Córdoba Capital. Passerini busca mostrar control y toda la dirigencia mira el tablero electoral

Después del mes más duro que atravesó la gestión municipal del intendente Daniel Passerini, tras el femicidio de Agostina Vega y por las investigaciones abiertas sobre los controles en la noche cordobesa, la dirigencia política mostró distintas reacciones que la ubicaron en escenarios enfrentados.

En el oficialismo provincial, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, tuvo un nivel de exposición mayor al de otros funcionarios. En paralelo, se puso en marcha el primer tramo de controles sobre naranjitas y limpiavidrios, que tienen prohibido trabajar en la vía pública. Mientras el Gobierno provincial envía a la Legislatura la ley antibúnkeres. El gobernador Martín Llaryora también salió a inaugurar obras en la ciudad con funcionarios de su gabinete y pocos municipales.

Tras las denuncias vinculadas con Wachitas y otras inhabilitaciones de bares nocturnos, el intendente Passerini firmó una resolución para crear una unidad de seguimiento y control que articulará con distintos actores, entre ellos también el Ministerio de Seguridad. Y busca que siga el control con los constatadores en las calles.

Quinteros es, por estos días, uno de los funcionarios de Llaryora con mayor exposición pública y aparece señalado como uno de los posibles candidatos a intendente capitalino por el oficialismo. Esta semana también el ministro de Vinculación, Miguel Siciliano, se mostró en obras en la Capital con el gobernador.

Sin un postulante natural dentro del oficialismo, una figura extrapartidaria es una opción que mira el llaryorismo, en referencia al exjuecista Quinteros.

Desde el entorno del intendente aseguran que se vendrá una jugada más fuerte para mostrar orden, con la exposición de controles en la noche y en las calles. Aunque cuando asumió, Passerini anunció el Ente de Control, que el caso Agostina mostró que fue ineficaz.

Los peronistas más puros también miran otras apuestas, como la del secretario de Fortalecimiento, Héctor “Pichi” Campana, o la de mismo Siciliano. Además de quienes dentro del propio PJ vienen manifestando su deseo de ser candidatos, como Juan Domingo Viola o Marcelo Rodio.

Lo cierto es que Quinteros fue uno de los nombres más visibles en medio de un mes en el que el femicidio de Agostina Vega sacudió a la sociedad y puso bajo presión a distintas áreas del Estado.

En la oposición, tanto en el Concejo Deliberante como en la Legislatura provincial, aparecieron las expresiones más duras. Radicales, juecistas y otros sectores opositores pidieron el jury para los fiscales Iván Rodríguez y Raúl Garzón, además de reclamar la interpelación de Quinteros.

Fueron los mismos legisladores que salieron a impulsar el jury, mientras el oficialismo respondió recordándole al juecismo que, de su gestión municipal, debió exonerar a casi 100 empleados por denuncias y antecedentes.

En el Concejo, la pelea más fuerte la dieron las concejalas de la oposición, como la radical Elisa Caffaratti, la juecista Graciela Villata y la macrista Soher El Sukaria. La salida del concejal Ricardo Moreno, padrino político de Claudio Barrelier, no frenó los cuestionamientos.

La oposición pidió una auditoría y una comisión investigadora, mientras el oficialismo respondió con la presencia de funcionarios en las comisiones, con cambios en el Estatuto del Personal municipal e inhabilitaciones en la noche.

Los principales dirigentes de la oposición hablaron sólo en los primeros días posteriores a la muerte de Agostina y luego apostaron a los pedidos de jury. El radical Rodrigo de Loredo se pronunció sobre el tema y pidió explicaciones. "El criminal no es un cisne negro, sino el resultado de un sistema que creció bajo el amparo estatal", dijo el exdiputado al referirse al exbecario Barrelier, principal acusado del femicidio.

De Loredo disparó al comienzo contra el gobernador Martín Llaryora y el intendente Passerini al asegurar que Barrelier "fue designado por barrabrava para que haga tareas de barrabrava".

Luis Juez, en tanto, hizo lo mismo a los pocos días. "Es una vergüenza e impotencia”, afirmó y aseguró que la Provincia atraviesa una situación de deterioro institucional.

Prácticamente, no hubo libertarios que se metieran de lleno en la discusión sobre la noche y los ingresos a la Municipalidad. Gabriel Bornoroni, presidente del bloque de Diputados, señaló que existe una debilidad institucional que permite que criminales peligrosos sigan en libertad mientras los ciudadanos deben protegerse tras las rejas, al referirse a la primera detención de Barrelier, en 2025.

Entre los peronistas que siguen el protagonismo del ministro Quinteros al frente de la seguridad, pero también de otros controles en las calles, como los cuidacoches, hay un visto bueno.

“El que está adelantado es Juan Pablo Quinteros”, dijo un hombre cercano al intendente, aunque enseguida aclaró que no se habla de intenciones políticas en este momento.

“(Javier) Pretto, (Myrian) Prunotto y un montón que fueron en listas de Juez ya estamos acostumbrados”, agregó en referencias a otros dirigentes que están en la misma cancha. Pero insistió sobre Quinteros: “No hay ninguna interpretación que hacemos porque todas sus opiniones y actuaciones son en el marco de su gestión y competencias”.

Otro justicialista que también forma parte de la mesa chica municipal fue más directo: “La Municipalidad va a terminar con muchos problemas históricos en la ciudad, comparado con cómo los encontramos hace ocho años. El tema es que la situación económica y el humor social hoy te destruyen”.

Desde la oposición, los sectores más duros aseguran que se quedaron cortos y que no hubo una rápida reacción frente al tema, por ejemplo, de los cuidacoches.

Por ahora, la pelea se fijó sobre todo en el Concejo Deliberante, donde el oficialismo intenta mostrar gestión y la oposición busca instalar que la crisis de controles todavía no tiene respuestas suficientes. Sobre las derivaciones del caso Agostina, los une los pedidos de jury y las exigencias sobre los controles en los lugares nocturnos.

Por lo que el primer mes tras el femicidio de Agostina Vega dejó algo más que una discusión en otro carril que tiene que ver con los controles. Es una disputa política sobre quién logra ordenar la calle, quién paga el costo de los controles que fallaron y quién capitaliza hacia adelante una agenda que ya se volvió central para la Municipalidad y para el Gobierno provincial.