Tensión. YPF transfiere sus propiedades de Comodoro Rivadavia al gobierno de Chubut y desata una pelea política
La cesión de bienes al gobierno de Torres abrió un conflicto político y jurídico sobre el futuro de inmuebles, clubes y terrenos estratégicos para el desarrollo urbano de la ciudad.
La cesión de tierras, edificios y otros activos de YPF al Gobierno de Chubut volvió a poner en el centro del debate quién decidirá el futuro de un patrimonio clave para Comodoro Rivadavia. La transferencia, concretada en el marco de la salida de la petrolera de la Cuenca del Golfo San Jorge, generó cuestionamientos del municipio y de referentes políticos locales.
El gobernador Ignacio Torres defendió el acuerdo y anunció el envío de un proyecto de ley para garantizar que los bienes queden destinados a los comodorenses. En contrapartida, el intendente Othar Macharashvili reclamó que esos activos permanezcan bajo control municipal.
La discusión excede el plano político inmediato y abre interrogantes sobre la titularidad legal de numerosos inmuebles y el destino de espacios considerados estratégicos para el crecimiento urbano de la ciudad.
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Una negociación que se gestó durante más de un año
El proceso que desembocó en la transferencia comenzó en 2024, cuando YPF avanzó en su retirada de los yacimientos maduros de la región.
Durante ese período, distintos sectores señalaron que las negociaciones entre la empresa y el Gobierno provincial avanzaban con mayor fluidez que los contactos impulsados desde el municipio.
El propio presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, había fijado posición meses atrás al ser consultado sobre una eventual cesión de tierras a la ciudad. “Las tierras son nuestras, punto”, respondió el ejecutivo en referencia a los activos que permanecían bajo control de la compañía.
Mientras tanto, el intendente había manifestado su expectativa de alcanzar acuerdos y advertido que podría impulsar mecanismos de interés público que habilitaran una eventual expropiación.
La disputa por la titularidad de las tierras
Uno de los principales interrogantes gira en torno a la situación dominial de numerosos terrenos ubicados dentro del ejido urbano de Comodoro Rivadavia.
Antecedentes históricos indican que en 1995 el municipio y YPF firmaron un convenio para transferir diversos inmuebles a cambio de condonar una deuda tributaria de la empresa.
Sin embargo, especialistas sostienen que parte de ese proceso nunca terminó de formalizarse mediante mensuras y registros definitivos, lo que dejó una zona gris respecto de la propiedad efectiva de algunos lotes.
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Clubes y edificios históricos en el centro del debate
El patrimonio transferido incluye instituciones deportivas y sociales de fuerte arraigo comunitario.
Entre ellas aparecen espacios vinculados al Club Ingeniero Luis A. Huergo, la Federación Deportiva de Comodoro Rivadavia y distintos predios históricos de Kilómetro 3 y la zona norte de la ciudad.
También forma parte de la discusión el predio del Tiro Federal Argentino General Enrique Mosconi, otro emblema asociado al desarrollo petrolero regional.
Uno de los edificios más representativos es la histórica Administración de YPF en kilómetro 3, considerada un símbolo del crecimiento económico y social de la Patagonia vinculada a la explotación hidrocarburífera.
Su futuro abre interrogantes sobre la preservación del patrimonio histórico y las posibilidades de reconvertir esos espacios para nuevos usos comunitarios.
Tierras estratégicas para el desarrollo urbano
Además de edificios y clubes, el acuerdo involucra terrenos ubicados en zonas con alto potencial urbanístico. Se trata de lotes situados en sectores como kilómetro 3, kilómetro 4, Rodríguez Peña y otros puntos de la zona norte de Comodoro Rivadavia.
En una ciudad marcada por la escasez de suelo disponible y el déficit habitacional, esos espacios representan una herramienta clave para futuros proyectos de vivienda, infraestructura y equipamiento urbano.
Algunos sectores políticos proponen destinar parte de esas tierras a familias afectadas por el deslizamiento del cerro Hermitte, mientras otros reclaman procesos participativos que permitan definir colectivamente el uso del patrimonio recuperado.
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Pasivos ambientales y posibles acciones judiciales
Otro de los ejes del conflicto está vinculado a los pasivos ambientales derivados de décadas de explotación petrolera en áreas urbanas y costeras. El municipio ratificó que continuará impulsando reclamos para exigir tareas de remediación en sectores como Área Central y Restinga Alí.
Desde el Gobierno provincial sostienen que esas responsabilidades ya fueron transferidas a las empresas que actualmente operan las áreas y que existen auditorías ambientales que respaldan los acuerdos alcanzados.
No obstante, dirigentes locales plantean la posibilidad de avanzar con una acción declarativa de certeza para que la Justicia determine la validez jurídica de la transferencia y clarifique la titularidad de determinados bienes.
El futuro de un patrimonio estratégico
La Legislatura de Chubut tendrá ahora un rol central en la discusión, ya que deberá analizar el acuerdo firmado entre la Provincia e YPF y definir el marco legal que regirá el destino de los activos.
Pero en paralelo, no se descarta que el conflicto escale al plano judicial. La posibilidad de impulsar una acción declarativa de certeza -una herramienta utilizada cuando existe incertidumbre sobre la titularidad de bienes- aparece como una de las alternativas para ordenar el escenario. En definitiva, la discusión no es solo política ni económica. Es, sobre todo, jurídica.
La definición sobre quién administrará las tierras, los edificios históricos y los espacios comunitarios no solo impactará en el patrimonio petrolero de la ciudad, sino también en las posibilidades de planificación urbana y desarrollo social para las próximas décadas.
