Semanas atrás, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba dispuso la suspensión preventiva de Laura Elena Centeno (55), la empleada judicial que recientemente fue condenada por la Cámara 4ª del Crimen en el marco de la "causa Marieschi", un megafraude de estafas inmobiliarias.
Con esta resolución, Centeno quedó formalmente apartada de su cargo, dejó de concurrir a trabajar y sufrió una inmediata reducción en sus haberes mensuales.
La situación de empleada judicial de Centeno se conoció tardíamente al inicio de este juicio, en marzo pasado. Su condición de agente pública se mantuvo en las sombras durante gran parte del proceso.
Fue recién en pleno desarrollo del debate oral cuando se descubrió una verdad incómoda: una de las imputadas que compartía el banquillo de los acusados junto a Marcelo Javier Marieschi formaba parte de la planta del mismísimo Poder Judicial de Córdoba.
Hasta ese momento nadie durante la instrucción ni en las tramitaciones de Cámara habían advertido que Centeno se desempeñaba en Genética Forense, dependencia que pertenece a la Dirección de Servicios Judiciales, un área que depende del mismo TSJ.
Pero el querellante por varias de la víctimas, Pedro Despouy Santoro, puso en evidencia en su interrogatorio que Centeno tenía el carácter de agente judicial y esto debía ser considerado de modo especial por la misma Justicia.
El hallazgo provocó indignación en los pasillos de Tribunales y aceleró los tiempos de la Secretaría de Sumarios Administrativos.
La condena penal
El entramado criminal liderado por Marieschi operó bajo una fachada de solvencia para captar los ahorros de ciudadanos que buscaban viviendas "en pozo", vendiendo en repetidas ocasiones las mismas unidades a múltiples compradores. En esa estructura, Centeno desempeñó un rol punible.
El pasado 28 de mayo de 2026, el tribunal de la Cámara 4ª del Crimen de Córdoba dictó los fundamentos de una histórica sentencia que no sólo impuso severas penas y una inédita multa punitiva al cabecilla, sino que también selló la suerte penal de la empleada judicial.
Centeno fue formalmente condenada a la pena de un año y ocho meses de prisión en suspenso.
El tribunal la encontró responsable de un hecho de "estafa" y de otro hecho de "estafa procesal en grado de tentativa", conductas consideradas incompatibles con la integridad que se le exige a cualquier miembro de la administración pública y, fundamentalmente, del servicio de justicia.
El marco normativo interno
Al confirmarse la condena en el fuero penal –aun cuando la pena resulte ejecutable de manera condicional o esté sujeta a casación–, el panorama laboral de Centeno cambió de forma radical. El sumario interno avanza ahora con fuerza hacia la resolución de fondo.
La suspensión preventiva dictada de manera directa por el TSJ en junio de 2026 representa el paso institucional obligado para separarla del cargo de forma cautelar.
De este modo, la Secretaría de Sumarios Administrativos del (TSJ) cuenta con el escenario propicio para continuar la tramitación del sumario correspondiente hasta formalizar una posible sanción administrativa final. Dada la gravedad de la condena, podría llegar perfectamente hasta la cesantía o exoneración.
La medida tomada por el TSJ responde a sus facultades otorgadas por el artículo 9° del Acuerdo Reglamentario del TSJ N° 20/1986.
La norma prevé una diferencia sustancial en plazos y alcance de las medidas según la autoridad que las dicte: “El agente a quien se le abre sumario administrativo, podrá ser suspendido, con carácter preventivo y por un término no mayor de 15 días corridos, en caso de falta de confianza u otra falta grave. Cuando el Tribunal Superior de Justicia sea el que aplique dicha suspensión, la misma podrá ser de hasta seis meses”.
El reglamento también contempla que el TSJ puede disponer el cambio físico de tareas y determina las severas implicancias económicas. Debido a la naturaleza de la sanción y la gravedad de la falta, a Centeno se le liquidarán los haberes de forma proporcional durante el lapso de la suspensión.
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Si la resolución definitiva del sumario termina siendo de carácter "expulsivo" (es decir, el despido justificado), perderá de manera definitiva el derecho a percibir los montos que le fueron retenidos durante este período de transición, postergándose todo reclamo económico hasta que la causa quede totalmente resuelta.
El fraude de Marieschi
Javier Marieschi cayó preso en medio de decenas de denuncias por estafas inmobiliarias en barrios del noroeste y torres de departamentos en el centro de la ciudad de Córdoba.
Junto a él quedaron involucrados por el fiscal instructor Enrique Gavier otros acusados que fueron juzgados en otro debate, en procesos abreviados y en el último finalizado en mayo pasado.
Marieschi fue condenado primero a cinco años de prisión como líder de asociación ilícita y en este tramo del expediente por algunas de las estafas en las que la Justicia lo involucra. En esta ocasión se le unificó la sanción en una condena de siete años de prisión –lleva cumplidos unos tres– que debería completar en caso de que la sentencia quede firme.
En el último juicio fueron juzgados otros actores de esta megaestafa, entre ellos quien fue condenado como "otro" jefe de la asociación ilícita, Enrique Modesto Marabian, quien también fue hallado coautor responsable de estafas reiteradas y estafa procesal en grado de tentativa. Recibió una pena de cuatro años y medio de prisión.
Causa Marieschi: en pleno juicio, descubrieron que una de las acusadas es empleada de Tribunales
Centeno es esposa de Marabian y en el juicio quedó probada su participación en una estafa y su intento de cometer una estafa procesal.
La operatoria de Marieschi involucró a decenas de damnificados, en no pocas ocasiones a amigos de toda la vida, varios del club La Tablada donde jugaba al rugby. Uno de ellos, Federico Bernardi, declaró en el último juicio como estafado y se quebró al decir que con Marieschi eran "hermanos".
