichos recursos”, señaló una fuente oficial.
El fallo que más inquietud generó en la Caja fue el dictado por la Cámara Contencioso Administrativa de 3ª Nominación, que declaró “inconstitucional” un decreto del gobernador, y una resolución del Ministerio de Economía, que afectaron los haberes de una jubilada municipal.
Sin embargo, también allí las autoridades provinciales realizaron una lectura favorable. En sus fundamentos, la Cámara avaló la potestad del gobernador para incrementar los aportes de los trabajadores activos, aunque declaró inconstitucionales las normas que impactaron sobre los ingresos de los jubilados.
Esa resolución también fue apelada por la Caja de Jubilaciones ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
El 26 de diciembre del año pasado, la Legislatura convirtió en ley la reforma previsional que impulsó el gobernador Martín Llaryora. La nueva norma estableció una alícuota adicional a los aportes personales de los trabajadores: hasta $ 755 mil, 2% más de aportes. Desde $ 755 mil hasta $ 1.000.000, un 3%. Desde $ 1.000.000 hasta $ 2.500.000, 4% más. Desde los $ 2.500.000 hasta $ 3.500.000, 6%, y más de $3.500.000, un adicional de descuento del 8%. Estos descuentos se aplican también a jubilados.
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La misma norma estableció un complemento no remunerativo para los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones que cobren menos de $ 1.300.000, lo que fue un beneficio para dichos jubilados y pensionados que tienen ingresos por debajo del mencionado monto.
Decisión política
Más allá de la pulseada judicial, el gobernador Llaryora analiza alternativas para mejorar la situación de los jubilados cordobeses, luego de que la Anses girara el pasado 20 de mayo la primera cuota de $ 10 mil millones acordada con la Provincia.
El propio Llaryora había anticipado que un eventual nuevo acuerdo con la Anses permitiría destinar más recursos a los jubilados.
Esto no implica dar marcha atrás con la reforma previsional. Sin embargo, en el Centro Cívico no descartan morigerar el impacto de la suba de los descuentos sobre los jubilados.
