Medida. Amenazas en escuelas de Córdoba: la Provincia cobrará los operativos a los responsables
El Ministerio de Seguridad de Córdoba resolvió este miércoles que las familias de estudiantes que realicen falsas amenazas de tiroteos en escuelas deberán afrontar los costos de los operativos policiales. La medida se da en un contexto de creciente preocupación: ya hay 29 alumnos imputados por este tipo de hechos en la provincia.
La decisión fue formalizada por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, a través de la puesta en marcha del Protocolo de Recupero y Resarcimiento, que permitirá reclamar a los padres o adultos responsables los gastos generados por cada intervención estatal ante amenazas en establecimientos
En la Justicia, las causas se concentran en el fuero penal juvenil. En la fiscalía de Soledad Carlino se registraron 115 denuncias y 26 adolescentes imputados, mientras que en la fiscalía de Gustavo García hay 121 denuncias y tres imputados, además de 22 adolescentes inimputables por su edad.
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La medida oficial establece que toda amenaza de tiroteo, intimidación pública o falsa alarma que obligue a desplegar recursos del Estado, como efectivos policiales, brigadas especiales, bomberos o áreas de investigación, derivará no solo en consecuencias penales, sino también en el recupero económico de los costos operativos.
Desde el Ministerio de Seguridad advirtieron que no se trata de hechos menores. “Cada vez que alguien realiza una falsa amenaza en una escuela, se moviliza un importante dispositivo estatal. Eso tiene un costo, y ese costo no puede seguir recayendo sobre toda la sociedad”, señalaron.
Cómo se implementará la medida
El procedimiento prevé que, una vez identificados los responsables por parte de la Justicia, el Estado provincial cuantifique los recursos utilizados, personal, móviles, tecnología y tiempo operativo, e intime el pago a los adultos responsables de los menores de edad involucrados. En caso de incumplimiento, se podrán iniciar acciones judiciales.
La decisión se enmarca en una política más amplia orientada a frenar la escalada de amenazas que, según las autoridades, alteran el funcionamiento escolar, generan angustia en la comunidad educativa y obligan a desviar recursos de seguridad.
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El nuevo protocolo busca enviar una señal clara: quienes generen este tipo de amenazas deberán hacerse responsables no solo en términos penales, sino también económicos. “Son conductas graves que ponen en vilo a toda una comunidad educativa y afectan recursos que pertenecen a todos los cordobeses”, indicaron desde la cartera de Seguridad.
Además de la sanción, el objetivo es desalentar la repetición de estos hechos y reforzar la prevención. En ese sentido, las autoridades remarcaron la importancia de que las familias acompañen y supervisen el uso de redes sociales por parte de los adolescentes.
En las últimas horas, se registraron nuevas pintadas con amenazas en dos escuelas primarias de la ciudad de Córdoba: la escuela Mariano Fragueiro y la escuela Estanislao del Campo, ambas ubicadas en la zona sudeste, según confirmó Quinteros.
Un fenómeno en crecimiento
Las amenazas comenzaron a multiplicarse en distintas provincias luego del tiroteo ocurrido semanas atrás en una escuela de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, donde un adolescente mató a un compañero.
A partir de ese hecho, se detectó la circulación de contenidos violentos en redes sociales, incluido videos virales en TikTok, que alentaban a estudiantes a replicar este tipo de mensajes en sus escuelas.
Especialistas vienen advirtiendo sobre el riesgo de un “efecto contagio”, con hechos de alto impacto que pueden derivar en conductas imitativas entre adolescentes.
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En Córdoba, el fenómeno se expresó en una seguidilla de amenazas que obligaron a activar protocolos de emergencia en numerosos establecimientos. Tal como publicó La Voz, las autoridades ya habían detectado un aumento de casos y advertido sobre la necesidad de reforzar medidas preventivas.
Estos antecedentes encendieron alertas sobre el rol de plataformas como Discord, Reddit o TikTok, donde circulan discursos violentos o desafíos virales que pueden influir en conductas de riesgo. Desde el Ministerio de Seguridad insistieron en que el abordaje debe ser integral, con la participación de la Justicia, el sistema educativo y las familias.
