La Voz En Vivo. Alumnos amenazan, padres pagan: enviarán notificaciones y cobrarán hasta $ 16 millones por operativo

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó el envío de notificaciones a padres por los escritos con amenazas de tiroteo que hubo en colegios de Córdoba. Todos los operativos se cobrarán.

El Gobierno de Córdoba implementará severas sanciones económicas a las familias de los estudiantes que realicen falsas amenazas de tiroteos o bombas en colegios. La medida busca frenar la ola de intimidaciones y recuperar los fondos estatales desplegados en la emergencia.

Durante la entrevista a La Voz En Vivo, el ministro de Seguridad provincial brindó detalles de la iniciativa. Confirmó que en la actualidad ya se están analizando los primeros cuatro casos para enviar las notificaciones de pago.

El despliegue de las fuerzas de seguridad ante una alerta falsa demanda una importante cantidad de recursos logísticos y humanos. Según los datos oficiales, el costo base de cada movilización policial arranca en los 4 millones de pesos.

Dependiendo de la magnitud y la jurisdicción, "los gastos operativos pueden escalar hasta los 15 ó 16 millones de pesos". Estos montos contemplan la intervención de brigadas de explosivos, bomberos, unidades de inteligencia y servicios de emergencia médica.

Al respecto, el funcionario provincial aclaró el espíritu de la medida que se aplicará frente a esta creciente problemática. "No tiene por ánimo un fin recaudatorio sino resarcir al estado por los gastos que se produjeron", explicó Quinteros.

La decisión del Ejecutivo no se basa en multas o sanciones estipuladas de manera aislada dentro del Código de Convivencia. El cobro se fundamenta en el Código Civil y Comercial, que establece la responsabilidad patrimonial de los progenitores por daños de sus hijos menores.

"No estamos inventando nada simplemente estamos reglamentando", sostuvo el ministro de Seguridad durante la transmisión. Además, precisó que el dinero recaudado ingresará a una cuenta especial destinada a dotar de mayores recursos a la Policía de Córdoba.

Si las familias se negaran a abonar los gastos notificados administrativamente, el Gobierno provincial avanzará de inmediato por la vía judicial. El reclamo pasará a manos de la Fiscalía de Estado para exigir el resarcimiento correspondiente a los infractores.

El contexto actual genera máxima preocupación en las autoridades educativas y de seguridad por el estrépito social que ocasionan las amenazas. Hasta el momento, la Justicia provincial contabiliza 29 alumnos imputados por este tipo de delitos solamente en la ciudad de Córdoba.

A esta cifra de jóvenes judicializados se suman otros 22 adolescentes que ya fueron identificados como autores de las llamadas o mensajes. Por su edad, estos últimos son considerados inimputables, pero sus familias deberán responder civilmente con sus propios patrimonios.

Las autoridades provinciales advirtieron que estas acciones constituyen un delito penal, tipificado como intimidación pública o amenazas calificadas. El objetivo de la reglamentación es que los adultos responsables comprendan el grave impacto económico y judicial de estas falsas alarmas.

"Nosotros no queremos aplicar multas, sino el concepto de responsabilidad patrimonial resarcitoria", dijo el ministro en lo que consideró que esta "moda" algunos chicos la consideran "una travesura y no lo es".

"Es un hecho delictivo por amenazas calificadas por el anonimato", recordó el ministro en La Voz En Vivo.

"No tienen por qué pagar los cordobeses estos operativos", dijo Quinteros, quien busca desalentar de esta forma las nuevas amenazas en colegios tras los escritos realizados luego del tiroteo fatal en un colegio de San Cristóbal Santa Fe.

"En el caso de las amenazas de bomba, que son operativos más grandes que estos, nos cuestan entre 13 y 17 millones de pesos", recalcó.

"Por poner en un azulejo de un baño 'Mañana, tiroteo' tenemos que activar un protocolo y movilizar gente, además de la zozobra y miedo que se genera en la comunidad educativa", sostuvo Quinteros.

Un operativo por amenaza de tiroteos puede costar "entre cuatro millones a 15 ó 16 millones de pesos", explicó el ministro, quien dijo que estuvo este viernes en Jefatura para evaluar el envío de las notificaciones de los cuatro primeros operativos que hubo. "Va a depender de cada operativo, si fue en la ciudad de Córdoba o en el interior".

"Se abrirá una cuenta especial de la Policía de Córdoba, sin ánimo recaudatorio, porque esto se va a destinar para los operativos en las calles", indicó. En caso de que un padre no pague, se enviará la causa a la Fiscalía.