El femicidio de Agostina Vega y la posterior detención del ahora exbecario municipal Claudio Barrelier pusieron al descubierto la debilidad en los controles de ingresos en la Municipalidad de Córdoba, dominados por acceso a contactos políticos y por una ausencia de concursos públicos. Pese al terremoto político generado por la falta de controles sobre Barrelier, la administración que comanda Daniel Passerini no reactivará los concursos, suspendidos desde la llegada del PJ al poder, en 2019.
El intendente admitió el viernes pasado que el sistema falló. Remarcó que su decisión política fue pedirle la renuncia al concejal Ricardo Moreno, quien hizo ingresar a Barrelier a la Municipalidad, y avanzar sobre áreas de Tránsito y Movilidad, donde se desempeñaba el principal acusado del femicidio de Agostina.
Passerini dijo que mandará una ordenanza al Concejo Deliberante con nuevas exigencias de ingreso para el personal. Los que deberán presentar certificados y hacer un narcotest. No habló de concursos.
Sin embargo, la detención de Barrelier abrió un interrogante mayor: ¿hay más becarios, monotributistas, contratados y empleados de planta con causas judiciales, sin que el municipio lo advierta? ¿Se implementarán los concursos públicos a la planta permanente, como indica el Estatuto del Personal de la Administración Pública?
Barrelier, en su paso como becario, tuvo como último puesto la Escuela de Tránsito. Allí faltó 21 días –en mayo del año pasado– sin que ninguna autoridad municipal advirtiera que había estado detenido en Bouwer, acusado de privación ilegítima de la libertad.
El caso Barrelier motorizó cambios en el estatuto para que fuera más riguroso con la presentación de certificados: ahora serán cada seis meses y no cada cuatro años, como sucede hoy.
El portal de datos abiertos de la Municipalidad da cuenta de que en planta permanente figuran 8.966 empleados, que en su gran mayoría se reparten en Salud (2.469), en Educación (2.114) y en Gobierno (1.137).
Sin embargo, el portal no informa acerca de la cantidad de becarios y de monotributistas, artículos 8 y 9 (agentes en planta transitoria).
Tampoco hay datos sobre los servidores urbanos, los denominados “chalecos celestes”. Estos trabajadores dependen de cooperativas que contrata el municipio para realizar distintas tareas. Estas cooperativas –en gran medida– pertenecen a organizaciones piqueteras que se sumaron al oficialismo.
Cuando La Voz publicó esta semana que Barrelier formaba parte de una nómina de becarios y de monotributistas que ingresaron en 2021, en la intendencia de Martín Llaryora, también se conoció que, el 21 de mayo pasado, el área de Capital Humano del municipio dictó la resolución 1.553, en la que 369 personas estaban autorizadas a formar parte de lo que se conoce como artículo 8, entre ellas, el presunto homicida.
Luego de esa primera resolución, el municipio informó que hubo una segunda, luego del caso Agostina, en la que ya no figuraba Barrelier y “otros agentes”, aunque no se precisó el número final de personas que pasaron a contratadas.
Por un acuerdo con el Suoem, los becarios que ingresaron durante la pandemia (años 2020 y 2021) serían los primeros en ingresar por el “artículo 8”. El año pasado, obtuvieron ese “ascenso” 638 becarios que habían ingresado en el año 2020.
Mientras tanto, el mencionado listado de 369, en el que estaba Barrelier, pertenecía a la primera tanda de becarios del año 2021.
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Un estatuto, sin concursos
La ordenanza 12.433 regula justamente el Estatuto del Personal de la Administración Pública. El artículo 8 fija que el contratado es aquel “cuya relación laboral está regida por un contrato de cierto plazo determinado y presta funciones de manera personal y directa en servicios, explotaciones, obras o tareas especiales y/o de naturaleza excepcional”.
Y es claro en cuanto a cómo deben llegar los agentes de planta permanente: por concurso. Mecanismo que por ahora el municipio no activará. Sólo se abrieron en los últimos seis años concursos para cargos en Educación y en Salud.
“Los concursos se circunscriben a empleados de las áreas Educación y Salud, y Barrelier entró en 2021”, dijo un funcionario municipal al recordar que su acceso fue en la gestión de Llaryora.
Cuando a Passerini se le consultó acerca de por qué no usar los concursos, aseguró que en 2019 “heredó“ pases a plantas de personal con “apellidos conocidos”. Sin nombrarlo, estaba hablando de la gestión anterior, la del radical Ramón Javier Mestre.
En el PJ se defienden con el argumento de que, durante las gestiones radicales y de Luis Juez, la planta permanente del municipio superaba los 11 mil empleados, con un impacto del gasto salarial de más del 65% del presupuesto municipal. Hoy, la nómina salarial representa el 39%.
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Hay una cuestión a la cual le corrió el velo el caso Barrelier. Según fuentes del Suoem, cuando Llaryora asumió como intendente, en 2019, le comunicó al gremio que no habría más ingresos a la planta permanente. En plena pandemia, en mayo de 2020, decidió quitarles una hora a los municipales, pasando de siete a seis horas. Esto significó un fuerte recorte del gasto salarial, con un ajuste del 10% del sueldo de cada agente.
En el mismo momento, Llaryora puso en marcha un mecanismo, que hoy entró en crisis por el sonado caso Barrelier: el ingreso de trabajadores precarios, como becarios y monotributistas, además de los servidores urbanos, que cobran de las cooperativas. Así, los concursos quedaron de lado.
La admisión pública del ahora exconcejal Moreno de que los becarios ingresaban por “contactos políticos” destapó una realidad que ahora debe afrontar Passerini, quien fue el viceintendente de Llaryora: así como no hay datos precisos, ni controles sobre los becarios y monotributistas, en el ámbito de la política se sabe, y en el propio oficialismo lo reconocen, que la mayoría de estos trabajadores precarios forman parte de la estructura política del PJ Capital.
Es lo que denunció Rodrigo de Loredo durante la campaña de 2023. Según el entonces candidato radical, en el municipio habría 23 mil empleados, contando los de planta permanente y puestos precarios. Esa cifra es negada de plano por el PJ.
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Pese a los constantes reclamos del Suoem, y también de la oposición, el municipio nunca informó el listado de becarios y monotributistas. Ahora, el oficialismo reconoce que hay entre “2.500 y 2.800” becarios que perciben un ingreso de entre $ 300 mil y $ 600 mil. Esta última cifra es la que percibía Barrelier en la Escuela de Tránsito Municipal. Habría una cantidad similar de monotributistas, que en la mayoría de los casos son profesionales, que reciben una remuneración mayor que la de los becarios: desde $ 900 mil hasta el doble de esa cifra.
Cómo se instrumentaron
En 2012 se sancionó en Córdoba la ordenanza de concursos y se creó el Instituto de Formación y Selección de Servidores Públicos (Infossep), mediante la cual se constituyó la Junta de Control y Fiscalización para velar por el cumplimiento de los órdenes de mérito.
En todos los concursos para los ingresos, debían participar universidades y colegios profesionales como veedores.
También se creó la web concursos.cordoba.gov.ar, para que fueran públicos los órdenes de mérito y para hacer un seguimiento de los ingresos.
Sin embargo, esta herramienta quedó prácticamente en desuso desde 2020, con la gestión de Llaryora. El hoy gobernador sólo continuó los concursos para los niveles inicial y primario de docentes, una práctica que se inició en la gestión de Germán Kammerath.
Hoy, el sitio web de Infossep y de concursos no tiene “avisos” desde 2019. El municipio confirmó a La Voz que en mayo pasado se llamó a concurso docente para nivel inicial y áreas especiales del Sistema Educativo de la Municipalidad de Córdoba, con plazo hasta el 3 de julio, para que se presentaran los aspirantes.
Pero, ante la consulta al municipio sobre cómo se instrumentarán los futuros ingresos, se respondió que la decisión “política” de Passerini es no sumar más personal a la planta permanente, continuando una estrategia que Llaryora inició en el año 2019. El intendente se comprometió a reforzar los controles de ingreso y de gestión.
Qué dijo el municipio
Vía un escrito, desde la gestión de Passerini se informó a este medio que los ingresos de becarios, monotributistas y contratados se realizan bajo distintos regímenes administrativos y que para cada incorporación "se exige la presentación de documentación personal y certificados".
Y se hizo saber que desde diciembre de 2023, a poco de asumir Passerini, el área de Capital Humano resolvió que debían presentar: certificado vigente de no Inscripción al Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (Ley 9.680). Además de Antecedentes Penales de la Policía de Córdoba, entre otros requisitos.
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El viernes pasado, Passerini confirmó que tras la detención de Barrelier recibió al menos "200 mensajes de denuncias" que señalaban a empleados municipales con detenciones o causas judiciales abiertas. El intendente dijo que desde 2020, 119 empleados fueron exonerados, de los cuales 91 habían ingresado en la gestión de Luis Juez (2003-2007).
"Queremos personal idóneo que presente los certificados para que no pase esto de que la Municipalidad no se entera", dijeron desde el municipio.
También, por lo bajo, algunos funcionarios se quejaron de la gestión anterior. "Todos problemas que heredamos y ponemos nosotros la cara", criticó un funcionario, al hablar de la Intendencia de Llaryora, sin reparar que Passerini fue viceintendente de la gestión llaryorista.
Prácticas de ingreso
La distancia entre lo que establece la normativa y los mecanismos de ingreso también fue reconocida por dirigentes del oficialismo en la última semana.
El viernes pasado, el viceintendente Javier Pretto admitió en una entrevista con La Voz en Vivo que buena parte de los pedidos para incorporaciones al municipio llegan a través de dirigentes y referentes territoriales.
Según explicó el extitular del PRO en Córdoba, las solicitudes suelen estar vinculadas a puestos de becarios o monotributistas y forman parte de una dinámica habitual de la militancia política. Los dichos de Pretto generaron malestar en el PJ.
Pretto también resaltó que quienes ingresan deben ser idóneos y que "ojalá" se realizaran concursos, reconoció que existe una decisión política de no sumar ingresos a la planta permanente.
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También Moreno, antes de presentar su renuncia, había reconocido públicamente que fue él quien facilitó el ingreso de Barrelier al municipio.
Al explicar su participación, Moreno intentó minimizar su responsabilidad al señalar que Barrelier ingresó en el escalón más bajo de la estructura laboral municipal. "Entró a pintar cordones, el lugar más bajo de precariedad laboral", afirmó en diálogo con La Voz en Vivo antes de que Passerini anunciara cambios en los ingresos.
