El escenario político cordobés sigue atravesado por las secuelas del estremecedor femicidio de Agostina Vega. La conmoción alteró la agenda pública y obligó a todos los actores políticos a recalcular sus estrategias.
El caso golpeó de lleno a la gestión del intendente capitalino, Daniel Passerini, pero también alcanzó a la administración del gobernador Martín Llaryora. Los opositores afinan sus estrategias para esquivar la acusación de "carroñeros" que lanzan los peronistas, pero no pueden quedar al margen de un hecho de tanto impacto social.
Sin embargo, y de manera llamativa, en el Palacio Municipal y en el Centro Cívico hacen una lectura más optimista que realista, apoyados en las encuestas que encargan ambas administraciones.
Esos sondeos indicarían que el intendente levantó algo su imagen desde que decidió salir "a dar la cara", según sostienen sus colaboradores más cercanos. En paralelo, los llaryoristas aseguran que el femicidio de Agostina no afectó la imagen del gobernador.
Más allá de esas interpretaciones interesadas, hay un dato difícil de discutir: el escenario cordobés ya no es el mismo después de este femicidio, por las cuestiones políticas que desencadenó.
En medio del mar de incertidumbre que atraviesa la política provincial, el oficialismo conserva una certeza: Llaryora buscará la reelección. Y cuenta, además, con una herramienta sensible: la facultad constitucional para fijar la fecha de las elecciones provinciales, y también el control político suficiente para definir cuándo se votará para intendente en la Capital.
Pero el oficialismo carga, al mismo tiempo, con un problema compartido por ambas gestiones: gobernar en un contexto de estrecheces económicas y bajo el impacto del severo ajuste impulsado por el Gobierno nacional.
Como si eso no alcanzara, toda gestión está expuesta a los denominados "cisnes negros", esos hechos inesperados que generan fuerte conmoción social y, por ende, impacto político. El femicidio de Agostina Vega encaja en esa categoría.
Las movidas opositoras
Mientras el PJ administra ese escenario complejo, la oposición no enfrenta hoy ese desgaste, aunque arrastra sus propias dificultades. Existe un consenso generalizado sobre la necesidad de construir una alternativa unificada frente al oficialismo, pero la dirigencia todavía está lejos de convertir esa intención en una realidad.
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El café que compartieron días atrás Luis Juez y Rodrigo de Loredo despertó expectativas sobre un eventual acercamiento entre los tres principales espacios opositores: los libertarios, el juecismo y el radicalismo.
Los protagonistas eligieron las evasivas cuando hablaron públicamente del encuentro. Pero para distintas fuentes consultadas la conclusión es otra: no hubo ningún avance político significativo.
La reunión, en realidad, habría sido solicitada por De Loredo para aclarar sus dichos en La Voz en Vivo, cuando sostuvo que es Juez quien debe "explicar" la situación del radical Marcos Carasso, imputado en una causa judicial por presunto fraude en el Pami. Esto generó un fuerte disgusto en el senador nacional. El exintendente de General Cabrera integró la fórmula provincial encabezada por Juez en 2023, en representación del radicalismo.
En aquel momento, Carasso presidía la UCR provincial, aunque no respondía al sector de De Loredo. Había llegado a la conducción partidaria a partir de un acuerdo interno entre Ramón Mestre y Mario Negri.
El diputado radical buscó despegarse de la polémica recurriendo a una explicación habitual en la política: "Sacaron de contexto una frase mía más amplia".
Más allá de ese episodio, y aunque todavía falta mucho para las definiciones electorales, el único acuerdo concreto dentro de la oposición es el que tienen Juez y el libertario Gabriel Bornoroni.
En público, ambos cuidan las formas cuando se refieren a De Loredo. En privado, en cambio, no ocultan sus diferencias. Tanto Bornoroni como Juez están convencidos de que el dirigente radical terminará siendo "funcional" al PJ, con una candidatura propia a gobernador.
El reciente paso de De Loredo por el despacho del influyente armador libertario Eduardo "Lule" Menem, sin el aval previo de Bornoroni –el principal referente de Karina Milei en Córdoba–, no hizo más que profundizar esas desconfianzas.
Con Juez, las diferencias de De Loredo vienen desde la campaña provincial de 2023, y en este caso, los reproches son mutuos. Ambos creen que no llegaron a la Gobernación por culpa del otro.
Entre sus íntimos, Juez sostiene que De Loredo nunca acompañó verdaderamente su candidatura a gobernador, porque supuestamente el radical apostó a su derrota, para quedar como principal referente opositor provincial.
De Loredo, por su parte, sigue convencido de que él era el candidato con más posibilidades de derrotar a Llaryora, pero que esa alternativa quedó frustrada por la "tozudez" de Juez, decidido a competir por tercera vez por la Gobernación.
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Esa diferencia de origen está lejos de ser un detalle. Y también parece muy difícil de saldar.
Por eso, más allá del "café aclaratorio", la realidad muestra que el juecismo y los libertarios continúan recorriendo la provincia, dialogando con intendentes y dirigentes radicales, pero sin considerar a De Loredo como un actor central en un eventual esquema de unidad opositora.
A diferencia de otros procesos electorales, esta vez Juez y Bornoroni privilegian el contacto directo con los intendentes, evitando negociar con las autoridades partidarias de la UCR, que encabeza el deloredismo pero que está fragmentada en varios sectores.
En política, el "nunca" suele tener fecha de vencimiento. Sin embargo, por ahora las diferencias entre Bornoroni, Juez y De Loredo parecen ser demasiado profundas como para imaginar una reconciliación cercana.
Como casi todo en el escenario opositor local, el desenlace dependerá, en buena medida, de la fortaleza política que conserve el presidente Javier Milei y de las decisiones que, con fuerte influencia de Karina Milei, termine adoptando la Casa Rosada sobre la estrategia de alianzas en Córdoba.
