Mientras continúa el juicio por estafas inmobiliarias presuntamente cometidas por Marcelo Javier Marieschi (48) y un grupo de integrantes del mismo grupo, surgió una novedad que impacta en el movimiento de los Tribunales provinciales. Hasta la primera audiencia del debate oral que se desarrolla en la Cámara 4ª del Crimen no se conocía que la acusada Laura Elena Centeno (55) trabajaba nada más ni nada menos que en la Justicia de Córdoba.
EAl momento de ser interrogada sobre sus condiciones personales, Centeno respondió una pregunta del tribunal -integrado por María Susana Beatriz Blanc Gerzicich de Scapellato, María Antonia de la Rúa (presidenta) y Luis Nassiz- respecto de dónde trabaja. "En Genética Forense", respondió.
El Instituto de Medicina Forense pertenece al Poder Judicial provincial y depende de la Dirección de Servicios Judiciales, a su vez a cargo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). En un primer momento se informó erróneamente que Genética Forense pertenece a la Policía Judicial y que funcionaba en ese ámbito. En realidad, este instituto se encuentra en barrio Pueyrredón, junto a la Morgue judicial.
Esto no fue advertido en su momento, cuando Centeno fue imputada hace varios años y debía ser informado, de inmediato, a las autoridades para que cursen la novedad a la Secretaría de Sumarios Administrativos, que depende del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). En el interín, ha seguido desempeñándose en el Poder Judicial con la imputación de "estafa procesal" en grado de tentativa y "estafa". Y llegó a juicio sin que nadie lo advirtiera.
Este trámite que se omitió debe realizarse para que se tomen las medidas disciplinarias internas, tras el análisis de la imputación. Muchas veces, esto conduce a la exoneración del Poder Judicial.
Apenas respondió en la sala de audiencias que estaba dentro de la Justicia, el abogado Pedro Despouy Santoro -que representa como querellante a un matrimonio y a otra mujer- pidió al tribunal que se dé noticia de la novedad al área central del Poder Judicial.
A la par, desde Sumarios Administrativos -a cargo del secretario Tristán Quiles- se comunicaron con el tribunal de juicio y certificaron la novedad, comenzando a tomar ahora contacto con el expediente mientras se labran las actuaciones y sigue el juicio. El procedimiento está ahora en etapa de investigación (preliminar), pero aún no abrieron sumario. No obstante, es lo que se espera que suceda.
La acusación
Javier Marieschi ya ha sido condenado por asociación ilícita y estafas inmobiliarias y ahora enfrenta uno de los juicios por otras defraudaciones, quedando pendiente aún otros.
Además de él y la empleada judicial Centeno, en este desdoblamiento de la investigación están acusados también el escribano Adrián Benelbas (49), la arquitecta Constanza Daniela Peláez (45, divorciada de Marieschi después de la detención), Jorge Eduardo Benelbas (47, hermano del escribano), el corredor inmobiliario Fernando José Civalero (55), el comerciante Enrique Modesto Marabian (58, esposo de la mencionada Centeno) y el agente inmobiliario Luis Agustín Damia (36).
Un ardid programado “para captar a las víctimas de la estafa”
¿En qué está involucrada Centeno? Unos de los querellantes en la causa son Federico Bernardi y su esposa Catalina Cabello, ambos representados por Despouy Santoro. Le habían comprado a su íntimo amigo y "hermano" Marieschi una vivienda a construir y este les pidió que le transfirieran como pago una propiedad a Centeno.
El esposo de Centeno, Marabian, está presente en varias de las transacciones, pero recibiendo el dinero mientras Marieschi firmaba.
La transferencia de la casa del matrimonio Bernardi - Cabello terminó con un contrato de alquiler a la "nueva dueña", la empleada judicial Centeno. Esta, luego de inscribir la propiedad a su nombre en el Registro General de la Provincia, comenzó a cobrarles el alquiler respectivo.
Unos dos años después "saltaron" las denuncias de estafas en un grupo de WhatsApp y, ante el reclamo del matrimonio, Centeno habría querido iniciar un juicio de lanzamiento de esta familia. Para esto, aportó documentación a un juez civil en la que se presentaba como la dueña y exigía que desalojaran a Bernardi - Cabello.
Empleada y actora
En comunicación con el magistrado del fuero civil, el fiscal Enrique Gavier advirtió esto e interpuso una medida cautelar que frenó el desalojo. A la vez, además de la imputación de estafas, el fiscal de Delitos Complejos sumó tentativa de "estafa procesal" a Centeno de Marabian.
Ahora, Despouy Santoro aspira a que el juicio declare la nulidad del traspaso inmobiliario de la propiedad del matrimonio a Centeno y se deje sin efecto la inscripción en el Registro.
El abogado sostiene que Centeno quiso engañar al juez al presentar documentación que provenía de un acto cuya voluntad estaba viciada. El matrimonio fue engañado porque, según Despouy Santoro, sabían Marieschi, Centeno y Marabian (entre otros), que estaban estafando a los compradores y que no les entregarían la vivienda que prometían construir.
Para Despouy Santoro la actuación de Centeno es grave porque se aprovechó de su situación de empleada judicial para llevar documentación viciada al juez civil. Añadió el penalista que es más grave lo que hizo porque siendo agente de la Justicia "sus deberes de fidelidad a la ley deben ser mayores".
