Planes sociales. Un juez federal frenó la eliminación del programa Volver al Trabajo
El juez de Campana, González Charvay, aceptó un pedido de medida cautelar para sostener esta asistencia que tiene 950 mil beneficiarios en todo el país, 8.000 de ellos en Córdoba. El Gobierno quiere reemplazar por un sistema de vouchers de "capacitación". El Ministerio de Capital Humano apelará la decisión. Un dirigente social cordobés celebró la medida de la Justicia.
El juzgado federal de Campana le dio un duro golpe al intento del Gobierno nacional de eliminar el programa Volver al Trabajo que tiene 950 mil beneficiarios en todo el país, de los cuales 8.000 corresponden a Córdoba.
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, hizo lugar a una medida cautelar y ordenó al Ministerio de Capital Humano de la Nación que conduce la libertaria Sandra Pettovello, que mantenga el pago de las prestaciones económicas de este programa. Son $ 78.000 que reciben cada beneficiario. El monto no se actualiza desde noviembre de 2023.
Se trata de un programa social que nació con otro nombre durante el último mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, y que se mantuvo durante las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández.
Está destinado a capacitación de desocupados, aunque el objetivo no se logró con ningún gobierno. Se transformó en una asistencia económica directa del Estado nacional.
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El juez González Charvay también tiene en su juzgado una de las causas que más compromete al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y al tesorero de la misma entidad, Pablo Toviggino, por el presunto delito de evasión de impuestos.
Por esta causa en contra de la AFA, desde la Casa Rosada acusan al magistrado de tener supuestos vínculos con el kirchnerismo. Luego de esta decisión de González Charvay sobre los planes sociales, seguramente alimentará las sospechas en la gestión del presidente Javier Milei.
El fallo obliga a la cartera que conduce Sandra Pettovello a pagar la prestación de $ 78.000 dentro de los próximos tres días y que mantenga el programa hasta que haya una sentencia de fondo.
El pago de este salario social complementario -refrendado por una ley unánime del Congreso, en el 2017, durante la gestión macrista - se interrumpió a principios de mes, cuando el gobierno libertario avanzó con la reformulación del programa a través de "vouchers para capacitación"
El programa finiquitado y repuesto ahora por la Justicia había reemplazado al Potenciar Trabajo. El Gobierno presentó la voucherización como el fin de los planes sociales.
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Antes había dado de baja la contraprestación que debían dar los beneficiarios con el argumento de correr de la intermediación a las organizaciones sociales nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep). Buena parte de esos recursos se pagaron vía la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar.
El referente en Córdoba del Polo Obrero, Emanuel Berardo, celebró la decisión del juez federal.
"No nos sorprendió que este Gobierno nacional eliminara este plan social que beneficia casi un millón de desocupados. Con $ 78.000 la verdad que no se puede hacer mucho, pero es una ayuda para los desocupados, que utilizan esos fondos para comprar alimentos", explicó Berardo, que la semana pasada, realizaron una protesta en el centro de la ciudad de Córdoba, reclamando que se mantuviera este programa social.
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"Este Gobierno es ajustador y corrupto y persigue a los pobres. Por suerte, la justicia federal le puso en freno, como ocurrió con otras cuestiones con el sector de discapacidad o las universidades. Durante casi dos años y medio no capacitaron ni hicieron absolutamente con los desocupados. Ahora quieren implementar estos vouchers, que seguramente es un negocio con algunos empresarios amigos", concluyó el dirigente cordobés del Polo Obrero.
Para el Estado nacional, sostener este plan social le significa un desembolso mensual de $ 74 mil millones mensuales. Aunque estos fondos eran destinados por los beneficiarios a la compra de alimentos, en comercios de cercanía, que iba a recibir un fuerte impacto por la caída de esta asistencia.
Para la ciudad de Córdoba, por ejemplo, donde están la mayoría de los beneficiarios del plan Volver al Trabajo, son más de $ 600 millones mensuales que se gastaban en los comercios de barrios.
Acción colectiva
Un grupo de beneficiarios del plan social, con respaldo de organizaciones sociales, como el Polo Obrero, había promovido una acción colectiva contra el Estado por la decisión de dar por finalizado el programa, anunciada oficialmente el 7 de abril de 2026, con pago de una última asignación este mes.
“El corte abrupto de la prestación compromete derechos constitucionales básicos”, señaló González Charvay, el juez de Campana.
El magistrado citó el principio de no regresividad de los derechos sociales y ordenó al Estado restituir o mantener los pagos en un plazo de tres días, bajo apercibimiento de multas.
El fallo señala que el programa de vouchers de capacitación que el presidente Javier Milei presentó con Pettovello y todo el gabinete en el Centro de Formación de Capital Humano en La Paternal, no constituye una medida equivalente a un ingreso monetario.
El magistrado argumentó que esa iniciativa no garantiza condiciones mínimas de subsistencia y citó el artículo 14 bis de la Constitución al tiempo que recordó que es deber del Estado adoptar medidas de acción positiva para grupos vulnerables.
Capital Humano apelará la decisión judicial. El Gobierno acaba de presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para evitar el giro de 2.5 billones de pesos que debería pagar a las universidades por la ley de financiamiento.
También recurrió al máximo Tribunal con un per saltum para que se restituyan los artículos de la reforma laboral bloqueados por un juez de primera instancia.
