En medio del escándalo que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acusado de supuesto enriquecimiento ilícito, una decisión del presidente Javier Milei, tomada el pasado 23 de abril, pasó inadvertida. A través del decreto 269/2026, el mandatario no sólo ratificó su respaldo político al cuestionado funcionario libertario: lo empoderó.
No fue una medida burocrática ni un simple reordenamiento administrativo. Fue una decisión política en toda regla: otorgarle más poder al funcionario que hoy aparece en el centro de la tormenta.
Uno de los puntos del decreto generó inquietud entre varios gobernadores, entre ellos Martín Llaryora. La Dirección del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sinyt), considerada la red de datos más grande del Estado argentino, quedó bajo la órbita de Adorni.
La Sinyt coordina el intercambio de información entre más de un centenar de organismos nacionales, provinciales y municipales. Allí se cruzan datos patrimoniales, tributarios y sociales de todas las personas físicas y jurídicas del país.
Pero no fue la única decisión sensible. El mismo decreto también colocó bajo el control de Adorni la Oficina Nacional de Contrataciones. Es decir: cualquier compra que realice el Estado nacional deberá pasar por la firma del jefe de Gabinete.
En el contexto actual, la medida invita al chiste fácil. El ajuste que pregona el Presidente podría quedar amenazado si Adorni administra las compras públicas con el mismo criterio de dispendio que habría utilizado para las reformas de su vivienda de fin de semana en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.
Más allá de la ironía, otro artículo del decreto también encendió alarmas entre los mandatarios provinciales. Todos los giros a las provincias, incluidos los apreciados aportes del Tesoro nacional (ATN), deberán pasar por la pluma de Adorni.
Hasta ahora, los ATN eran potestad del Ministerio del Interior, mientras que las partidas de fondos no discrecionales transitaban por la oficina del ministro de Economía, Luis Caputo, en acuerdo con el titular de la cartera política, Diego Santilli.
La conclusión es evidente: en medio del escándalo que envuelve a Adorni, Milei no se limitó a respaldarlo públicamente. Lo blindó políticamente y le entregó más poder.
Por eso tampoco sorprendió la devolución de gentilezas del jefe de Gabinete. En la extensa entrevista que el jueves por la noche le concedió al periodista Alejandro Fantino, Adorni definió a Milei como un “ser maravilloso”. Aunque amagó con defenderse, evitó aclarar el punto central de las sospechas: el crecimiento patrimonial de U$S 850 mil que acumuló en los 28 meses que lleva como funcionario nacional.
Buena noticia
En este contexto, la caída en desgracia de Adorni –que nadie sabe todavía cómo terminará– se convirtió en una buena noticia para los gobernadores. Ninguno lo admitirá públicamente, pero es el clima que hoy domina en las provincias.
Siguiendo con el tono irónico, los desaguisados judiciales del jefe de Gabinete provocaron una verdadera “cascada” de optimismo entre los mandatarios provinciales. La referencia no es casual: alude a la mejora –con un costo de U$S 3.500, según declaró el contratista ante la Justicia– que Adorni construyó en la pileta de su casa de fin de semana.
Sus problemas judiciales, sumados a la inédita postura de no defenderse para, supuestamente, no obstruir a la Justicia, debilitan al hasta hace poco todopoderoso jefe de Gabinete. Y eso es algo que los gobernadores celebran, aunque en voz baja.
Como contrapartida, la debilidad de Adorni fortalece a los ministros Caputo y Santilli, los dos funcionarios libertarios que más diálogo mantienen con los gobernadores. Llaryora es uno de ellos, aunque no lo reconocerá.
El desgaste que el caso Adorni le genera al gobierno libertario reproduce escenas paradigmáticas, otra vez al borde del chiste fácil.
El martes pasado, en uno de los pasillos del Congreso, un diputado cordobés le preguntó a un encumbrado legislador kirchnerista: “¿Van a ir por la destitución de Adorni?”. La respuesta del dirigente K lo sorprendió. “Ni locos. Que este Adorni se quede hasta 2027”, respondió el opositor, sin poder contener una carcajada.
Impacto en Córdoba
Las secuelas políticas del escándalo también comienzan a desparramarse por las provincias. En Córdoba, el caso coloca a los opositores locales en una situación incómoda. El libertario Gabriel Bornoroni y Luis Juez optaron por bajar el perfil, mientras que el radical Rodrigo de Loredo volvió a rescatar un viejo spot de campaña kirchnerista de 2013, cuando intentaba disputarle el poder al PJ provincial: “Hablemos de Córdoba”.
Llaryora evita referirse al caso Adorni, pero aprovecha el temporal que atraviesa el Gobierno nacional para profundizar su diferenciación política.
El gobernador cuestiona el funcionamiento del Pami y lanzó un programa de asistencia para el sector de la discapacidad, con fuertes críticas a la Nación, a la que acusa de “abandonar” a quienes más necesitan del respaldo estatal.
En detalle, cómo es el acuerdo salarial en paritarias entre el SEP y el gobierno de Llaryora
Mientras, los opositores cordobeses le exigen al gobernador que no hable tanto del Pami y que mejore la atención deficiente de la obra social provincial (Apross). Además, se consuelan con un dato incontrastable de la realidad: falta mucho para las definiciones electorales de 2027.
En ese marco, Luis Juez brindó fuertes declaraciones a Mitre Córdoba. “El caso Adorni es una anécdota si se compara con el nivel de vida de los funcionarios peronistas en Córdoba”, lanzó el senador.
La política nacional y provincial sigue atravesada por la novela de Adorni, que, lejos de cerrarse, suma nuevos capítulos cada día.
