Corrían los primeros días de abril de 2023. Algunos empleados municipales vieron –con sorpresa– al entonces titular de la UEPC, Juan Monserrat, subir presuroso al ascensor que conduce desde la cochera del municipio capitalino hasta la oficina del intendente, que en ese momento era Martín Llaryora.
Durante casi dos horas, el gremialista y el intendente, por entonces candidato a gobernador oficialista, en plena campaña para las elecciones provinciales del 25 de junio, hablaron sobre el conflicto entre la UEPC y el gobernador Juan Schiaretti, con un paro docente lanzado por 72 horas.
Dicen que Llaryora fue muy influyente para que Schiaretti solicitara la conciliación obligatoria en aquel momento. El gobernador apostaba a un conflicto a largo plazo para desgastar la resistencia de los docentes.
En aquel momento, como candidato a gobernador oficialista, Llaryora estaba muy preocupado por el recrudecimiento del conflicto en las aulas. “Nos puede pasar lo mismo que a (Ramón Bautista) Mestre, que perdió en gran parte por pelearse con los docentes”, repetían por entonces los dirigentes llaryoristas.
Hacían referencia a las elecciones provinciales de diciembre de 1998, cuando el radical Ramón Mestre perdió su reelección con el peronista José Manuel de la Sota, luego de un prolongado conflicto con los maestros.
El acuerdo entre Schiaretti y la UEPC alumbró en la conciliación, para tranquilidad del candidato en campaña. Pero en aquella charla en el municipio capitalino, Monserrat le habló al candidato oficialista de la problemática que sobrevolaba entre los docentes cordobeses y que iba más allá de un aumento de sueldo.
En síntesis, Monserrat, un experimentado gremialista con raíces peronistas, muy cercano al kirchnerismo, le planteó a Llaryora que por la ambición de Schiaretti de priorizar la obra pública, había descuidado el “capital humano” del Estado provincial, y que los empleados estatales le iban a pasar factura al oficialismo en las urnas.
Si bien Llaryora terminó ganando la elección provincial –por un escaso margen de 64 mil votos sobre el opositor Luis Juez– los datos de encuestas que manejaron los llaryoristas avalaron el pronóstico de Monserrat: la mayoría de los estatales votaron a la oposición, en especial los docentes.
Preocupado por la paz social, Llaryora busca cerrar la paritaria estatal
Aquel pasado no tan lejano reaparece ahora. Con protagonistas y argumentos repetidos. Como gobernador, Llaryora escucha el reclamo de la conducción provincial de la UEPC, liderada por Roberto Cristalli, quien sucedió a Monserrat.
“Si es cierto que el gobernador prioriza la educación, debe poner más plata en el salario. No hay otra solución para resolver el conflicto”, repite el titular del gremio docente.
Sin sorpresa
Llaryora conocía desde antes de llegar al sillón principal del Centro Cívico la problemática en el gremio docente, también atravesada por una fuerte interna gremial.
En aquella charla de abril de 2023, Monserrat le había advertido a Llaryora que la política de Schiaretti de priorizar las obras por sobre los salarios públicos había alimentado el fortalecimiento de los sectores de izquierda en el gremio docente, y de los autoconvocados en el área de Salud, que siguen siendo los grupos más combativos contra el Gobierno provincial.
Llaryora no desconoce la realidad salarial y la interna de la UEPC. Por eso, a fines del año pasado pergeñó un plan, pero la realidad económica se lo volteó de un plumazo.
En noviembre del año pasado, cuando le daba forma a la reforma previsional, Llaryora apostó a recortarles a los activos y a los pasivos con mayores ingresos, para beneficiar al 54% de los jubilados provinciales que cobraban menos de $ 1.300.000. Gran parte de ellos son docentes.
Además, el gobernador tenía pensado soltar la mano en las actuales discusiones paritarias, luego de dos años de fuerte ajuste en los salarios de los estatales cordobeses, sobre todo en 2024.
Más allá del discurso de priorizar la cuestión del capital humano, Llaryora planificaba mejorar sus vínculos con los estatales, pensando en su reelección del año próximo.
Sin embargo, la permanente caída de la recaudación y una inflación que se resiste a bajar del 3% y que erosiona los salarios complicaron la estrategia del gobernador.
Como todos los mandatarios provinciales, Llaryora debe afrontar un cóctel difícil de digerir para las arcas públicas: menos ingresos y más reclamos salariales.
El gobernador afinará el lápiz durante este fin de semana largo para presentar el lunes una cuarta oferta a los docentes, que será mejor que la anterior. Es probable que se vea obligado a pedir la conciliación obligatoria, algo que no quería hacer –como tampoco Schiaretti en 2023– para ganar tiempo y de este modo llegar a un acuerdo con la UEPC.
El síndrome de la frazada corta que enfrenta Llaryora
El acuerdo paritario llegará en los próximos días, pero hay un último dato que generará más ruido en la negociación. El Suoem cerró un acuerdo con el intendente Daniel Passerini por un 26,5% de aumento para todo 2026.
Fue una negociación –llamativamente– muy reservada, sin las habituales protestas callejeras del Suoem. “La inflación bajará mucho desde abril. No creemos que llegue al 19% en el año. Es un gran acuerdo”, repiten cerca de Rubén Daniele, titular del gremio municipal.
El acuerdo capitalino no pasó inadvertido para los docentes. El propio titular de la UEPC le puso un piso a la discusión salarial, tras la asamblea provincial del miércoles pasado, que terminó lanzando el paro de 72 horas. “Exigimos un recupero salarial con un piso del 25% de aumento”, dijo Cristalli, al parecer apuntando al acuerdo en el municipio capitalino.
En el Centro Cívico y en el Palacio Municipal aseguran que Llaryora y Passerini están en contacto permanente y descartan un enojo del gobernador por el acuerdo con el Suoem.
No obstante, los funcionarios que más lo conocen admiten que el gobernador “jamás” hubiera firmado una paritaria que asegura un aumento del 26,5% en este contexto económico.
La discusión, entonces, no es solo salarial. También tiene condimentos políticos. El acuerdo con la UEPC se firmará en una o dos semanas, a más tardar. Pero le será difícil al Gobierno provincial recomponer la relación con la base de los docentes, uno de los objetivos que se había planteado el gobernador a fines del año pasado.
