Educación quizá sea, hoy por hoy, el área más compleja para el Gobierno de Martín Llaryora. En la cúpula de Gobierno se dicen dos cosas: una, que están radicalizados en una interna feroz que ellos sabían que iba a terminar así; y dos, que los docentes son, básicamente, juecistas. Por lo tanto, argumentan, que cualquier propuesta –por más generosa que sea– corría el riesgo de ser rechazada porque en el cuerpo docente hay un gen juecista y si no, mileísta. Recién después de decir todo lo anterior aceptaban que los salarios son bajos y que era urgente mejorarlos.
Pero repasemos las raíces del conflicto, que son más profundas que esas lecturas que se hacían en El Panal.
Los docentes saben que es el momento de presionar. Cuando Martín Llaryora intendente, en plena campaña por la gobernación, lo apuró a Juan Schiaretti para que mejorara la oferta a docentes y personal de salud, se estaba cavando la fosa en la que quedó atrapado. A Schiaretti lo presionó sabiendo que en honor a la elección vale todo y ahora los docentes saben que es el mismo Llaryora el que está preso de esa lógica de la que fue instigador. Tuvo que armar una quinta oferta, a las apuradas, porque los docentes saben que la campaña electoral ya largó.
Es un conflicto de plata y se resuelve con plata. La pauta salarial a docentes activos y jubilados demanda hoy $ 220 mil millones al mes. Entre la propuesta tres y la cuatro se ofreció la misma cantidad de dinero adicional: son $ 60 mil millones, sólo que repartidos distinto. Cambió la arquitectura de la propuesta: es un porcentaje directo, sin cláusula gatillo y sin ligarse a la recaudación. Pero el recupero de febrero y marzo es no remunerativo y encima, a los jubilados se les ofrece sólo $ 30 mil extras por el Fonid.
Tres delegados antisistema no son suficientes para hacer que 12 departamentos hayan llegado a la asamblea con mandato de rechazar la propuesta, que finalmente fue aprobada. A eso no lo digita el trotskismo. Este lunes se agregó algo más de plata y se restauró la cláusula gatillo.
Un enorme problema en la conducción del conflicto. En la mesa de negociación salarial están sentados otros actores, que no son los que estaban hasta el 2023. La Provincia, que pidió la conciliación obligatoria, ¡no fue a la audiencia!
El ministro de Educación Horacio Ferreyra no participa de las discusiones salariales, siendo que él debería ser el transmisor principal del humor que se respira en las aulas. Si cumpliera ese principio fundamental, sabría que la gran razón del enojo exacerbado de los maestros se explica por la enorme y en muchos casos inútil tarea administrativa que dispuso su gestión.
Deben cargar en Cidi los informes de evaluación formativa, unas ocho páginas que los padres ni abren. En el Cidi también hay que registrar los contenidos y los aprendizajes que deben alcanzar los estudiantes. En cada cierre de etapa se tilda el proceso de aprendizaje en la que está cada alumno y al finalizar la etapa se escribe una síntesis del proceso, si es que no se cae el Cidi y hay que empezar todo otra vez.
Deben preparar la feria de ciencia, el festival de la palabra, la noche de las lecturas, las olimpíadas de matemática, la maratón de lectura; tareas virtuales para los chicos que no van a clase; responder consultas de los chicos en el aula virtual y corregir la tarea y responder en el grupo de WhatsApp que muchas escuelas exigen.
Tienen que adecuar aprendizajes exclusivos para cada estudiante según su situación cognitiva y de salud, atender a las maestras integradoras con sus propias particularidades y asistir a las reuniones de personal en horario extra, y ni les cuento si forman parte de una “escuela precursora”. Están obligados a tomar examen, no tres veces al año, ¡sino ahora cinco! Y como si fuera poco, antes del primer recreo, deben subir a Cidi las inasistencias del día. Todo por la misma plata. Les searon la cabeza con tantas obligaciones administrativas y los sacaron del foco que la sociedad demanda: enseñar y estar atentos a las múltiples situaciones delicadas que suceden en el aula.
Ferreyra tiene una secretaria con rango de ministro, cuatro secretarías y una subsecretaría. Son unas 80 personas en la estructura administrativa, el triple de los que tenía su antecesor, Walter Grahovac. En exposiciones en público hace énfasis en la robótica. El ministerio se muestra desconectado del malestar profundo que atraviesa la escuela.
Si a la sobrecarga laboral por la misma plata se le agrega el desconocimiento del esfuerzo que los docentes están haciendo para sostener las aulas, el combo estalla al ver el recibo de sueldo. A esas horas adicionales que les come el Cidi no las necesitan para descansar o atender la familia propia: tienen que hacer Uber, vender empanadas o dar clases particulares porque la plata no alcanza. ¿Quién va a pensar en serio en los resultados educativos con este escenario? No hay manera.
Se cerró la paritaria más compleja que tuvo que transitar Llaryora. Pero si no se abordan los problemas de fondo, el marzo de 2027, ahí si en plena campaña, será mucho más complejo.
