La desaparición y el trágico desenlace del caso de la adolescente Agostina Vega se convirtieron rápidamente en un tema de repercusión nacional. Y cuando un hecho alcanza semejante dimensión pública, inevitablemente adquiere también un fuerte impacto político.
Por eso, en las primeras horas del lunes pasado, mientras todavía resonaban los festejos por el título nacional que Belgrano conquistó frente a River un día antes, en el Centro Cívico comenzaron a tomar verdadera dimensión de la gravedad que podía alcanzar la desaparición de la adolescente.
Cuando el caso empezó a ganar visibilidad en la ciudad de Córdoba, antes incluso de transformarse en una noticia de alcance nacional, el gobernador Martín Llaryora ordenó al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, poner a disposición de la Justicia "todos los recursos técnicos y humanos" necesarios para la búsqueda de la adolescente, según dijo el propio funcionario provincial.
Las primeras declaraciones de la familia, en las que reclamó profundizar los operativos de búsqueda, encendieron otra señal de alarma en el Gobierno provincial.
“El ministro de Seguridad estaba más concentrado en el operativo del partido Belgrano-River que en la búsqueda de mi nieta”, disparó el abuelo de Agostina, declaración que cayó como un baldazo de agua fría en el Centro Cívico.
Aunque, en realidad, la denuncia de la madre por la desaparición de Agostina ocurrió recién el domingo, a las 9 de la mañana.
En aquellos días iniciales, marcados por la incertidumbre y la angustia, llamó la atención el bajo perfil del ministro Quinteros. No fue una decisión propia del habitualmente verborrágico y activo funcionario llaryorista. Se trató de un pedido expreso del fiscal Raúl Garzón, quien intentó evitar que la investigación quedara atravesada por alguna connotación política.
La misma instrucción les bajó el gobernador a Quinteros, y a sus principales funcionarios: nadie debía hablar hasta contar con algún grado de certeza, en medio de un escenario dominado por las dudas.
Hasta el viernes pasado, el ministro de Seguridad mantuvo una presencia pública mínima. Se reunió con el padre de Agostina –un expolicía– y también se comunicó con Carlos Nayi, abogado de la madre de la adolescente, para ponerse a su disposición.
Tal vez, Quinteros no alcanzó a dimensionar la profunda división que existe en el entorno familiar de la adolescente. Cuando el abuelo de Agostina se enteró de que el ministro se había reunido con el padre, reaccionó con furia ante las cámaras de televisión y lanzó duros cuestionamientos –y también epítetos– contra el responsable de la seguridad provincial.
Ante esa situación y frente a la creciente presión mediática, en el Centro Cívico decidieron modificar la estrategia de comunicación. Le pidieron a Quinteros que saliera a hablar cuando las pruebas recolectadas por el fiscal Garzón ya orientaban la investigación hacia un crimen, y señalaban a Claudio Barrelier como principal sospechoso, debido a las contradicciones detectadas en sus declaraciones.
Pasadas las 16 de este sábado, La Voz informó que el cuerpo de Agostina había sido hallado en la zona donde se la buscaba desde hacía 48 horas.
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Distintas fuentes del Centro Cívico consultadas sostuvieron que, más allá del desenlace trágico, el caso se encuentra prácticamente esclarecido por las “pruebas concluyentes” que el fiscal tendría contra Barrelier.
La contundencia de esos elementos quedó reflejada en otro dato significativo: este sábado al mediodía, el abogado defensor de Barrelier, Jorge Sánchez del Bianco, presentó su renuncia.
Impacto político
Más allá de la brutalidad del desenlace del caso Agostina, en el Gobierno provincial hacen una lectura relativamente optimista del impacto social y político del caso.
Los funcionarios llaryoristas sostienen –en privado– que no se trató de un caso vinculado a la inseguridad urbana, sino de un crimen de índole privado.
“El Gobierno provincial puso todos los recursos a disposición de la Justicia, que en una semana pudo prácticamente esclarecer el caso. Es un final doloroso, pero ¿qué se nos puede reprochar?”, aseguró en privado un integrante del gabinete llaryorista.
La misma interpretación se repitió entre distintas fuentes oficiales consultadas, que por el momento prefieren evitar declaraciones públicas. El único autorizado para hablar es el ministro Quinteros. El gobernador Llaryora, por ahora, no opinará del tema.
Derivaciones
Sin embargo, más allá de los esfuerzos del oficialismo por bajar el tono de la discusión política, el caso contiene un costado que seguramente tendrá consecuencias y que podría instalarse en la próxima campaña electoral: Barrelier fue uno de los miles de trabajadores precarizados que ingresaron a la Municipalidad de Córdoba durante los últimos seis años de gestiones peronistas.
En el oficialismo admiten que Barrelier se incorporó como becario en el año 2021, impulsado por el actual concejal peronista Ricardo Moreno, líder de la agrupación Las 62 Organizaciones Peronistas.
Moreno es un dirigente de extensa trayectoria y fuertes vínculos con el PJ provincial. Aunque durante algunos años mantuvo cercanía con el kirchnerismo nacional, cuando fue titular de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNT).
Esas vinculaciones políticas, que nada tienen que ver con el horrendo crimen de Agostina, son, precisamente, lo que más inquieta al oficialismo provincial por las posibles consecuencias electorales para el año que viene.
Otro elemento que generó fuerte ruido dentro del PJ fue que Sánchez del Bianco, socio del estudio jurídico de Moreno, y además yerno del concejal, haya ejercido la defensa de Barrelier hasta este sábado.
“Ningún dirigente político es responsable de la vida privada de los militantes o de los trabajadores que se desempeñan en el Estado. Pero Moreno debió ser más precavido. Su estudio jurídico no puede defender al principal acusado en un hecho tan grave”, admitió un encumbrado funcionario provincial, durante la mañana del viernes, cuando todavía no se conocía el desenlace fatal.
El vínculo político entre Barrelier y Moreno, sumado a su condición de becario municipal, seguramente alimentará cuestionamientos desde la oposición.
Concejales opositores ya preparan pedidos de informes al Poder Ejecutivo para conocer los detalles de la incorporación de Barrelier al municipio.
También ponen la lupa sobre un antecedente judicial ocurrido el año pasado: el ahora detenido permaneció 20 días detenido en Bouwer, por una denuncia de presunta privación ilegítima de la libertad, aunque no perdió su puesto precario en el área de Tránsito municipal.
Finalmente, Barrelier fue desvinculado durante la semana por decisión de la gestión del intendente Daniel Passerini, cuando trascendió que estaba detenido como principal sospechoso en la desaparición de Agostina.
Mancha venenosa
Por estas horas, Ricardo Moreno se ha convertido en una figura incómoda y de alto costo político para el PJ provincial.
El concejal militó durante años en el sector que lidera Alejandra Vigo en el PJ Capital. De hecho, en el peronismo se sabe que integró la lista de candidatos a concejales en las elecciones de 2023, en representación del viguismo.
En 2020, durante la gestión del gobernador Juan Schiaretti, Moreno fue designado asesor en el Ministerio de Coordinación que conducía Silvina Rivero.
Su vínculo político con Vigo también quedó expuesto durante la interna peronista de año 2022, cuando, con el respaldo de la actual senadora nacional, disputó el control del PJ de Villa Carlos Paz al exsenador Carlos Caserio, enfrentado con Schiaretti.
Con el apoyo de Moreno y Vigo, Carlos Trejo logró imponerse en la conducción del PJ de Villa Carlos Paz, aunque la lista schiarettista terminó perdiendo la elección departamental de Punilla, frente al sector encabezado por Mariana Caserio, hija del exsenador, actual miembro del Ersep.
Muy probablemente impulsadas por sectores opositores, las redes sociales se han llenado de fotografías de Moreno junto a los principales referentes del peronismo cordobés.
No hace falta una investigación demasiado profunda para rastrear esos vínculos políticos. El pasado 1º de abril, el gobernador Llaryora fue el principal orador de un acto organizado por Las 62 Organizaciones Peronistas, que conduce Moreno.
De aquella actividad política también participaron, entre otros, el viceintendente Javier Pretto, y varios miembros del gabinete provincial.
Una imagen que refleja con claridad la estrecha relación política que el concejal mantiene con el PJ cordobés. Por estas horas, los funcionarios y dirigentes peronistas tratan de borrar las fotos que compartieron con el líder de Las 62 Organizaciones Peronistas cordobesa, que se convirtió en una mancha venenosa para el oficialismo.
