La trastienda. Llaryora: campaña eterna e incógnitas en la vereda opositora

Mientras los cordobeses siguen atrapados en una economía que no ofrece señales claras de reactivación, la política decidió jugar en otro tablero. En uno donde la urgencia social convive –cada vez con menos pudor– con la ansiedad electoral de los dirigentes.

El denominado “éxito de la macro” económica –dólar quieto y una inflación que baja a cuentagotas– suena cada vez más ajeno a la experiencia cotidiana. Y, en ese clima de malestar silencioso, el oficialismo y la oposición provincial resolvieron algo sin necesidad de firmarlo: la campaña ya empezó.

Las elecciones provinciales aún no tienen fecha, pero hay una certeza que recorre todo el arco político: Córdoba tendrá una campaña eterna y costosa.

Discutir quién dio el primer paso es, en rigor, irrelevante. Como ocurre casi siempre, los oficialismos marcan el ritmo. Y el gobernador Martín Llaryora tomó nota de la dura derrota legislativa de octubre pasado, con una conclusión contundente: concentrarse en tratar de retener el poder.

La decisión está en los hechos. Durante el verano que termina, el gobernador fue moviendo piezas en su equipo con una lógica cada vez menos técnica y cada vez más política. La gestión comenzó a ordenarse bajo una consigna que en el Centro Cívico repiten como mantra: "Sacar la gestión a la calle".

Los dirigentes con volumen político empezaron a ganar espacio frente a los perfiles más técnicos. Llaryora interpreta que, en tiempos de crisis económica, con administrar no alcanza: hay que mostrar, recorrer, explicar y alimentar el peso político territorial.

Ese reacomodamiento incluyó un refuerzo en la Capital, con un plan de obras orientado a fortalecer la gestión del intendente Daniel Passerini, que transita meses complejos entre la escasez de recursos y dificultades propias.

Claro que en política toda decisión tiene costos. Mientras en el Centro Cívico se concentraban en el termómetro capitalino, el peronismo del interior empezó a elevar el tono de sus reclamos.

Para contener ese malestar, Llaryora decidió incorporar seis intendentes peronistas a su equipo, más allá de que sólo uno llegó al gabinete: Marcos Torres, en el Ministerio de Desarrollo Social.

En el oficialismo, nadie lee estos movimientos como simples ajustes administrativos. Cada designación, cada anuncio y cada gesto se interpretan en clave electoral. El objetivo es uno y no se disimula: retener el poder en un contexto económico que no ofrece garantías.

Porque gobernar también significa exponerse. El Estado otorga herramientas para construir poder, pero al mismo tiempo amplifica los conflictos. El más visible hoy es el docente, pero no el único.

En torno a la paritaria con la UEPC, en el Gobierno sobrevuela un optimismo que parece exagerado. La apuesta es cerrar un acuerdo con rapidez, con sólo eliminar la variable de la recaudación del cálculo de los aumentos salariales. Una concesión importante en términos simbólicos, aunque tal vez insuficiente para desactivar el malestar entre los docentes.

En efecto, el descontento docente parece haber superado la discusión técnica de una cláusula. Se vincula con algo más profundo: la percepción de pérdida sostenida de poder adquisitivo, y también el desgaste frente a una gestión que prometía otra capacidad de respuesta.

El acuerdo llegará; eso nadie lo duda. La incógnita es otra: si el llaryorismo podrá reconstruir el vínculo con los docentes y con el resto de los empleados públicos, que alguna vez fueron parte de su capital de gobernabilidad.

Ese era el escenario que el gobernador imaginaba en noviembre pasado, cuando impulsó la reforma previsional, convencido de que el orden fiscal le permitiría recomponer salarios este año. La economía nacional, sin embargo, alteró los planes.

La caída de ingresos –explicada en buena medida por un consumo que no reacciona– obligó a recalcular. Y hoy Llaryora enfrenta, como el resto de los gobernadores, un horizonte cargado de demandas sociales y con menos margen financiero. El síndrome de la frazada corta.

Ni siquiera los fondos frescos que llegarán vía endeudamiento externo parecen capaces de devolver aquel clima de expectativa positiva que dominaba el principal despacho del Centro Cívico hace apenas unos meses.

Mientras el oficialismo busca fortalecerse, hasta con sus propias debilidades, la oposición está en construcción, atravesada por ambiciones, desconfianzas y algunos acuerdos mínimos que aún no terminan de encajar.

El mayor riesgo para el oficialismo sería una oposición unificada. Hoy esa posibilidad no está descartada, pero parece lejana. Y esa ambigüedad alimenta una prudente expectativa en el llaryorismo.

Luis Juez avanzó en un entendimiento político con el libertario Gabriel Bornoroni, mientras el radical Rodrigo de Loredo eligió marcar distancia con su reciente “acto-session”, en una jugada destinada a preservar autonomía y volumen propio.

El eje Juez–Bornoroni ya imagina un armado opositor sin De Loredo, aunque los libertarios repiten que contarán “con buena parte del radicalismo”. Una afirmación que combina deseo, presión negociadora y algo de voluntarismo.

Incluso empiezan a circular borradores de fórmula. Operadores cercanos al diputado hablan de una dupla “libertario-juecista”, con Bornoroni encabezando y el senador acompañando.

En el juecismo, prevalece la cautela. Juez dejó atrás el viejo libreto del “candidato a gobernador sí o sí”. En privado, admite que no descarta un cuarto intento, pero también reconoce la dificultad de convertirse en el elegido de los hermanos Milei.

Por eso comenzó a ensayar una nueva narrativa pública, más flexible y estratégica: “Voy a trabajar para derrotar al kirchnerista Llaryora, desde el lugar que me toque”.

La frase no es casual. Responde a una construcción discursiva acordada con los libertarios: instalar en Llaryora la etiqueta kirchnerista.

Bornoroni contribuyó recientemente a esa línea al definir al gobernador como un “kirchnerista de buenos modales”.

Mientras tanto, la sociedad cordobesa sigue mirando otra cosa: la urgencia de ingresos que no alcanzan y de expectativas que se achican.

Sin embargo, la política ya fijó los términos del enfrentamiento que dominará la escena hasta las elecciones.

Llaryora insistirá en cuestionar el ajuste nacional como argumento defensivo y diferenciador. La oposición, en cambio, buscará correr la discusión hacia el gasto político provincial y las denuncias por casos de presunta corrupción.

La ofensiva ya está en marcha. Este viernes, Juez presentó una denuncia penal contra el intendente Passerini. Y en la oposición anticipan que no será un hecho aislado. Bornoroni se mantendrá al margen de esa estrategia, mientras que Juez volverá a ser juez.

La campaña, en definitiva, empezó mucho antes de que alguien la convocara formalmente. Y todo indica que será larga, áspera y con una sociedad cada vez menos dispuesta a esperar resultados que no llegan.