Alerta. Fate advirtió que no puede garantizar la seguridad del material radioactivo en su planta
La empresa informó a la Autoridad Regulatoria Nuclear que no tiene acceso a un acelerador de electrones dentro de la fábrica de San Fernando, ocupada por trabajadores desde febrero.
La empresa de neumáticos Fate advirtió al Gobierno nacional que no puede garantizar las condiciones de seguridad de un equipo con material radioactivo ubicado dentro de su planta industrial en San Fernando, que permanece ocupada por trabajadores desde mediados de febrero.
La advertencia fue enviada mediante una carta del presidente de la compañía, Javier Madanes Quintanilla, dirigida a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).
El equipo radioactivo dentro de la planta
En el documento, la empresa informó que en el establecimiento funciona un acelerador lineal de electrones de uso industrial.
Según explicó la compañía, el dispositivo tiene una capacidad de 500 KeV y 100 mA y utiliza radiaciones ionizantes, por lo que requiere condiciones estrictas de seguridad y personal especializado para su operación.
“Ponemos en vuestro conocimiento que no podemos garantizar las condiciones de seguridad ni la diligencia debida necesaria”, señaló la firma en la comunicación enviada al organismo regulador.
Planta ocupada desde febrero
La advertencia se produjo luego de que la Justicia revocara una orden de desalojo contra los trabajadores que mantienen ocupada la fábrica.
El conflicto involucra al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), cuyos afiliados mantienen el control del establecimiento desde el 19 de febrero en rechazo al cierre de la planta.
En la carta enviada a la ARN, la empresa sostuvo que no puede cumplir con sus responsabilidades como licenciataria del equipo debido a que “la planta industrial se encuentra usurpada”.
La decisión judicial
La resolución fue tomada por la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro.
El tribunal, integrado por los jueces Juan Stepaniuc, Luis Cayuela y Leonardo Pitlevnik, consideró que el conflicto corresponde al ámbito laboral y no penal.
En el fallo señalaron que la huelga “se encuentra reconocida como derecho en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional” y constituye un medio legítimo de acción sindical.
Multa del Gobierno a la empresa
En paralelo, el Gobierno nacional anunció que iniciará un sumario contra la empresa por no haber pagado salarios durante la conciliación obligatoria.
El anuncio fue realizado por el Ministerio de Capital Humano, que informó que la sanción se aplicará por el incumplimiento del pago de sueldos correspondientes a la segunda quincena de febrero.
La multa se calculará según el régimen de sanciones previsto en la Ley 25.212, que establece penalidades de entre el 50% y el 2000% del salario mínimo por cada trabajador afectado.
Un conflicto con cientos de trabajadores
El cierre de la planta afecta a unos 920 empleados que tenía la empresa antes de anunciar el cese de actividades.
De ese total, cerca de 380 trabajadores todavía no aceptaron los acuerdos de desvinculación ofrecidos por la compañía.
Mientras continúan las negociaciones individuales y la conciliación obligatoria fue extendida hasta el 16 de marzo, el conflicto laboral sigue abierto y mantiene paralizada la producción en la planta.





