Amenazas y corrupción. Denuncias municipales que demandan justicia y orden
La Municipalidad denunció amenazas de empresarios y corrupción de empleados propios, por lo que es pertinente que la Justicia investigue a fondo los casos.
Las autoridades de la Municipalidad de Córdoba han presentado ante el Concejo Deliberante de la ciudad y la opinión pública en general un nuevo plan mediante el cual intentarán avanzar en el control de actividades nocturnas bajo su responsabilidad normativa y para erradicar prácticas ilegales de funcionarios y empleados de su propia administración.
El anuncio de los gobernantes municipales derivó de una legítima controversia pública provocada por las circunstancias en las cuales ocurrió el femicidio de la adolescente Agostina Vega: la imputación del hecho a un integrante de la nómina de revista en la estructura comunal y la revelación de sus actividades en el bar Wachitas, habilitado y promocionado por el Palacio 6 de Julio.
El director de Fiscalización de la Municipalidad de Córdoba, Ezequiel Hormaeche compareció ante el Concejo Deliberante y denunció la existencia de presiones y amenazas por parte de los empresarios afectados por los controles municipales. "Nos perseguían en autos y mostraban revólveres", dijo Hormaeche. "Un funcionario municipal recibió una bala en su escritorio", añadió.
El director de Fiscalización dijo que al respecto se hicieron las denuncias pertinentes ante el Poder Judicial, pero también advirtió sobre un boicot de empleados municipales que se niegan a cumplir las funciones de control asignadas.
Detalló que al inaugurarse el sistema de habilitaciones on line de locales autorizados para actividades nocturnas, "tiraron las computadoras por el Palacio con materia fecal".
Tras la comparecencia de Hormaeche ante los concejales, el intendente municipal no sólo ratificó las denuncias de amenazas que hizo su funcionario en el área de fiscalización: también reveló que fue Hormaeche quien recibió "dos balas arriba del escritorio".
Daniel Passerini indicó que la coacción se produjo tras la clausura definitiva del bar Punta Alvear, cuyo dueño fue denunciado penalmente ante la Justicia. El intendente también reforzó la argumentación de Hormaeche sobre el compromiso de empleados municipales en una presunta red de corrupción en las actividades de inspección: 119 agentes municipales fueron exonerados.
La gravedad de los hechos denunciados impone la necesidad de acciones urgentes, transparentes y contundentes para restaurar el orden público en las actividades controladas por el municipio y el orden administrativo y laboral interno del Palacio 6 de Julio.
No basta con la exposición pública de los problemas que han desbordado la capacidad de fiscalización municipal y el ejercicio de su autoridad entre los empleados de su nómina. Las instancias judiciales correspondientes deben actuar de inmediato para investigar y sancionar a quienes presionan de manera violenta e ilegítima para evitar los controles que es obligación del Estado municipal aplicar.
Del mismo modo, el poder administrador en el municipio está compelido a ordenar sin vacilaciones su funcionamiento interno si ha detectado una red de corrupción en la que las amenazas externas se combinan y potencian con el accionar de empleados bajo su responsabilidad.
