
Caso Adorni: cascada de optimismo de Llaryora y de los gobernadores
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Redacción La Voz
La Unión Personal Superior (UPS), el gremio que nuclea a los jerárquicos provinciales, firmó este martes el acuerdo paritario con el Gobierno provincial, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del corriente año.
Con esta rúbrica, la administración del gobernador Martín Llaryora suma otro entendimiento clave en su objetivo de desactivar focos de conflicto sindical en la administración pública.
Tal como ocurrió con los docentes (UEPC) y el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), el convenio acordado con los jerárquicos contempla el pago de sumas fijas no remunerativas y, posteriormente, la aplicación de la cláusula gatillo atada a la inflación hasta fin de año.
En abril, los jerárquicos percibirán una suma fija –no remunerativa– de $ 175.000, mientras que en mayo ese monto ascenderá a $ 235.000, también bajo la misma modalidad.
A partir de junio y hasta el 31 de diciembre, los incrementos salariales quedarán atados a la inflación del mes anterior, de acuerdo con los índices que publica la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia.
En el caso de los jubilados jerárquicos, el esquema prevé un aumento del 2,63% en mayo, además de una suma fija de $ 60.000 en junio. Para julio, ese adicional se elevará a $ 80.000.
Desde agosto y hasta diciembre, el sector pasivo también quedará alcanzado por la cláusula gatillo por inflación.
El acuerdo fue rubricado en el Centro Cívico por la titular de la UPS, María Inés Palacios, y el secretario General de la Gobernación, David Consalvi, en una negociación que el oficialismo consideraba prioritaria para garantizar estabilidad en el frente gremial.

“Entendemos que ninguna negociación alcanza plenamente las expectativas de todos los sectores, especialmente en un escenario económico complejo. Sin embargo, este acuerdo representa un paso orientado a sostener los ingresos y mantener abierta la discusión salarial de manera permanente”, expresó Palacios, luego de firmar el acuerdo con la Provincia.
La dirigente sindical admitió además que la aceptación de sumas no remunerativas generó debate puertas adentro del gremio. “Aceptar sumas no remunerativas no fue una decisión sencilla, pero se entendió como una herramienta necesaria para avanzar en una recuperación salarial en el corto plazo. Asimismo, se acordó extender la vigencia del acuerdo hasta diciembre de 2026 y se logró una suma no remunerativa para nuestros jubilados”, concluyó la dirigente gremial, que sucedió al fundador del sindicato, el histórico dirigente Domingo Ovando, fallecido en noviembre de 2024.
Con el acuerdo alcanzado con la UPS, sumado a los ya firmados con la UEPC y el SEP —los dos gremios que concentran cerca del 90% de los empleados públicos provinciales—, el Gobierno provincial logra despejar, al menos por ahora, el horizonte de conflictos sindicales en buena parte de la administración pública.
Todavía quedan negociaciones abiertas con otros sectores, como legislativos, músicos, viales y trabajadores de la Lotería. Sin embargo, en el Centro Cívico reconocen que el objetivo central era cerrar en estos días con los tres gremios de mayor peso dentro del esquema estatal.
De todos modos, persisten algunos focos de tensión. El gremio de los judiciales provinciales, que negocia salarios con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), mantiene un clima de conflicto que aún no encuentra resolución.
En paralelo, en el área de salud continúa la resistencia de los autoconvocados y de gremios como la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS), que rechazan el acuerdo firmado por el SEP y sostienen medidas de presión en distintos hospitales provinciales.
Aunque la UTS y los autoconvocados no participan formalmente de la discusión paritaria con el Gobierno, conservan influencia en los hospitales públicos. Su principal reclamo pasa por la inmediata aplicación de la Ley de Equipos de Salud, una medida que el SEP aseguró que comenzará a implementarse en el corto plazo.