50 años. Menéndez, el dueño de un aparato represor sangriento que comenzó a matar antes del golpe

Raúl Pedro Telleldín no pudo ver cómo la democracia renacía: murió el 21 de octubre de 1983, nueve días antes de las elecciones que significarían el fin de la dictadura militar, cuando conducía un Ford Falcon en la Cuesta Colorada, en los dominios del Tercer Cuerpo del Ejército.

Su nombre está grabado de manera indeleble en la matriz de la represión ilegal que azotó a Córdoba hace 50 años: fue jefe de la División de Informaciones de la Policía de Córdoba (D2), una pieza clave del armado de ese aparato clandestino que Luciano Benjamín Menéndez usaría para secuestrar, tortura, violar, asesinar y desaparecer a miles de personas, en su rol de máximo jefe político y militar de la provincia.

Como en otros momentos clave de la historia argentina, Córdoba sería un laboratorio, un “ensayo general” del terrorismo de Estado. Los secuestros, las desapariciones, las torturas y los asesinatos sistemáticos no se iniciaron el 24 de marzo de 1976, sino varios meses antes, aproximadamente en octubre de 1975.

El día del golpe militar del que se cumple medio siglo, el aparato pergeñado por Menéndez ya estaba aceitado. Una máquina de matar.

Ahora, la triple A es un tipo de pila. Pero hace medio siglo, las siglas correspondían a la Alianza Anticomunista Argentina, un escuadrón de la muerte parapolicial que actuó durante los gobiernos de Juan e Isabel Perón bajo el ala del ministro de Desarrollo Social José López Rega.

En Córdoba, el rol de la Triple A lo asumiría el Comando Libertadores de América, integrado fundamentalmente por policías que comandaba Telleldín, el hombre que murió en un Falcon unas horas antes que la democracia despuntara.

En febrero de 1974, la Policía de Córdoba derrocó al gobernador constitucional. Ricardo Obregón Cano. En diciembre de ese año aterrizaría en la provincia Héctor Pedro Vergez, un capitán del Ejército y agente de inteligencia que tendría dos misiones fundamentales:comenzar a confeccionar las listas que se usarían para secuestrar personas y conectar a los policías de Telleldín con los militares de Menéndez, quien esperaba su turno para darle a la represión ilegal escala de genocidio.

Vergez se transformó en una pieza clave al vincular a los policías de Telleldín, que operan desde el Cabildo de la Ciudad de Córdoba, con los militares que tenían como jefes a Ernesto Guillermo Barreiro y Jorge Exequiel Acosta, los lugartenientes de Menéndez en la represión ilegal que operaban desde el Destacamento 141 de Inteligencia del Ejército, enclavado en los predios de la actual Universidad Provincial.

Aunque no era cordobés, Vergez, pieza clave del entramado del terrorismo de Estado en Córdoba, murió en la cárcel de Bouwer, cumpliendo su condena por los crímenes que cometió en La Perla.

Camilo Ratti, biógrafo de Menéndez y autor del libro “Cachorro”, por el apodo del represor, dice que con la llegada del militar al poder de Córdoba, en octubre de 1975, cuando asume como jefe del Tercer Cuerpo, comienza la ola de secuestros y desapariciones que “aterrorizaría” a la población y sembraría la “zozobra” entre los cordobeses.

Por entonces, el peronista Raúl Bercovich Rodríguez interpretaba el rol de interventor federal, pero Menéndez concentraba el poder real y militar como jefe de la “comunidad informativa”, una especie de comando conjunto e ilegal de las fuerzas militares y de seguridad.

A los pocos días, en noviembre de 1975, Menéndez habilitó como centro clandestino Campo de la Ribera, donde irán los primeros detenidos ilegales. “Entre octubre de 1975 y enero de 1976 hay 59 desaparecidos en Córdoba. De hecho, el tema pasa a ser noticia nacional”, dice Ratti.

Luciano Benjamín Menéndez llegó a Córdoba en mayo de 1975, días antes de cumplir 48 años. Era parte del engranaje de generales que en julio de 1975 pondría en marcha el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. En ese plan, en octubre del 75 asume la comandancia político y militar de la provincia.

“Los primeros desaparecidos coinciden con el momento en el cual Menéndez toma el control de la ‘comunidad informativa’. En paralelo, Menéndez se integra el grupo de generales que comienza a preparar las directivas que serán la columna de la represión ilegal en todo el país”, detalla Ratti.

Aunque el primer centro de detención ilegal fue Campo de la Ribera, el símbolo del terrorismo de Estado es La Perla, el edificio enclavado sobre una loma a la altura de Malagueño, que comenzó a funcionar como base de operaciones clandestinas en febrero de 1976.

Así, la operación de La Perla quedaría en manos de Jorge Exequiel Acosta y Ernesto Guillermo Barreiro. El primero estaría al frente de los “operativos” de secuestro, el jefe de los secuestradores; el segundo, lideraba las sesiones de tortura, las violaciones y los asesinatos.

Ambos, aún vivos. Acosta beneficiado por la prisión domiciliaria, ve por estos días los huesos que se desentierran en “Loma del Torito”.

Entre las 12 personas identificadas por los restos hallados en La Perla está Jorge “el Tero” Valverde, un abogado de derechos humanos que fue secuestrado el mismo 24 de marzo, una demostración evidente que las listas de personas a secuestrar/asesinar se habían confeccionado en el Destacamento 141 durante el año 1975.

En ese sentido, Ratti dice: “El aparato represivo estaba centralizado en Menéndez y en el Destacamento 141, de Inteligencia del Ejército, que era donde se decidía a quién secuestrar”.

Se estima que por el centro clandestino de detención La Perla pasaron alrededor de 2.300 personas entre las horas previas al golpe y su desmantelamiento como cárcel ilegal, en 1979.

No todos los detenidos en La Perla fueron desaparecidos. Algunos, eran asesinados en la calle, en “enfrentamientos simulados”; tal como quedó demostrado en el “caso Brandalise”, primer juicio por delitos de lesa humanidad realizado en Córdoba en 2008, en el cual fueron condenados Menéndez y “la patota de La Perla”. La mayoría de las víctimas de “enfrentamientos” fueron enterradas en las fosas comunes del cementerio San Vicente.

De los detenidos/desaparecidos de La Perla quedó vivo un grupo de 17 personas, que fueron quienes pudieron reconstruir los nombres de quienes pasaron por la cárcel clandestina y los métodos de tortura aplicados, como también identificar a los secuestradores, torturadores y asesinos, con sus jerarquías y responsabilidades.

“En 1978 hay una discusión en la cúpula del poder militar respecto de qué hacían con los secuestrados. Ahí surge que en la Esma (Escuela Militar de la Armada, en la ciudad de Buenos Aires) hay detenidos/desaparecidos obligados bajo tortura, sometidos, a trabajar para Emilio Massera (almirante, jefe de la Armada). Hay una gran interna militar, pero se define que un grupo quede vivo como transmisores del terror. Sin ellos, nunca hubiésemos sabido qué pasó. De hecho, en un juicio Menéndez dijo: ‘Deberíamos haberlos matado a todos’”, cuenta Ratti.

Menéndez murió el 27 de febrero de 2018 en el Hospital Militar, a los 90 años, mientras cumplía 13 cadenas perpetuas por crímenes que cometió entre 1975 y 1979, tiempo en el que fue amo de la vida y de la muerte en esa provincia. Estuvo en Córdoba 43 años y pasó casi una década en prisión.

Triste, solitario y final.

Es difícil imaginar la Córdoba de la represión ilegal en “democracia”. Algunos títulos de La Voz del Interior de esa época sirven para dimensionar el clima de época y la escalada de violencia desde que Menéndez llegó a Córdoba.

“Con paro y movilización respondió el SEP al secuestro de un delegado”, se lee en la edición del 13 de noviembre de 1975; “El asesinato de nueve estudiantes acrecienta el terror, la angustia y la zozobra”, se publicó el 5 de diciembre. La noticia agrega: “Los jóvenes fueron secuestrados y luego acribillados; los cadáveres aparecieron camino al dique Los Molinos”.

Ya en enero de 1976 se suceden los titulares: “Continúan siendo secuestradas personas en nuestra ciudad”; “En pleno Centro secuestran a un empleado de Epec”; “Aterroriza a la población la vandálica escalada de secuestros: en las últimas horas han desaparecido 14 personas”.

El terror infundido desde el Estado estaba en marcha meses antes del golpe de Estado. El viernes 25 de enero de 1976, los familiares de decenas de secuestrados convocaron a una marcha del silencio, pero el gobierno de la intervención federal, a instancias de Menéndez, la prohibió. Peticionar a las autoridades no era una posibilidad, aún en democracia.