Seguridad. La Policía ya tiene relevados los costos de 36 operativos por amenazas de tiroteos, pero la factura será "política"

De un centenar de denuncias de amenazas de tiroteos escolares en las últimas dos semanas se desprendieron unos 80 operativos policiales, tras el primer filtro del operador del 911. Y de ese número, en unos 40 casos se logró identificar al autor o a los autores de las amenazas Es en ese universo más restringido sobre el que la Policía centró el estudio de los costos para poder pasarle “la factura” a los padres.

El análisis de las direcciones generales Departamentales Norte, Sur y Capital sobre 36 operativos que tienen identificados a sus autores supera los 476 millones de pesos. Y ya hay cinco casos con la investigación cerrada, que son los primeros que podrían salir con notificaciones de pago a las familias de los adolescentes involucrados.

Pero no se pasarán los costos completos, sino un valor "razonable", que estaría "topeado" en un monto de entre 5 y 6 millones de pesos, para los casos que hayan demandado más tiempo y más recursos tecnológicos de investigación, según definió el ministro.

El número de costos de cada operativo es muy variable y depende de cuántos recursos se movilizaron y por cuánto tiempo. Y más allá de las cuantificaciones económicas que se hacen, en la Policía quieren poner en agenda la pérdida de tiempo y de recursos para la seguridad que distrae cada uno de estos eventos, que no puede ser minimizado ni tratado con desdén, menos tras el caso de San Cristóbal, en Santa Fe.

De los 36 eventos que ya tienen estudios de costos determinados, 26 casos se dieron en Capital, 4 en jurisdicción de la Departamental Sur y 6 en la Norte.

El monto global gastado en estos operativos fue determinado en $ 476.159.373,10

“Este presupuesto contempla no solo las horas hombre de los agentes, sino también el despliegue de móviles, unidades especiales, investigaciones y el soporte técnico necesario para garantizar la seguridad de alumnos y docentes”, se consignó en los informes técnicos.

No todos estos rubros serán integrados en las facturas y no se calcularán los costos como servicios adicionales, todo para ajustar el monto que en los cálculos que hicieron los administrativos de la Jefatura de Policía llegan a valores que se consideraron exagerados.

En el relevamiento policial destacan cinco eventos en establecimientos donde el despliegue fue excepcionalmente costoso debido a la complejidad de las tareas y la duración de la vigilancia, según explicaron desde la Policía.

No se dan a conocer los nombres de las escuelas para proteger a la comunidad educativa y también para evitar dar la “recompensa” de notoriedad, uno de los posibles motores que incentiva a los autores de estas amenazas.

Se ordena de mayor a menor, por el valor estimado de costos operativos, sin la aplicación de los "descuentos políticos".

La carga operativa de la Policía de Córdoba en cada uno de estos casos no es uniforme y se carga en diferentes tareas. En los 36 operativos, hubo patrullaje preventivo (clase A y jefes). Son los encargados de la vigilancia en el "día del incidente" y el "día del posible atentado". En algunos casos, los fiscales ordenan móviles frente al colegio, en otros consignas en dos turnos. Pueden durar uno o dos días o, como ocurrió en un caso, una semana completa.

Por protocolo de incidentes en establecimientos educativos, se tienen que involucrar los jefes de distrito o zona, cuya hora de trabajo tiene un costo superior.

También se solicita personal de investigaciones. Son quienes se encargan del rastreo de las amenazas. Se registra su participación en al menos 30 de los 36 casos. Son clave para identificar a los sospechosos y luego de producir los allanamientos y secuestro de evidencias, entre ellas la más importante: el teléfono celular del sospechoso. Se suman muchas horas de trabajo en el análisis de la información de cada celular y es diferente el costo si el acusado desbloquea la unidad en forma voluntaria o debe utilizarse el decodificador digital o “buffer”, el aparato que descifra los patrones alfanuméricos con el que se protege el acceso a un celular. Cada “disparo” del buffer tiene costo en dólares y la Dirección de Investigaciones tiene un cupo anual, por contrato.

En algunos casos se convoca al Departamento Explosivos. Actuaron específicamente en casos como los de Cosquín, utilizando perros entrenados y motocicletas para el barrido de los edificios.

En estos operativos participaron 9 canes entrenados, que participaron en tres casos para la detección de posibles artefactos peligrosos.

No se mensuran, pero sí se consigna que en dos casos (los de Cosquín) se tuvieron que convocar recursos no policiales: son las colaboraciones de ambulancias o de personal municipal para controlar o desviar el tránsito.

La Policía ya tiene cerradas las investigaciones con la determinación de autores y el cálculo de costos en cinco casos ocurridos en la ciudad de Córdoba. Como se dijo, no se pasarán todos los costos sino un monto con un tope, el que se entienda "racional". El ministro Quinteros determinó que, en principio, no se consideren horas adicionales y eso ya establece un descuento de un 30 por ciento en las asignaciones.

Los costos de estos primeros operativos cerrados se ordenan menor a mayor en monto, aunque estos no serían los valores que efectivamente reciban como notificación de pago las familias por la aplicación de topes y eliminación de algunos ítems contemplados en el cálculo, todo para cumplir la consigna que puso Quinteros de no perder razonabilidad.