La realidad siempre termina imponiendo condiciones a los gobernantes. Justo cuando el oficialismo intenta dejar atrás el fuerte impacto político que provocó el femicidio de Agostina Vega, apareció otro problema que amenaza con complicar la estrategia del gobernador Martín Llaryora para recuperar la iniciativa en la Capital: la delicada situación financiera de la Municipalidad de Córdoba.
No se trata de una dificultad ajena para el gobernador. En el Centro Cívico admiten que Llaryora no puede despegarse de la gestión del intendente Daniel Passerini. Fue su viceintendente, lo impulsó como candidato apenas fue elegido gobernador y convirtió la elección municipal de 2023 en una apuesta personal. Además, la Capital se convirtió en el principal territorio electoral para el mandatario provincial.
No es un dato menor. En su ajustado triunfo para llegar al Centro Cívico, Llaryora construyó la diferencia decisiva precisamente en la Capital, el distrito que gobernó durante cuatro años. Por eso, entre los propios llaryoristas reconocen, con un dejo de resignación, que buena parte de los capitalinos identifica al gobernador como corresponsable del rumbo de la administración municipal.
La conclusión política es inevitable: si la gestión de Passerini se debilita, el costo político también alcanza a Llaryora.
Por eso, el gobernador decidió involucrarse de manera directa. Gran parte de las obras que se ejecutan en la Capital son financiadas por la Provincia.
Esta semana eso volvió a quedar en evidencia cuando Llaryora inauguró trabajos de bacheo, cloacas e iluminación en distintos barrios capitalinos.
La imagen no pasó inadvertida dentro del propio oficialismo. "El 'gober' se volvió a poner el traje de intendente", resumió un llaryorista, en una frase que pareció un tiro por elevación a Passerini.
La caja bajo presión
La demora de tres días en el pago del medio aguinaldo, que derivó en protestas del Suoem, expuso la fragilidad económica del municipio.
"El gremio es insensato. Demoramos tres días en pagar el medio aguinaldo, pero adelantamos cuatro días el pago del salario de junio", se defienden cerca del intendente.
Detrás de ese conflicto, aparece un panorama que golpea a la mayoría de los municipios. La recaudación propia cae porque muchos contribuyentes priorizan otros gastos antes que el pago de los impuestos. También disminuyó la coparticipación nacional y provincial por el estancamiento de la actividad económica, mientras la Nación eliminó todas las transferencias discrecionales; entre ellas, los subsidios al transporte.
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Del otro lado de la balanza, los gastos siguen creciendo. Los salarios municipales aumentaron por encima de la inflación –un 26% en el caso del Suoem– y la crisis económica obliga a reforzar la asistencia social y el sistema de salud municipal.
A ese cuadro se suma otro condicionante de peso: la deuda en dólares.
Passerini debió afrontar compromisos por U$S 150 millones correspondientes al endeudamiento que tomó el exintendente Ramón Mestre y que Llaryora pateó para adelante durante su gestión municipal.
En septiembre llegará otro vencimiento de U$S 25 millones, equivalentes hoy a casi $ 38 mil millones. Un desafío nada sencillo para una administración que acaba de reunir peso sobre peso para afrontar alrededor de 70 mil millones de pesos, entre salarios y medio aguinaldo.
"La situación es muy compleja", graficó el secretario de Administración Pública y Capital Humano, Sergio Lorenzatti.
En privado, otro funcionario passerinista corrigió el diagnóstico. "Es mucho más que compleja".
Ajustar o endeudarse
El panorama para los próximos meses tampoco ofrece demasiados motivos para el entusiasmo.
La economía no muestra señales claras de recuperación y el presidente Javier Milei ratifica que el ajuste continuará. Como muestra, la Nación ya comunicó que mantendrá congelado en $ 800 el subsidio por viaje de la tarjeta Sube para el transporte urbano.
En ese contexto, Passerini viene postergando desde hace meses un aumento del boleto urbano. La decisión tiene un costo: el municipio debió adelantar fondos a las empresas prestatarias para que pudieran completar el pago del medio aguinaldo.
Mientras tanto, la gestión avanza con un plan de reducción del gasto. El pasado 30 de junio venció el vínculo de numerosos becarios y monotributistas, así como los contratos con las cooperativas que agrupan a los servidores urbanos.
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La orden que recibieron los secretarios de Passerini fue clara: reducir al mínimo esa estructura de empleos precarios, que en buena medida se implementó durante la gestión llaryorista.
El ajuste tendrá consecuencias. Puede resentir algunos servicios y aumentar el poder del Suoem.
Pero también tiene un costo político interno: en el PJ Capital ya comenzaron las quejas de punteros territoriales por la caída de contratos que sostenían parte de la militancia.
En paralelo, el intendente y su equipo buscan una salida para afrontar el vencimiento de septiembre. La alternativa es la toma de un crédito en dólares por unos 120 millones, una opción considerada menos onerosa que seguir colocando bonos de deuda a corto plazo, cuyos vencimientos empiezan a acumularse mes tras mes.
En privado, Passerini asegura que logrará atravesar el temporal.
Llaryora tampoco perdió el optimismo. Este viernes volvió a mostrarse junto al intendente y mantiene la convicción de que las obras que la Provincia financia en la Capital –bacheo, iluminación y recuperación de espacios públicos– terminarán mejorando la percepción de la gestión municipal.
Sin embargo, el desafío ya excede la imagen de la gestión.
Para Passerini, ordenar las cuentas es una condición indispensable para evitar el trauma de no poder pagar salarios. Para Llaryora, en cambio, el objetivo es estratégico-electoral: preservar su principal bastión electoral.
Aunque ambos administren responsabilidades distintas, sus destinos políticos aparecen más entrelazados que nunca.
Los gobernantes rara vez pierden el optimismo. La respuesta definitiva, como siempre, terminará en el inapelable veredicto de las urnas.
