Propuesta. Vacantes judiciales: Milei envió 21 nuevos pliegos al Senado y propuso dos cargos clave para Córdoba
El Presidente remitió 21 nuevos pliegos judiciales al Senado y propuso a Facundo Cortés Olmedo y María Soledad Mancini para cubrir vacantes en la Cámara Federal de Córdoba. Además, firmó la designación de 47 magistrados ya aprobados por la Cámara alta, aunque dejó sin efecto el de María Verónica Michelli.
El Gobierno nacional volvió a acelerar este jueves su decisión para completar las vacantes en la Justicia federal. El presidente Javier Milei remitió al Senado 21 nuevos pliegos para cubrir cargos de jueces, fiscales y defensores oficiales en distintos tribunales del país, mientras que, en paralelo, firmó los decretos de designación de otros 47 magistrados y funcionarios judiciales cuyos nombramientos ya habían sido aprobados por la Cámara alta.
Entre los nuevos nombres enviados al Senado sobresalen dos postulaciones para la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, uno de los tribunales más relevantes del interior del país y con fuerte incidencia en causas de corrupción, narcotráfico y delitos federales.
Los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo son Facundo Cortés Olmedo para integrar la Sala B y María Soledad Mancini para ocupar una vocalía en la Sala A del tribunal federal cordobés.
Las nominaciones forman parte de una nueva etapa de la política judicial impulsada por la administración libertaria, que busca aprovechar los acuerdos circunstanciales alcanzados en el Senado para reducir el elevado número de vacantes existentes en el Poder Judicial.
Con este nuevo envío, el Ministerio de Justicia ya acumula cerca de 170 pliegos remitidos al Congreso desde el inicio de la gestión de Milei.
Una Cámara clave para Córdoba
La Cámara Federal de Córdoba es uno de los tribunales más influyentes del país fuera de Comodoro Py. Tiene competencia sobre buena parte de las investigaciones federales que se tramitan en la provincia y actúa como instancia revisora de decisiones adoptadas por los juzgados federales de primera instancia.
Además, interviene en expedientes vinculados con delitos complejos, causas de corrupción, narcotráfico, contrabando y violaciones a los derechos humanos. Por esa razón, la designación de nuevos camaristas suele tener un fuerte impacto político e institucional.
La propuesta del Gobierno contempla la incorporación de Cortés a la Sala B y de Mancini a la Sala A, dos nombramientos que ahora deberán atravesar el procedimiento constitucional previsto para los jueces federales: análisis en la Comisión de Acuerdos del Senado, audiencia pública y posterior votación en el recinto.
El oficialismo no cuenta con mayoría propia en la Cámara alta, por lo que necesitará nuevamente construir consensos con sectores dialoguistas y bloques provinciales para avanzar con las designaciones.
La estrategia libertaria
El envío de los 21 pliegos constituye un nuevo avance de la estrategia diseñada por el Ministerio de Justicia para cubrir cargos vacantes. La Justicia federal argentina arrastra desde hace años un déficit estructural: cerca de un tercio de los juzgados y tribunales funcionan con vacantes permanentes o son ocupados por jueces subrogantes.
Esa situación genera demoras, recarga de trabajo y cuestionamientos sobre la estabilidad institucional de numerosos tribunales. Consciente de ese escenario, el Gobierno decidió acelerar los procesos de cobertura y aprovechar el flujo de ternas remitidas por el Consejo de la Magistratura.
La nómina enviada esta semana incluye además postulaciones para juzgados nacionales en lo comercial, civil y criminal de la Ciudad de Buenos Aires; tribunales orales federales; fiscalías y defensorías oficiales en distintos puntos del país.
No obstante, en esta oportunidad no se incluyeron cargos correspondientes a Comodoro Py, el principal fuero federal del país. Fuentes judiciales señalan, sin embargo, que podrían producirse novedades en las próximas semanas, a medida que avancen concursos actualmente en trámite en el Consejo de la Magistratura.
Milei congelaría la designación de la jueza Michelli aprobada por el Congreso
Entre esos procesos se encuentra el concurso destinado a cubrir dos vacantes en la Sala I de la Cámara Federal porteña, uno de los tribunales más sensibles del sistema judicial argentino.
Las firmas que sí llegaron
La nueva tanda de pliegos se conoció pocas horas después de que Milei firmara los decretos de designación de 47 jueces, fiscales y defensores oficiales cuyos nombres ya habían sido aprobados por el Senado.
La decisión fue interpretada en ámbitos judiciales como una señal de respaldo a los acuerdos alcanzados en la Cámara alta y como un intento de descomprimir el histórico déficit de magistrados.
El oficialismo había logrado semanas atrás la aprobación de 74 candidaturas en el Senado, en una negociación compleja debido a la situación minoritaria de La Libertad Avanza en el Congreso.
Con las firmas presidenciales, esos funcionarios quedaron formalmente habilitados para asumir sus cargos y comenzar a desempeñarse en tribunales de todo el país.
Sin embargo, la decisión del Ejecutivo no fue uniforme. La gran ausencia en la lista de decretos firmados fue la de María Verónica Michelli, candidata a ocupar un cargo en el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata.
Aunque su pliego había superado todas las instancias institucionales y contaba con aval legislativo, el Presidente decidió no rubricar el decreto de designación.
Desde el Ministerio de Justicia sostienen que no existe obligación constitucional de firmar automáticamente todos los pliegos aprobados por el Senado y remarcan que el Poder Ejecutivo conserva la facultad final de concretar o no el nombramiento. En la práctica, esa omisión funciona como una suerte de veto tácito.
La exclusión de Michelli generó una fuerte controversia política y judicial. Distintos sectores interpretaron la medida como un mensaje directo de la Casa Rosada, debido a que la postulante mantiene un vínculo familiar con el periodista de investigación Hugo Alconada Mon. Incluso dirigentes oficialistas admitieron públicamente que esa relación influyó en la decisión.
El caso provocó inquietud dentro del ámbito judicial porque Michelli posee una extensa trayectoria en la Justicia federal y ya había sido postulada para el mismo cargo durante la administración de Mauricio Macri.
La situación no fue excepcional. Según trascendió, el Gobierno tampoco firmó los decretos correspondientes a otros tres candidatos cuyos pliegos habían recibido aprobación legislativa.
