La reforma previsional impulsada por la administración de Martín Llaryora comenzó a generar un ahorro efectivo para la Caja de Jubilaciones de Córdoba de alrededor de $ 12.000 millones mensuales.
Ese efecto recién empezó a reflejarse una vez concluida la etapa de transición prevista en la Ley de Equidad Jubilatoria aprobada en la Unicameral a finales del año pasado. La norma, en sus primeros meses, evitaba reducciones nominales en los haberes.
El nuevo escenario, según estimaciones oficiales, también permite dimensionar el impacto fiscal que tendría una eventual reducción del aporte adicional que realizan los salarios más altos del sector público. Según los cálculos de los técnicos de la Caja y del Ministerio de Economía y Gestión Pública, bajar la alícuota máxima del 8% al 6% implicaría resignar alrededor de $ 3.000 millones por mes, es decir, aproximadamente una cuarta parte del ahorro que hoy genera la reforma.
Ese monto equivale, además, a cerca de un tercio de los $ 10.000 millones mensuales que la Nación se comprometió a transferir a Córdoba para contribuir al financiamiento del déficit previsional. Las transferencias, previstas en el convenio firmado entre la Provincia y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), rigen entre mayo de 2026 y abril de 2027.
El dato adquiere relevancia luego de que el TSJ confirmara, en distintos amparos individuales, el criterio de reducir del 8% al 6% el aporte adicional previsto en la reforma de Llaryora.
Peor es todo
Puertas adentro, en el Gobierno provincial entienden que el fallo del TSJ ofrece un escenario más favorable que otras hipótesis que se analizaban cuando comenzaron las presentaciones judiciales. Si bien la reducción tiene un costo para la Caja, consideran que el impacto es acotado frente a la posibilidad de que la Ley fuera declarada inconstitucional o que la Justicia dispusiera una rebaja mayor de la alícuota, por ejemplo hasta el 4%.
En el Centro Cívico insisten en que la reforma respondió a una necesidad de financiamiento imprescindible del sistema previsional. Argumentan que, con transferencias nacionales que en ese momento eran de $ 5.000 millones mensuales y sin una solución de fondo sobre la deuda que mantiene la Nación con la Caja, el déficit del organismo iba camino a profundizarse durante 2026.
A ese escenario se sumó el deterioro de los ingresos provinciales. La recaudación total mostró caídas en términos reales durante toda la segunda mitad de 2025, lo que redujo el margen fiscal de la Provincia para absorber un mayor déficit previsional con recursos propios. En ese contexto, el equilibrio de las cuentas de la Caja adquirió un peso aún mayor, especialmente de cara al inicio de la carrera previa a las elecciones provinciales de 2027.
El escenario de 2025
Los números incluidos en el último Informe Anual de la Caja de Jubilaciones permiten dimensionar el escenario financiero con el que cerró el organismo previsional en 2025, justo antes de que comenzaran a sentirse los efectos de la Ley de Equidad.
Según el informe, el déficit estructural de la Caja ascendió a $ 974.097 millones, equivalente a unos $ 81.200 millones mensuales. Esa cifra refleja el desequilibrio financiero del sistema previsional provincial y el volumen de recursos que fue necesario aportar durante el año para cubrir la diferencia entre los ingresos y el pago de jubilaciones y pensiones. El monto es enorme. Para tener una idea, en junio pasado, el total de la recaudación provincial fue de $ 978.824.
Para cubrir ese desequilibrio, la Caja recurrió a distintas fuentes de financiamiento. El principal aporte provino de las alícuotas complementarias que cobró el año pasado el sistema previsional provincial, que aportaron $ 381.796 millones, equivalentes al 39% del financiamiento total.
A ello se sumaron el Fondo Solidario de Cobertura y Financiación para Desequilibrios de la Caja, con $ 169.273 millones (18%), el aporte solidario previsto por la Ley 10.694, con $ 62.035 millones (6%), y las transferencias realizadas por la Anses, que totalizaron $ 40.000 millones, apenas el 4% del déficit estructural.
El resto del desequilibrio, $ 320.993 millones, fue cubierto directamente por el Tesoro provincial. En otras palabras, uno de cada tres pesos necesarios para financiar el déficit estructural de la Caja salió de recursos de rentas generales de la Provincia.
Cálculos
Ese déficit estructural no debe confundirse con el monto que Córdoba reclama a la Nación. De acuerdo con la metodología vigente para las cajas previsionales no transferidas, la Anses debe determinar cuánto hubiera costado el sistema provincial si hubiera estado integrado al régimen nacional.
Según las estimaciones incluidas en el informe, el déficit previsional que corresponde financiar a la Anses fue de $ 462.942 millones durante 2025. Para arribar a esa cifra se consideran ingresos por $ 1,62 billones en aportes y contribuciones y $ 80.443 millones de ingresos impositivos, frente a un gasto en jubilaciones y pensiones de $ 2,28 billones, lo que arroja un déficit previsional inicial de $ 584.285 millones.
Luego, el cálculo ajusta tanto los ingresos como los egresos para simular cómo habría funcionado el sistema bajo las normas nacionales. En esa simulación se descuentan los mayores ingresos que obtiene Córdoba por aplicar alícuotas superiores a las nacionales y también el mayor gasto que implica pagar haberes más elevados que los previstos en el régimen nacional.
Como resultado de esos ajustes, el déficit que, según la metodología de la Anses, corresponde financiar asciende a los mencionados $ 462.942 millones.
Una radiografía del desequilibrio previsional por sector
El informe también desagrega el resultado previsional puro por régimen. Ese indicador refleja la diferencia mensual entre los recursos obtenidos por aportes y contribuciones y el gasto destinado al pago de jubilaciones y pensiones, expresado por beneficio.
Las mayores diferencias se registran en el régimen de bancarios, donde el déficit mensual asciende a $ 1.849.179 por beneficio. Le siguen magistrados del Poder Judicial (-$ 802.167), la Municipalidad de Córdoba (-$ 764.144), Epec (-$ 586.008), Policía y Servicio Penitenciario (-$ 574.325), docentes (-$ 344.683) y la Administración Central y autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo (-$ 258.756).
En otras palabras, por cada jubilación o pensión del régimen bancario, los aportes y contribuciones que ingresan al sistema resultan insuficientes para cubrir el beneficio y dejan una brecha mensual cercana a $ 1,85 millones, que debe ser financiada con recursos provenientes de otros sectores o del Tesoro provincial.
En el otro extremo aparecen los municipios del interior, único régimen que presenta un resultado positivo, con un superávit mensual de $ 54.310 por beneficio.
Las causas
Los datos muestran que el desempeño de cada régimen responde a una combinación de factores. El primero es la relación entre trabajadores activos y beneficiarios. Los bancarios, por ejemplo, presentan el indicador más bajo de todo el sistema, con apenas 0,38 aportantes por cada jubilado o pensionado.
Esa situación responde a una tendencia que el régimen viene mostrando desde hace años. En 2025 la Caja contabilizó 2.138 trabajadores bancarios activos, con un salario bruto promedio de $ 4.731.000, frente a 5.597 jubilados y pensionados, cuyo haber bruto medio ascendió a $ 3.132.566.
Una década atrás el panorama era diferente. En 2016 el sistema registraba 4.070 aportantes y 5.422 beneficiarios. Es decir, en 10 años perdió casi la mitad de sus trabajadores activos, mientras que la cantidad de jubilados continuó creciendo. Ese deterioro explica buena parte del déficit que hoy presenta el régimen.
La situación de los magistrados y funcionarios judiciales es distinta. Aunque se trata del segundo régimen con mayor déficit por beneficio, la evolución demográfica resulta más favorable.
En 2016 registraba 2.100 aportantes y 1.339 beneficiarios. Para 2025 los activos habían aumentado hasta 2.749, con un salario bruto promedio de $ 7.492.897, mientras que los beneficios ascendían a 1.549, con un haber bruto medio de $ 5.427.462. En este caso, el desequilibrio responde menos a la relación entre activos y pasivos que al elevado nivel de remuneraciones y, en consecuencia, de los haberes previsionales.
En el otro extremo se ubican los municipios del interior, que presentan la mejor relación del sistema, con 2,36 trabajadores activos por cada beneficiario. Esa mayor cantidad de aportantes explica, en buena medida, que sea el único régimen con resultado previsional positivo, aun cuando exhibe una de las tasas de sustitución más elevadas.
La relación entre el haber jubilatorio y el salario del trabajador activo también influye sobre las cuentas. El informe indica que la tasa bruta de sustitución promedio del sistema es del 85%, aunque existen diferencias importantes entre los distintos regímenes.
Los porcentajes más altos corresponden a los municipios del interior (93%), los docentes (91%) y la Municipalidad de Córdoba (91%). Les siguen Policía y Servicio Penitenciario y Epec, ambos con 86%. En el otro extremo aparecen los magistrados (79%), la Administración Provincial (67%), los bancarios (66%) y las autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo (58%).
