50 años del Golpe. Apertura, tablita y deuda: la economía de la dictadura

La crisis económica y política que precedió al golpe militar de marzo de 1976 se había gestado durante los últimos años del gobierno de Juan Domingo Perón y se profundizó bajo la presidencia de María Estela Martínez de Perón. El deterioro económico, la aceleración inflacionaria, la debilidad política del gobierno y los enfrentamientos internos, aún con el viejo caudillo en vida, generaron un clima de inestabilidad que culminó con irrupción de las Fuerzas Armadas.

El 2 de abril de 1976 el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, miembro de una familia ilustre ligada a la oligarquía nacional, presentó el programa de recuperación, saneamiento y expansión de la economía. El plan buscaba tres metas: reducir la inflación, superar la crisis de la balanza de pagos y recomponer gradualmente el funcionamiento del sistema económico.

El economista Alfredo Aldo Visintini sostiene que el gobierno de facto encabezado por Jorge Rafael Videla buscó reemplazar el modelo económico vigente por uno de orientación liberal.

El objetivo central era reducir la intervención estatal y otorgar al sector privado un rol dominante en la actividad productiva. “El sector privado debía transformarse en el motor principal de la economía”, explica el economista, autor del libro “Las políticas económicas en la Argentina” (Editorial Biblos – 2021).

En el frente externo se impulsó la unificación del mercado cambiario y una política de tipo de cambio activo. El Banco Nación intervenía en el mercado comprando y vendiendo divisas para evitar fluctuaciones abruptas. Al mismo tiempo se inició un proceso de apertura comercial mediante la reducción de aranceles a la importación, con la intención de introducir competencia externa y presionar a la industria local para mejorar su productividad.

La política de ingresos también fue modificada de manera drástica. Se liberaron los precios industriales, se incrementaron los valores de los productos agropecuarios y se elevaron las tarifas de las empresas públicas. En paralelo se aplicó una rígida política salarial.

Visintini señala que “la liberación de precios y la contención de los salarios pretendía restablecer la rentabilidad empresarial y desalentar la inercia inflacionaria”.

Ese esquema se aplicó en un contexto político marcado por una fuerte represión. El ajuste del empleo en empresas públicas y en distintas áreas del Estado estuvo acompañado por la persecución de dirigentes sindicales y delegados gremiales. La represión en numerosas fábricas y establecimientos industriales buscó neutralizar la capacidad de organización de los trabajadores.

Los sindicatos perdieron gran parte de su poder de negociación. Muchos dirigentes fueron perseguidos, encarcelados o desaparecidos, lo que debilitó severamente la posibilidad de presionar por aumentos salariales. Ese contexto facilitó la aplicación de políticas de ajuste del ingreso real de los trabajadores.

El diagnóstico oficial atribuía la inflación principalmente al déficit fiscal. En 1975 el desequilibrio de las cuentas públicas había alcanzado el 12,5% del PBI. El programa económico buscó reducir ese desequilibrio mediante aumentos de impuestos, recortes en el gasto público y subas en las tarifas de las empresas estatales.

Durante los primeros años el déficit fiscal disminuyó. Según Visintini, el desequilibrio bajó al 7,8% del PBI en 1976 y cerca del 3% en 1977. Sin embargo la inflación continuó siendo muy elevada. El índice de precios había alcanzado el 349% anual en 1976 y se mantuvo en niveles superiores al 150% en los años siguientes.

Mientras tanto el sector agropecuario experimentó un crecimiento significativo debido a la mejora de los precios relativos. La campaña agrícola 1976-1977 alcanzó una producción de 32,4 millones de toneladas de granos, lo que representó un aumento del 35% respecto del ciclo anterior. Ese incremento permitió mejorar transitoriamente el saldo exportador del país.

La reforma financiera de 1977 transformó profundamente el funcionamiento del sistema bancario. Se liberalizaron las tasas de interés y el Banco Central pasó a controlar la política crediticia mediante el encaje bancario. “La intención era elevar los rendimientos reales de los activos financieros para aumentar la demanda de dinero”, dice Vicentini.

Sin embargo el problema inflacionario persistía. En diciembre de 1978 el gobierno lanzó un nuevo programa de estabilización basado en la apertura comercial y en el establecimiento de la llamada tablita cambiaria.

Consistía en un cronograma de devaluaciones previamente anunciado por el gobierno. El objetivo era reducir la incertidumbre sobre el tipo de cambio y anclar las expectativas inflacionarias.

Durante un tiempo el programa logró moderar parcialmente la inflación. La tasa anual descendió desde niveles cercanos al 140% en 1978 hasta el 87,5% en 1980. Pero el esquema generó un creciente atraso del tipo de cambio. La inflación interna continuaba siendo superior al ritmo de devaluación fijado en la tablita.

Esteban Martín, comerciante del rubro repuestos automotor de Córdoba, recuerda las distorsiones que generó aquella “tablita” cambiaria. “Un Renault 12 break llegó a costar 30.000 dólares, mientras que una casa valía la mitad o menos. La gente pensaba que un auto era una inversión y no un bien de uso”.

También recuerda precios cotidianos fuera de escala por la caída del precio del dólar: “En el bar Sorocabana, un cortado llegó a costar seis dólares”, menciona. Hacia el final de la Dictadura “ya se sabía que la inflación era de 10% mensual y todos se acomodaban a ello”. Igual había plazos de 30 o 60 días con los proveedores y mucho efectivo circulante. “La industria era casi toda nacional”, agrega.

Gerardo Seidel daba por esa época inicio a su industria plástica en Córdoba y recuerda efectos de la “tablita” cambiaria en un negocio personal: “Hicimos una casa y la vendimos en 250 mil dólares, al año terminamos una segunda propiedad igual y no la podíamos vender por 150 mil dólares”.

Ese atraso cambiario provocó estragos. “Hubo gente que vendía sus propiedades para comprar dólares o viajar, con el tiempo, después del salto cambiario, no pudieron recuperar nada, se fundieron”, señala.

Aquel tipo de cambio barato también motivó un fuerte incremento de las importaciones y un deterioro de la balanza comercial. En 1980 el déficit comercial superó los U$S 2.500 millones. El ingreso de productos importados comenzó a afectar seriamente a varias ramas industriales.

Al mismo tiempo se produjo una masiva entrada de capitales financieros atraídos por las altas tasas de interés internas. Ese proceso derivó en un aumento acelerado del endeudamiento externo.

La deuda externa argentina creció de manera vertiginosa durante esos años. Según los datos de Visintini, el pasivo externo del país pasó de alrededor de U$S 27.162 millones en 1980 a U$S 43.634 millones al final de la dictadura en 1983.

El deterioro del sistema cambiario se hizo evidente hacia fines de 1980. La desconfianza en la tablita provocó una fuerte fuga de capitales y una pérdida acelerada de reservas internacionales del Banco Central.

En 1981 el nuevo ministro de Economía Lorenzo Sigaut debió aplicar fuertes devaluaciones para corregir el atraso cambiario. La economía entró en una profunda recesión. El producto interno bruto cayó 6,6% y la producción industrial se redujo alrededor de 16%.

La inflación volvió a acelerarse y alcanzó el 131% anual en 1981. El déficit fiscal volvió a expandirse y llegó al 18% del PBI.

La crisis financiera también afectó a numerosas empresas endeudadas en el exterior. El Banco Central terminó absorbiendo parte de esas obligaciones mediante mecanismos de estatización de la deuda privada.

Los últimos años del régimen militar estuvieron marcados por una profunda inestabilidad económica y política. Tras la guerra de Malvinas y la caída del gobierno de Leopoldo Galtieri, distintos equipos económicos intentaron estabilizar la situación.

Entre ellos participaron José Dagnino Pastore, Jorge Wehbe y Domingo Cavallo, este último durante un breve período como presidente del Banco Central. Sin embargo los desequilibrios acumulados resultaron muy difíciles de corregir.

La inflación continuó escalando y llegó al 210% en 1982. Un año después, cuando finalizó la dictadura y se inició la transición democrática, el aumento de precios alcanzó el 434% anual.

El balance económico del período resultó profundamente contradictorio. El intento de reducir la intervención estatal y estabilizar la economía terminó con una industria debilitada, un fuerte aumento del endeudamiento externo y una inflación que seguía fuera de control.

Visintini concluye que los objetivos iniciales del programa económico fracasaron. “La apertura comercial se implementó en un contexto de desequilibrios fiscales y financieros que hicieron inevitable la crisis externa”, sostiene el economista.

La recuperación democrática en 1983 heredó una economía con inflación muy elevada, un sector productivo golpeado y una pesada carga de deuda externa que condicionaría la política económica durante los años siguientes.