Panorama provincial. Llaryora y la oposición mileísta, en la última milla de las gestiones

Entre el Mundial y la convocatoria electoral, transcurren los meses clave de las gestiones en el país. Lo sabe el equipo de Javier Milei, que agudiza el ingenio para regenerar expectativas ante una economía real que todavía no reacciona y castiga especialmente en los territorios donde vive la mayor parte del electorado.

Lo sabe mejor el peronismo cordobés, mucho más experimentado en estas lides que el Gobierno libertario: las reelecciones se definen por los resultados que se exhiben en los seis meses previos a la votación.

A no ser que los algoritmos hayan cambiado todas las leyes de la política, en las elecciones provinciales y locales también es determinante el resultado en la última milla: el impacto directo de las políticas, los servicios o las obras sobre la vida real.

Sobran señales de que el llaryorismo ya definió cuáles son esos ejes que potenciará. Empezó por garantizarse los recursos: consiguió financiamiento para garantizar la finalización de las obras públicas en marcha, no tendrá sobresaltos para financiar el gasto corriente con el aporte de los $ 450 mil millones que llegó desde la Nación, y analiza un regreso a los mercados si el riesgo país sigue bajando, a los efectos de cubrir los vencimientos de 2027 y reestructurar, si hay tasas convenientes.

En lo inmediato, se intensificarán todas las acciones vinculadas a la seguridad, con el ministro Juan Pablo Quinteros a la cabeza. Y habrá especial énfasis en la política educativa, un rubro que hasta ahora trascendió por la conflictividad docente, pero que en el tercer año de la gestión mostró mejoras consistentes en las Pruebas Aprender.

El llaryorismo hará campaña con la salud y la educación públicas para diferenciarse del modelo libertario, exhibirá obras públicas en todo el mapa y se mostrará como el mejor alumno de Patricia Bullrich en materia de seguridad. Tanto Estado presente como sea posible; tanto mileísmo como sea necesario.

No está tan claro aún cuáles serán los ejes sobre los que Gabriel Bornoroni, Luis Juez y Rodrigo de Loredo –si se impone la lógica, el radical tarde o temprano encontrará su lugar en esas filas– buscarán terminar con el largo período del peronismo cordobés: qué les propondrán a los cordobeses, más allá de la invocación de Javier Milei.

Antes de asumir, Llaryora se encargó de que la Legislatura de Córdoba amplíe hasta principios de marzo (280 días antes de la finalización del mandato) la ya extendida discrecionalidad con la que el peronismo cordobés viene anticipando elecciones.

Si la opción fuese adelantar al máximo posible la votación, la primera semana de diciembre debería estar convocando a elecciones. Se entiende el apuro que empieza a mostrar el oficialismo.

Pero el Panal todavía no definió cuándo se votará: eso depende principalmente de las encuestas. Mientras tanto, el peronismo se divierte –y busca desorientar a la oposición– poniendo a circular todas las alternativas que permite el calendario.

El oficialismo cordobés ejecutó durante años esta práctica antidemocrática de acomodar la fecha a su conveniencia, pero lo hizo con algún disimulo; ahora no tiene ningún complejo.

El razonamiento que guía esa actitud es que si el Gobierno nacional, además de eliminar o suspender las Paso, habla sin sonrojarse de implementar colectoras, la manipulación de la fecha electoral pasa a ser un tema menor. El hecho de que la mayor parte de las provincias esté aplicando la misma lógica también colabora a menguar el reproche opositor.

Las encuestas que definirán la fecha de la elección provincial muestran, por el momento, que la aprobación del gobierno de Javier Milei continúa en un lento descenso en Córdoba –la baja es más pronunciada a nivel nacional– y que la gestión Llaryora está estable, se consolida en el interior con la Universidad Provincial, y en Capital repuntando por las acciones vinculadas a la seguridad y el control del espacio urbano; en especial, a la buena valoración del programa Cordobeses en Alerta.

Esta semana se anunció que 90 barrios se suman a ese esquema de patrullaje, que alcanzará a unos 800 mil capitalinos. Lo que ocurre con ese programa –y con las guardias urbanas que operan en la mayoría de ciudades y pueblos del interior– es paradigmático: el peronismo considera que se trata de un instrumento por potenciar; la oposición lo rechazó desde el vamos y sigue exigiendo su eliminación.

¿Será esa una propuesta libertaria? ¿Bornoroni también pensará en restituir el 82% móvil en la deficitaria Caja de Jubilaciones, como impulsan el juecismo y el radicalismo en la Unicameral? ¿En obra pública también se propondrá el modelo libertario?

Hasta ahora, la oposición no muestra su estrategia para Córdoba. Bornoroni es cauto por naturaleza, y apunta prioritariamente a dos ejes que serían el correlato perfecto de la aplicación del modelo Milei en la Provincia: habla de reducir el gasto para bajar impuestos a la producción y sostiene que ese ajuste debe hacerse achicando el número de ministerios y agencias.

Juez, por su parte, eleva a nivel de indignación permanente las mismas críticas que desde hace 24 años dirige al peronismo.

Es obvio que ese proceso está condicionado por la indefinición sobre Córdoba que por momentos se percibe en la Casa Rosada, sobre todo desde la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete.

Está claro que ese estado es pasajero. Si rige la lógica y Karina Milei decide disputar la Gobernación –sea con Bornoroni o con Juez al frente de la boleta–, vendrá el interrogante mayor que se repite tanto en el Panal como entre los mileístas más entusiasmados: ¿cómo estará el Gobierno nacional dentro de ocho meses?

Ese es el dato que más pesa en la definición de la fecha electoral y es posible que también sea una de las claves principales del resultado en Córdoba.

Si la producción, el empleo y los ingresos de los cordobeses del Gran Córdoba siguen como vienen, muy posiblemente la otra clave de la elección sea a quién van a culpar más por este presente.