En un contexto nacional atravesado por un clima gremial crispado, alimentado por los despidos que provoca el estancamiento económico –y del que Córdoba no es ajena–, el gobernador Martín Llaryora decidió hacer una apuesta política de alto voltaje: cerrar una paritaria por todo el año con los estatales provinciales.
Los docentes encabezan la discusión salarial, pero la negociación se extendió más de lo previsto por el Gobierno provincial: ya acumula dos meses de idas y vueltas.
El próximo lunes, en las primeras horas de la tarde, una asamblea provincial clave de la UEPC definirá si acepta o rechaza la cuarta oferta salarial presentada por el gobernador.
Las asambleas escolares reflejaron un escenario de paridad, con una leve inclinación hacia el rechazo de la propuesta oficial. Aun así, este dato implica cierto avance para el Gobierno: en la tercera oferta, el rechazo había sido contundente, con 110 de los 134 delegados votando en contra en la cumbre provincial docente.
Sin embargo, en su apuro por cerrar el acuerdo, el gobernador no se conforma con haber acortado distancias en este cuarto intento. Desde el Centro Cívico se encargaron de sobredimensionar la relevancia de esta nueva propuesta, que será sometida a votación el lunes.
Según la UEPC, Llaryora ofertó un piso de aumento del 40% para todo el 2026
En rigor, el Gobierno provincial tiene tiempo. La conciliación obligatoria vence el próximo jueves y existe la posibilidad de solicitar una prórroga por otros 10 días hábiles para continuar negociando. Pero la decisión política de Llaryora parece ir por otro carril, lejos del calendario: quiere resolver el conflicto con los docentes cuanto antes.
En esa misma línea, el secretario General de la Gobernación, David Consalvi, convocó para este lunes a la conducción del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), con la intención de iniciar la negociación con el segundo gremio estatal en importancia.
En primera persona
A Llaryora y a su equipo les cuesta comprender cómo un gremio puede rechazar un aumento del 40% anual que, además, incluye una cláusula de revisión por inflación en octubre.
En el Centro Cívico están convencidos de que la conducción de la delegación Capital –en manos de dirigentes de izquierda– “contamina de política” la negociación salarial.
La preocupación del gobernador por el malestar docente lo llevó a involucrarse personalmente: dedicó parte de la semana pasada y de la actual a reunirse con inspectores y maestros de grado, en busca de un diagnóstico directo sobre el ánimo del sector. Según el oficialismo, esos encuentros fueron “positivos”.
No obstante, resulta evidente que no es sencillo para un docente expresar con franqueza su malestar frente al propio gobernador y al ministro de Educación, Horacio Ferreyra. Esos intercambios fueron seguramente más moderados que el clima de disconformismo y enojo que se manifiestan en las asambleas escolares.
Más allá de lo que resuelva la UEPC el lunes, la gran incógnita persiste: ¿un eventual acuerdo logrará desactivar el conflicto que atraviesa hoy a las escuelas?
El peso de los descuentos por los paros en las discusiones en la UEPC
Esa es, en definitiva, la otra gran preocupación de Llaryora. No solo busca cerrar la paritaria, sino también recomponer el vínculo con un sector que, según reconocen en el propio oficialismo, mantiene una mirada crítica sobre la gestión provincial.
“El salario docente en Córdoba es uno de los mejores del país. Nos hicimos cargo del Fonid, que dejó de pagar la Nación. Tenemos el boleto educativo, que implica un doble beneficio: transporte gratuito para docentes y sus hijos. Y, sin embargo, parece que nada alcanza”, se sinceró un ministro, sin disimular su fastidio y desorientación, y repitiendo en público lo que es probable el gobernador exprese en privado.
Aunque, hasta ahora, Llaryora ha sido muy mesurado para no alimentar el conflicto. Hasta justificó en público el clima de disconformismo de las maestras y maestros por el sueldo que reciben.
Por estas horas, ante la posibilidad de un nuevo rechazo, en el Centro Cívico ya ensayan escenarios. Además de los contactos con docentes, el gobernador hizo muchas consultas en los últimos días, incluidos exfuncionarios provinciales.
Entre las sugerencias que recibió, surgió la posibilidad de aplicar una cláusula gatillo por inflación a partir de mayo, luego del fuerte incremento –no remunerativo– ofrecido para el trimestre febrero-marzo-abril.
Sin embargo, más allá de las alternativas y sugerencias, hay un dato insoslayable: la estrechez de las finanzas provinciales.
Llaryora busca un acuerdo que no dependa de variables fuera de su control. Y la inflación, claramente, es una de ellas. Si no, que lo digan el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Por eso, el gobernador descarta de plano esquemas trimestrales o semestrales, como los que adoptaron otras provincias. Su objetivo es despejar el horizonte de conflictos gremiales para concentrarse en la gestión y en su aspiración reeleccionista.
Pero ese mismo objetivo se convierte, al mismo tiempo, en uno de los principales obstáculos frente a la férrea resistencia de los docentes.
