Nadie lo admite, pero el acuerdo fue tan evidente como concreto. De manera sorpresiva, dos gobernadores críticos de los libertarios –Martín Llaryora y el santafesino Maximiliano Pullaro– resultaron piezas clave para la aprobación de la polémica modificación de la Ley de Glaciares, un triunfo político para el presidente Javier Milei.
Córdoba y Santa Fe venían siendo, hasta aquí, las provincias más relegadas en el reparto de fondos no automáticos que entrega la Nación. Es probable que esa realidad comience a cambiar en los próximos meses. Se verá.
Conviene ir por partes. Se trató de un acuerdo de necesitados, una dinámica tan habitual como silenciosa en la política. El gobierno de Milei tensó al máximo la cuerda para conseguir la aprobación de la modificación de la Ley de Glaciares. Fieles a su estilo, los libertarios jugaron “a todo o nada” para sancionar una norma que beneficia, principalmente, a las provincias con actividad minera.
El PJ olió sangre y no quiso desaprovechar la oportunidad de provocarle una nueva derrota legislativa a los libertarios. Ni siquiera atendió los pedidos de los gobernadores de su propio espacio, que reclamaban la aprobación del proyecto. El objetivo del kirchnerismo era claro: propinarle un cachetazo político a Milei.
En ese contexto, los libertarios ya habían avanzado en negociaciones con mandatarios peronistas dialoguistas, pero temieron no alcanzar el cuórum necesario para abrir la sesión. Los votos para sancionar la ley, en cambio, estaban asegurados.
Fue entonces cuando, por pura necesidad, Llaryora y Pullaro entraron en el radar libertario. Ambos mandatarios provinciales enfrentan urgencias financieras, derivadas de la caída sostenida de la recaudación en los últimos nueve meses. El escenario, así, quedó servido para un acuerdo entre partes que necesitaban lo mismo: oxígeno. El Gobierno, oxígeno político, y los gobernadores, oxígeno financiero.
Las conversaciones se mantuvieron en un estricto hermetismo. Llaryora no compartió los detalles ni siquiera con su círculo más cercano. Sin embargo, los hechos fueron elocuentes: el llaryorista puro Ignacio García Aresca y Alejandra Torres, dos diputados que responden al gobernador, se sentaron en sus bancas el miércoles pasado y dieron el cuórum.
Algo similar ocurrió con dos legisladores santafesinos alineados con Pullaro, entre ellos Gisela Scaglia, exvicegobernadora y actual titular de la bancada de Provincias Unidas.
Sin esos cuatro diputados, la sesión no habría comenzado. Y sin sesión, no hubiera habido festejo libertario en la madrugada del jueves.
Las negociaciones que Llaryora y Pullaro encararon en tándem habrían incluido a los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía), además del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, un libertario con buen vínculo con el llaryorista García Aresca.
Nadie habló de cifras concretas. Pero todo indica que Córdoba y Santa Fe –excluidas en la última distribución de aportes del Tesoro nacional (ATN), que alcanzó a 12 distritos– podrían encabezar el próximo reparto.
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Sin embargo, ese no sería el único componente del acuerdo. Para las administraciones de Llaryora y de Pullaro, una remesa de ATN no modifica de manera sustancial el tablero financiero, algo que sí resulta vital para provincias más pequeñas.
En los casos de Llaryora y de Pullaro, el valor de los ATN es más político que económico: evitar quedar fuera del reparto y poder mostrar, puertas adentro, que se defienden los intereses provinciales.
El núcleo más relevante del entendimiento pasaría por otro lado: las diferencias por “coparticipación mal liquidada”, un eufemismo histórico utilizado por distintos gobiernos nacionales para justificar compensaciones financieras a los gobernadores.
Negociación cruzada
El martes pasado, Llaryora estuvo en Capital Federal para firmar un acuerdo con la Agencia Francesa de Desarrollo, que aportará 50 millones de euros destinados a la modernización de hospitales provinciales.
No trascendió si el gobernador aprovechó la visita para reunirse con funcionarios nacionales, pero tampoco sería extraño que esos encuentros hayan ocurrido.
Ese mismo martes, por la tarde, Juan Schiaretti sorprendió con un mensaje en redes sociales en el que adelantó su rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares.
Mientras Llaryora negociaba con funcionarios libertarios, su antecesor dejó fijada –con llamativa anticipación– una postura contraria al proyecto impulsado desde la Casa Rosada.
Desde ambos entornos, niegan tensiones entre el gobernador y su antecesor. De todos modos, las diferencias quedaron expuestas durante la sesión: García Aresca y Torres dieron cuórum, mientras que Schiaretti, Carlos Gutiérrez, Carolina Basualdo y Juan Brügge se sentaron en sus bancas una vez iniciada la sesión, y luego votaron en contra.
Al momento de la votación, García Aresca se ausentó y Torres acompañó el proyecto. La diputada, que fue funcionaria provincial de Schiaretti y municipal de Llaryora, mantiene posiciones más cercanas a la lógica libertaria que al tradicional estatismo del PJ.
Como ocurre con el resto de los gobernadores, Llaryora enfrenta una ecuación compleja: caída de ingresos, mayores responsabilidades derivadas del ajuste nacional y una presión creciente por reclamos salariales de los empleados públicos.
En ese marco, el gobernador intentará cerrar la próxima semana la paritaria docente. Será el primer paso para encadenar acuerdos con el resto de los gremios estatales, lo que le permitiría transitar el año sin conflictividad salarial con los estatales. Un logro nada menor en un clima social cada vez más tenso.
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En ese contexto, la oferta a la UEPC podría acercarse al techo del 30% de aumento anual, ya que los funcionarios llaryoristas ya anticiparon un piso del 26% de incremento.
Un compromiso financiero para Llaryora que, hasta hace apenas unos días, parecía fuera de su alcance, cuando todavía no se vislumbraba el entendimiento de necesitados con la Casa Rosada.
