La presencia del gobernador Martín Llaryora en la foto de los gobernadores aliados que Diego Santilli presentó como punto destacado de su llegada a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación generó una ola de ansiedad en toda la dirigencia cordobesa.
Es la incertidumbre lo que genera ansiedad. Todo el sistema político reitera desde hace meses que después del Mundial se larga la carrera electoral, y ya definidos los octavos, en Córdoba nadie parece tener claro dónde estará cada uno. La dinámica de La Libertad Avanza también domina la escena en ese terreno.
El Panal celebró la foto como si el gobernador hubiese sido convocado a la selección de Lionel Scaloni. Los llaryoristas disfrutan especialmente de los efectos que ese acercamiento tiene entre sus opositores cordobeses: las infinitas lecturas sobre la ubicación de cada uno, los gestos, el saludo de Milei y el diálogo que se produjo en ese encuentro. El ministro Manuel Calvo impulsó luego la interpretación que relativiza el interés de los hermanos Milei por gobernar Córdoba.
Lo paradójico es que esa interpretación –forzada a los fines de alimentar aún más la desconfianza que rige el armado de los opositores Gabriel Bornoroni, Luis Juez y Rodrigo de Loredo– también llena de incertidumbre al peronismo cordobés.
Desconcertar a los opositores puede ser un mérito; desconcertar a los propios puede ser un problema: hay claros signos de confusión entre peronistas que cuestionan en continuado las consecuencias del modelo libertario y después celebran una foto.
También hay indicios de problemas de gestión que se agravan en la Municipalidad de Córdoba y en áreas críticas de la Provincia, como el Poder Judicial: en ambos, a las fuertes restricciones presupuestarias se suman a cada paso decisiones que profundizan la crisis.
Un ejemplo de las últimas horas. En plena polémica en torno al esquema de becarios, por el paso descontrolado del presunto femicida Claudio Barrelier por la Municipalidad de Córdoba, y en el medio de un conflicto gremial que se profundiza, el titular del Ministerio Público Fiscal lanzó la idea de incorporar becarios en las unidades judiciales.
Otro: Daniel Passerini fue el único intendente de toda la provincia que tuvo un conflicto por demorar tres días el pago del aguinaldo a los municipales. La Provincia celebró días antes que todos los municipios podían cumplir esa obligación; se olvidó de la Capital. La crisis financiera asfixiante de la Municipalidad de Córdoba es un problema que nadie en el peronismo parece terminar de aceptar. El problema político que el oficialismo está incubando ahí es de primer orden.
Uno más: nadie percibió que después de Manuel Adorni los viajes oficiales con esposas como acompañantes representan un riesgo mayúsculo. Aun cuando la esposa del ministro Guillermo Acosta haya pagado su pasaje y su estadía y existan razones para ese acompañamiento, hay acciones que muestran una pérdida de reflejos atípica para el oficialismo cordobés.
"El Colo"
En el entorno de Llaryora hablan del "Colo" con familiaridad. Hay una larga relación personal entre el gobernador y el nuevo jefe de Gabinete, y una posibilidad de diálogo que hasta ahora no existía. Para qué le servirá a Córdoba esa relación, está por verse.
El día después de la foto de Llaryora entre los gobernadores amigables, se conoció que la Anses no había enviado los $ 10 mil millones que la Caja de Jubilaciones de la Provincia espera con el agua al cuello. Es la primera vez desde el acuerdo ante la Corte que los fondos se demoran.
Los envíos nacionales volvieron a caer en junio. La recaudación propia de la Provincia no reacciona porque la actividad sigue planchada, y nada permite trazar un escenario más optimista en el corto plazo. Una de las decisiones del Panal a tono con este escenario es imitar a Santa Fe: se prepara el pedido formal de un anticipo financiero de $ 400 mil millones, como el que la Nación le concedió a la administración de Maximiliano Pullaro. Tal vez sea la primera señal de Santilli en la negociación política que se abre como una extraña subasta: quién pide más por los votos en el Congreso.
Las negociaciones que se vienen
El Gobierno nacional no oculta que pretende adecuar la legislación electoral a sus necesidades políticas. No sólo eliminar las Paso para dificultar aún más la ya tortuosa reconstrucción de la oposición peronista.
Además, ya es oficial la versión de que impulsará colectoras, para que en las provincias distintas listas legislativas puedan apoyar a un mismo candidato a presidente de la Nación, una idea que recuerda la ley de lemas y cuya convivencia con la boleta única será todo un desafío. El acomodaticio intento tiene por nombre reforma electoral y necesita el respaldo de los gobernadores. Se trata del primer desafío de Santilli, y muy posiblemente esa sea una de las razones principales por las cuales Llaryora fue invitado a la foto en la Casa Rosada.
Todo indica que el peronismo cordobés, que siempre rechazó las Paso nacionales y no aceptó implementarlas a nivel provincial, apoyará al menos esa parte del proyecto mileísta, aunque de momento los legisladores tienen la orden de no adelantar posición. "Si el Gobierno necesita esos votos, que negocie", sostienen desde el equipo de Llaryora.
Igual de errático promete ser el posicionamiento de la oposición provincial sobre este tema: hace años que reclama en la Legislatura que se instauren las Paso en Córdoba, pero ahora sus referentes apoyarán la eliminación que necesita el proyecto reeleccionista de Milei.
Antes de ingresar en el capítulo electoral, el peronismo cordobés tiene dos objetivos propios en el Congreso. El primero es insistir en la permanencia de más de 680 mil usuarios cordobeses de gas natural en el subsidio por zona fría. Si el Senado avanza en la eliminación de ese beneficio que rige desde hace cinco años en Córdoba, las boletas de esos usuarios pasarán a costar entre 30% y 50% más.
Esa discusión se reitera ahora en medio de cortes generalizados a las industrias y tras la explosiva suba de las garrafas. Un cóctel de riesgo en el escenario del gas, regulado enteramente por la Nación y cada vez más problemático, pese al boom de Vaca Muerta y la revolución energética.
La otra discusión que el Gobierno de Córdoba considera central es que se sancione la prórroga de las leyes de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo y de Promoción de Inversiones Automotrices, y que se prolongue el tratado que regula la política automotriz común con Brasil.
Hay verdadera preocupación en las autopartistas cordobesas. La industria metalúrgica agoniza y en el sector consideran que el fin de esos regímenes sería el empujón que falta para el derrumbe total. Juan Schiaretti encabeza esa cruzada, que busca respaldo político unánime entre los legisladores cordobeses.
De momento, son esas negociaciones políticas y económicas, más que las grandes decisiones electorales, las que constituyen el renovado diálogo entre el Panal y la Casa Rosada.
Con Santilli en ascenso, el peronismo cordobés tiene por primera vez un interlocutor que habla el mismo idioma y proviene del mismo universo político. Pero está claro que la decisión que desvela tanto a oficialistas como a opositores cordobeses la toman Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem.
