Transporte. La Municipalidad define si continúa FAM y acelera un rediseño contrarreloj del sistema
Este martes se conocerá si el grupo continuará operando los corredores 2, 5 y 7. La empresa denunció ser víctma de un sabotaje y desde el domingo no puede prestar el servicio. Cómo fue el primer día del plan de contingencia.
La Municipalidad de Córdoba entró en horas decisivas para el futuro inmediato del transporte urbano de pasajeros. Según confirmó una alta fuente del Ejecutivo, este martes se conocerá la resolución oficial que definirá cómo queda la relación comercial con el Grupo FAM, la empresa que dejó de prestar de manera intempestiva los corredores 2, 5 y 7 este domingo y obligó a activar un plan de contingencia de emergencia.
El conflicto con FAM precipitó ese escenario. Hasta ahora, la empresa no presentó formalmente ante el municipio un plan de recuperación del servicio tras el sabotaje que denunció el domingo, con el robo de las llaves de toda la flota.
Lo que circuló fueron versiones informales y públicas sobre tareas de copiado de llaves y recuperación de unidades, una línea de comunicación que en el municipio describen como "poco seria" frente a una crisis de esta magnitud.
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A esa falta de definiciones se suma la investigación judicial en marcha por la denuncia de sabotaje presentada por la propia empresa.
La Municipalidad ya dejó claro que no autorizará bajo ningún punto de vista que FAM vuelva a mover sus colectivos hasta que se completen los peritajes y haya garantías plenas de seguridad.
En el Ejecutivo entienden que cualquier movimiento anticipado puede alterar pruebas y, además, poner en riesgo a choferes, pasajeros y terceros si los daños son más profundos de lo que se conoce.
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Una definición administrativa que destraba todo el tablero
La resolución que se anunciará en las próximas horas es decisiva porque ordena formalmente el vínculo con FAM, un paso que reclaman tanto las otras empresas como la UTA.
En la práctica, la Municipalidad debe definir si corta de inmediato la relación comercial con la prestataria o si sostiene formalmente la fecha original del 31 de marzo como cierre del esquema precario que estaba vigente.
Ese paso es indispensable para destrabar el resto del rompecabezas. Mientras la relación con FAM quede en una zona gris, el municipio no puede avanzar del todo con la reasignación de líneas, la instalación de nuevos operadores ni la redistribución de equipamiento técnico como las máquinas validadoras de boletos.
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También es un punto sensible para la UTA, que ya llevó el tema a la Secretaría de Trabajo por la incertidumbre sobre la situación laboral de los choferes.
En el municipio aseguran que el objetivo de máxima sigue siendo el mismo: que el sistema quede completamente rediseñado y redistribuido desde el 1° de abril.
Para eso, los equipos técnicos vienen trabajando a contrarreloj sobre antecedentes, penalidades y alternativas de reemplazo, mientras se les pidió “paciencia” a los dirigentes gremiales y a los trabajadores para no entorpecer la transición con medidas de fuerza.
En paralelo, el Ejecutivo hace equilibrio entre dos necesidades. Por un lado, debe enviar una señal de firmeza frente a una empresa que dejó de prestar el servicio. Por el otro, necesita sostener la paz social y evitar que el reordenamiento derive en un conflicto mayor con los choferes o en un vacío operativo en corredores sensibles.
El futuro de los corredores 5 y 7, y la gran incógnita del 2
Mientras se encamina la definición administrativa con FAM, la Municipalidad negocia con otros actores para cubrir las líneas vacantes. Según fuentes cercanas a la negociación, el reparto del futuro esquema ya empezó a delinearse.
La empresa puntana SolBus aparece posicionada para hacerse cargo del corredor 7, con una oferta que rondaría las 70 unidades listas para desembarcar, mientras Sierras de Calamuchita se perfila para asumir el corredor 5.
En el Palacio 6 de Julio, sin embargo, se muestran cautos. La explicación es simple: no se puede formalizar el ingreso de nuevos prestadores hasta que no quede claro cómo se resuelve legalmente la salida de FAM.
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La prudencia no es sólo jurídica. También responde a la experiencia reciente: el municipio no quiere anunciar más de lo que efectivamente puede poner en la calle.
Por eso, la gran incógnita sigue concentrada en el corredor 2. Hasta ahora, el único oferente firme para ese paquete era FAM, pero dentro de una propuesta integral junto con los corredores 5 y 7.
Si esa ecuación se rompe, la ciudad se queda sin un reemplazo claro para uno de los recorridos más importantes del sistema, el que conecta el norte con el sur de Córdoba y concentra un volumen crítico de pasajeros.
Dota, la presión por los tres corredores y el trasfondo político
La negociación con FAM se volvió todavía más compleja por la irrupción del Grupo Dota como respaldo operativo y de management. En la propuesta mejoradora presentada por la empresa local, el holding porteño aparece como soporte para tomar el control de la operación, el mantenimiento y la administración de la flota. En los hechos, eso se leyó como el desembarco indirecto del grupo más grande del transporte de pasajeros del país en Córdoba.
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Pero esa llegada tampoco se dio en términos neutros. Cayeron muy mal en el municipio las declaraciones del vocero de Dota, que fijó como condición para sostener el esquema que la operación incluya los tres corredores: 2, 5 y 7.
En el Palacio 6 de Julio interpretaron ese planteo como una forma de presión en plena definición del mapa, en momentos en que el Ejecutivo justamente busca evitar que una sola empresa vuelva a concentrar demasiado peso dentro del sistema.
Cómo funcionó este lunes la contingencia en la calle
La crisis de FAM obligó a montar este lunes un operativo de emergencia para sostener el servicio.
El secretario de Gobierno, Rodrigo Fernández, definió lo ocurrido como “un hecho inédito, insólito y muy grave” y confirmó que la empresa reportó la desaparición de más de 200 llaves, el robo de 50 módulos electrónicos y la presencia de azúcar en los motores de otras 50 unidades.
Con ese cuadro, la Municipalidad prohibió la salida de la flota afectada hasta que la Justicia determine el alcance real de los daños.
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Mientras tanto, el intendente Daniel Passerini ordenó que los viajes en las líneas cubiertas por la contingencia sean gratuitos para los usuarios, una medida que busca amortiguar el impacto del caos operativo y evitar mayores perjuicios a quienes dependen del sistema.
Fernández ratificó que, por decisión del intendente, durante la emergencia los viajes en esos corredores serían completamente gratuitos. En la práctica, las validadoras quedaron fuera de servicio y no fue necesario utilizar la tarjeta Sube para abordar las unidades asignadas al operativo especial.
La cobertura de emergencia se distribuyó entre Tamse, SíBus y Coniferal. Tamse tomó el corredor 2 y las líneas 600 y 601 con 78 colectivos propios. SíBus absorbió el corredor 5 con unos 40 coches, mientras que Coniferal se hizo cargo del corredor 7 con 50 unidades. Aun así, hubo largas colas en paradas, demoras y muchos usuarios optaron por otros medios de movilidad, desde bicicletas hasta Uber.
Una de las particularidades del esquema fue el rol de los choferes de FAM. Cada unidad de refuerzo salió con un conductor de la empresa que aportó el colectivo y con un trabajador de FAM como acompañante. Según explicó Fernández, su tarea fue guiar el recorrido, marcar paradas y asistir con referencias para que el servicio pudiera salir con la menor cantidad de errores posible.
El vocero de la UTA disidente, Adrián Lentini, dijo que los choferes estaban “poniendo el pecho” para garantizar la prestación y defender las fuentes laborales.
La dura denuncia de Luis Juez
En medio de la crisis, Luis Juez lanzó una crítica durísima contra la gestión del transporte en Córdoba y vinculó el colapso actual con una matriz de precariedad y negocios irregulares.
El senador sostuvo que el sistema volvió a colocarse, como en la gestión de Germán Kammerath, en una situación frágil y de pésima calidad, con los usuarios convertidos en rehenes de la inoperancia política.
Juez apuntó directamente contra Martín Llaryora y Daniel Passerini por no haber resuelto el marco regulatorio del transporte y por haber dejado, según dijo, la política del sector en manos de empresarios que hicieron negocios en perjuicio de los pasajeros. También volvió a denunciar la figura de Roberto Albisu, a quien señaló como un actor de peso detrás del proceso actual, por encima de las autoridades formales del área.
El exintendente recordó además las denuncias que hizo por el pago de subsidios a Ersa y por el alquiler de 350 unidades a esa firma, de las cuales —según afirmó— sólo unas 200 estaban en condiciones de funcionar. En esa línea, acusó a la gestión de haber privilegiado negocios por encima de la calidad del servicio y advirtió que en los próximos días los cordobeses verán circular unidades precarias, sin ITV y en malas condiciones.
Juez cerró con una denuncia política de fondo: sostuvo que la prioridad del oficialismo nunca fue construir un sistema eficiente, sino favorecer un “negocio espurio” que ahora derivó en un cuello de botella del que la Municipalidad intentará salir con nuevas concesiones precarias. La crítica, más allá del tono opositor, pega sobre una debilidad real de la gestión: la sensación de que otra vez el transporte quedó atrapado entre la urgencia, la precariedad y la falta de una salida de fondo.
