Luego de recibir el aval de la Nación y conseguir U$S 800 millones en el mercado internacional, en enero pasado, el gobernador Martín Llaryora se entusiasmó con la idea de un 2026 “prometedor”. En su mirada, debía ser el año de la consolidación de su gestión, el tiempo político necesario para afianzar su proyecto, el objetivo de la reelección en el lejano 2027.
Con esos dólares de libre disponibilidad, más el crédito de U$S 250 millones del Banco Mundial destinado a finalizar la Circunvalación de Río Cuarto y el acuerdo con la Anses -que el mandatario provincial acordó,con mucha reserva, con el ministro de Economía, Luis Caputo- Llaryora planificó el año con una dosis considerable de optimismo. La hoja de ruta oficial apuntaba, en definitiva, a pavimentar su continuidad en el poder.
Sin embargo, no será la primera vez que la realidad le muestra la cara menos amable a un gobernante. La caída sostenida de la recaudación, una inflación que se resiste a descender con la velocidad esperada y la pérdida de ingresos estimada en 900 mil millones de pesos, producto de la baja de impuestos que siguió al amplio triunfo libertario en Córdoba en octubre pasado, comenzaron a oscurecer el horizonte y a disipar cualquier clima de confianza en el oficialismo.
Como ocurre con la mayoría de los mandatarios provinciales, Llaryora quedó atrapado en una encrucijada clásica: menos recursos disponibles y crecientes reclamos de los estatales para recomponer salarios deteriorados por la inflación. El conocido síndrome de la frazada corta no es exclusivo de Córdoba, pero se volvió particularmente visible en la negociación con los docentes provinciales.
Lo que mira Llaryora: el traspié de Adorni y la lapicera de Karina
Desde diciembre pasado, el gobernador ya había advertido que la caída del consumo terminaría impactando de lleno en la recaudación provincial. Ese diagnóstico temprano lo llevó a revisar sus planes en la negociación con los gremios estatales.
Recalibrar la estrategia de negociación
En una primera etapa, la intención oficial era que los empleados públicos lograran recuperar poder adquisitivo en la carrera contra la inflación.
Pero la persistencia de índice es cercanos al 3% mensual, sumada al retroceso de los ingresos provinciales, obligó a recalibrar la estrategia. Así, Llaryora comenzó a mostrarse reticente a firmar acuerdos salariales que no contemplaran la evolución de la recaudación como una de las variables centrales.
Ese punto se transformó rápidamente en el principal foco de conflicto con los docentes, el primer gremio estatal en sentarse a discutir salarios. El gobernador mejoró la oferta inicial y estableció que la recaudación comenzaría a computarse recién desde junio. Aun así, la propuesta recibió un contundente rechazo en la asamblea de la UEPC.
La caída de la recaudación complica la discusión salarial de Llaryora con la UEPC
La conducción sindical ya le transmitió al Gobierno que no habrá acuerdo mientras subsista esa condición. Llaryora, por ahora, se mantiene firme en su postura. La incógnita es hasta cuándo podrá sostenerla sin mayores costos políticos.
La UEPC endureció su postura y lanzó este lunes un paro de 48 horas para el miércoles y jueves de esta semana. El Gobierno casi no tiene tiempo para mejorar la propuesta y desactivar la medida de fuerza. El conflicto docente evaporó cualquier cuota de optimismo que sobrevolaba en el Centro Cívico.
