Municipalidad. Luis Juez dice que la crisis del transporte expone “un sistema frágil” y acusa a la gestión de Passerini
El senador sostuvo que el conflicto con FAM revela años de mala administración del sistema urbano. Apuntó contra Martín Llaryora y Daniel Passerini y recordó a la gestión de Germán Kammerath.
La crisis del transporte urbano de Córdoba, agravada por el conflicto con la empresa FAM y las denuncias de un supuesto sabotaje al servicio, volvió a abrir el debate sobre el funcionamiento del sistema. El senador nacional Luis Juez cuestionó con dureza a la actual conducción municipal y sostuvo que la situación es consecuencia de años de decisiones equivocadas.
Para el dirigente opositor, el servicio atraviesa un deterioro comparable al de uno de los períodos más cuestionados del transporte local. “Otra vez el transporte público de pasajeros de Córdoba, como en aquella nefasta administración de Germán Kammerath, está sumergido en la precariedad”, afirmó.
Según Juez, el sistema actual se caracteriza por su fragilidad operativa y por una calidad de servicio deficiente que termina afectando a los usuarios cotidianos. A su juicio, el principal costo lo pagan los trabajadores y estudiantes que dependen del colectivo para moverse en la ciudad.
El senador planteó que los pasajeros quedaron “rehenes” de un esquema que no logra ofrecer previsibilidad. En ese marco responsabilizó directamente a las gestiones municipales de los últimos años.
Críticas a la conducción municipal
Juez apuntó contra el actual intendente Daniel Passerini y contra su antecesor Martín Llaryora, a quienes acusó de no haber resuelto el marco regulatorio del transporte urbano.
Según su análisis, la política del sector terminó delegada en empresarios que priorizan la rentabilidad por encima de la calidad del servicio. En su interpretación, esa lógica habría permitido la consolidación de negocios privados en detrimento de los usuarios.
El senador también sostuvo que existen vínculos entre el proceso licitatorio del sistema y actores empresariales que ya participaron en etapas anteriores del transporte local. Señaló que, según una comunicación de la empresa Dota, quien se presenta como encargado del proceso licitatorio es Roberto Albisu, gerente de Ersa Urbano.
Juez recordó que ese empresario estuvo al frente de la anterior concesionaria del servicio y cuestionó su participación en el nuevo esquema. Además señaló que en el pasado denunció ante la Justicia una presunta irregularidad vinculada con la asignación de subsidios al transporte.
El legislador afirmó que esos fondos correspondían a la empresa municipal Tamse pero habrían sido destinados a cubrir servicios de la firma privada. “Denuncié esta maniobra ante la Justicia”, indicó, y añadió que la causa quedó radicada en el fuero anticorrupción provincial.
De acuerdo con su versión, el expediente todavía no tiene resolución. El senador se mostró escéptico respecto del avance judicial y sostuvo que las investigaciones vinculadas a funcionarios suelen demorarse.
Negocios y deterioro del servicio
En su diagnóstico, la crisis actual es el resultado de un sistema organizado alrededor de acuerdos empresariales que no garantizan un servicio adecuado. En ese marco también cuestionó un contrato firmado por la Municipalidad para el alquiler de colectivos.
Según relató, el acuerdo contemplaba el alquiler de 350 unidades pertenecientes a Ersa, aunque aseguró que solo unas 200 estaban en condiciones de circular. Afirmó además que el pago del contrato estaba respaldado por la recaudación de Tamse, lo que permitía que la empresa retirara diariamente esos fondos hasta cubrir el monto pactado.
El senador consideró que esa operatoria terminó beneficiando a la compañía mientras el servicio continuaba deteriorándose. “Fue un tremendo negocio a costillas de los vecinos de Córdoba”, afirmó.
También sostuvo que el municipio pagó durante meses el alquiler de colectivos que nunca prestaron servicio. En su visión, el resultado fue un sistema cada vez más precario mientras los usuarios seguían enfrentando demoras, cancelaciones y unidades en mal estado.
Juez advirtió que la situación podría agravarse en los próximos días. Según dijo, es probable que comiencen a circular colectivos en condiciones deficientes y con controles técnicos insuficientes.
El senador habló de un clima marcado por presiones y conflictos dentro del sistema. “Extorsión, presiones, sabotajes, aprietes”, enumeró al referirse al escenario que rodea al transporte urbano.
Críticas al enfoque político
El dirigente también cuestionó las prioridades de la gestión municipal. Consideró que, a medida que se acerquen las elecciones, el gobierno local concentrará sus esfuerzos en obras visibles y campañas de comunicación.
En ese sentido anticipó que se multiplicarán intervenciones urbanas menores y acciones de marketing político, mientras el problema estructural del transporte seguirá sin solución.
A su juicio, después de más de seis años de gestión peronista en la ciudad, el sistema no avanzó hacia un modelo eficiente. Por el contrario, sostiene que el resultado es un “cuello de botella” que condiciona cualquier intento de reorganización.
El senador advirtió que la salida que evalúe la Municipalidad podría implicar nuevas concesiones precarias del servicio. En su interpretación, ese camino repetiría errores del pasado y mantendría un esquema que no garantiza mejoras para los pasajeros.
“La prioridad nunca fue implementar un sistema de transporte eficiente para la ciudad”, concluyó. Según su mirada, el problema central es que el negocio del sistema quedó en manos de actores que no tienen como objetivo principal mejorar el servicio que reciben los cordobeses.
