Martín Llaryora respiró aliviado en el anochecer del jueves. Un llamado del secretario General de la Gobernación, David Consalvi, le confirmó que la UEPC había considerado “superadora” la tercera oferta salarial y que “muy probablemente” lograría atravesar el filtro siempre exigente de la asamblea provincial de delegados departamentales docentes.
No hay, de todos modos, certeza absoluta de que la propuesta sea aceptada. La asamblea provincial, máximo órgano de decisión del gremio docente, está convocada para el próximo miércoles al mediodía.
Pero el termómetro real se conocerá antes: en la tarde del martes ya se podrá anticipar, casi con precisión, el resultado de la votación a partir de los mandatos que las asambleas escolares otorguen a sus delegados departamentales.
En el Centro Cívico, se respira optimismo. Creen que habrá acuerdo. La misma expectativa se percibe en la cúpula provincial de la UEPC, que conduce Roberto Cristalli.
Desde este viernes, el gremio saldrá a “militar” la propuesta en cada escuela. Los delegados oficialistas intentarán convencer a las bases de que esta es la “mejor oferta posible”, en un contexto atravesado por la caída constante de los ingresos provinciales.
Del otro lado, la oposición interna no baja los brazos. La delegación Capital de la UEPC volvió a marcar diferencias este viernes, con una protesta en el Centro de la ciudad de Córdoba, en rechazo a la oferta oficial.
Sin embargo, incluso el propio Franco Boczkowski, titular de la UEPC capitalina, dirigente del Partido Obrero, admite que “probablemente” la propuesta salarial de la Provincia encuentre un respaldo fuerte en el interior.
Como pocas veces, la negociación paritaria con los docentes se volvió central para Llaryora. Un acuerdo no sólo desactivaría el principal foco de conflicto, sino que además ordenaría el resto del frente estatal para todo este año.
En el Centro Cívico dan por hecho que una oferta muy similar será aceptada por el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y por los otros ocho gremios que discuten salarios con la Provincia.
El trasfondo es más profundo. Llaryora está convencido de que en los próximos meses la conflictividad social puede escalar. Por eso mantiene contacto permanente con la mayoría de sus pares. En esa ronda de interconsultas de gestión está hasta el bonaerense Axel Kicillof.
Entre los gobernadores, domina la preocupación. El propio Kicillof advirtió que, si se mantiene la caída sostenida de la coparticipación federal, en apenas dos meses podría enfrentar dificultades para pagar salarios.
No es un caso aislado. Al menos otras ocho provincias atraviesan tensiones financieras, producto de un cóctel difícil de digerir: caída de la recaudación durante ocho meses consecutivos –con marzo, ya jugado, serán nueve– y una inflación que se resiste a bajar al ritmo esperado.
El síndrome de la frazada corta que enfrenta Llaryora
Córdoba tampoco escapa a ese escenario. Según fuentes oficiales, a pocos días de cerrar el mes, los ingresos de marzo serán “nominalmente” inferiores a los del mismo período del año pasado, en una provincia que registra una inflación interanual del 33%, de acuerdo con la Dirección General de Estadística y Censos.
Con ese telón de fondo, el viernes de la semana pasada, Llaryora reunió a todos sus ministros y presidentes de agencias, en dos tandas, en su despacho.
Allí dibujó un panorama financiero complejo y tomó una decisión concreta: desde ahora, cada gasto de los ministerios deberá pasar por el “visado” del ministro de Economía, Guillermo Acosta.
Es una regla que responde a su propio manual de gestión, ese pragmatismo que arrastra desde su etapa como intendente de San Francisco: para Llaryora, el peor escenario es no poder afrontar salarios y gastos corrientes o depender de otro para pagarlos.
La estructura de ingresos de la Provincia explica buena parte del problema, aunque hay varios distritos en mucho peor situación: el 60% proviene de la coparticipación federal y el 40% restante, de recursos propios. Lo que hoy se derrumba son las remesas nacionales, mientras que la recaudación provincial todavía se sostiene.
Peligra la paz social
En la intimidad, Llaryora repite una advertencia: si se prolonga esta política económica restrictiva, la “paz social” puede entrar en zona de riesgo.
Por eso, cerrar la paritaria docente se vuelve una prioridad estratégica. El acuerdo, además, tendría vigencia hasta el 31 de enero del próximo año.
Llaryora ofreció a la UEPC un fuerte aumento del Fonid y subas que le ganarán a la inflación
El resto de los gremios aparece, en principio, más alineado. Pero el SEP –el segundo en volumen, detrás de los docentes– también prepara su propia negociación, con una consigna copiada: “recuperar salario” por encima de la inflación, como planteó la UEPC.
Para el SEP, el punto de partida no ayuda. El sueldo básico de la categoría 1, sin antigüedad, es de $ 471 mil. “Tenemos el escalafón seco”, se queja el titular del gremio, Sergio Castro. Espera, como todos, la definición de la UEPC para sentarse a negociar.
En paralelo, el gobernador siguió con atención otro foco sensible: los reclamos salariales de las policías en distintas provincias, como Santa Fe, Jujuy, Chaco y Corrientes.
“Los de azul”, como los define el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, representan uno de los sectores más delicados del Estado.
Por eso no pasó inadvertido que, tras la propuesta del radical Rodrigo de Loredo de modificar el régimen de retiros policiales, Llaryora decidió intervenir directamente. De modo inusual, utilizó la frecuencia policial para enviar un mensaje a la fuerza: “Mientras yo sea gobernador, no habrá ningún cambio en ese sentido”.
La frase buscó llevar tranquilidad, pero también dejó entrever un guiño de tono electoral.
En ese contexto, el ajuste aparece como un horizonte posible. Y, como suele suceder, la variable será la obra pública. Llaryora lo sabe: difícilmente haya protestas por una obra que no se hace. Muy distinto sería el escenario si el conflicto escala por los salarios, un frente que el gobernador intenta cerrar cuanto antes.
