La versión circuló en voz baja, como suelen hacerlo las noticias que incomodan. A Javier Milei le llegaron los detalles del acuerdo salarial que el gobernador Martín Llaryora firmó con la UEPC, que les garantiza a los docentes un aumento del 40% por este año.
La reacción inmediata del Presidente habría sido consultar por el tema al ministro de Economía, Luis Caputo. “¿Es cierto esto?”, habría preguntado, con una mezcla de sorpresa e incredulidad.
No trascendió la respuesta que llegó del responsable de la economía, que libra una ruda batalla contra la inflación. Tal vez por cautela, o tal vez porque Caputo –uno de los ministros libertarios con mejor diálogo con Llaryora, a través de su par provincial, Guillermo Acosta– entiende que no vale la pena pelearse con un gobernador, al que considera “colaborador”.
Hasta ahora no hubo señales de advertencias públicas hacia el mandatario cordobés. En rigor, Caputo no suele inquietarse por las finanzas provinciales. Una actitud que contrasta con la memoria económica reciente: la crisis de 2001 empezó a gestarse –precisamente– con el quiebre económico de los municipios, y luego de las provincias.
Pero, más allá de esta supuesta molestia de Milei con Llaryora, en la Casa Rosada tienen otras urgencias. Córdoba no figura hoy entre sus principales preocupaciones por cuestiones financieras.
Hay al menos una docena de provincias con dificultades para pagar salarios. El contexto tampoco ayuda. En varios distritos, la coparticipación federal –que sigue en caída libre–representa entre el 80% y el 90% de los ingresos. En Córdoba ronda el 57%.
El horizonte inmediato tampoco ayuda: el pago del medio aguinaldo, a comienzos de julio, asoma como una prueba de estrés para las cuentas provinciales y municipales.
No está claro si el episodio de la paritaria estatal que firmó Llaryora quedará en una anécdota. Lo concreto es que, más allá de este tema puntual, el vínculo entre el gobernador y el poder central se mantiene en buenos términos.
Llaryora no tiene contactos con los hermanos Milei, pero dialoga más de lo que trasciende con Caputo, y con el ministro del Interior, Diego Santilli, quien ya se mueve en una tarea compleja que le encomendó el Presidente: reunir los votos en el Congreso para eliminar las Paso.
En ese contexto, tal vez Milei deba archivar cualquier enojo con Llaryora. El cordobés puede aportarle seis votos decisivos en Diputados, un número nada despreciable para el objetivo del oficialismo.
¿Por qué le interesa tanto al Presidente eliminar las Paso? El argumento oficial es económico: se habla de un costo de U$S 200 millones, una cifra que muchos consideran inflada, más cercana a una excusa que a una estimación precisa.
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Detrás de ese razonamiento aparecen los motivos políticos, mucho más determinantes. Como todo oficialismo, el Gobierno sabe que las Paso ordenan a la oposición. Además, sin esa instancia electoral, el Presidente gana tiempo: un par de meses extra para que la gestión libertaria pueda mostrar resultados.
Hoy, los libertarios no tendrían los votos suficientes para avanzar con esa reforma. Sin embargo, en la Casa Rosada –y en particular el tándem Caputo-Santilli– confían en conseguirlos. La estrategia es conocida: acuerdos financieros con gobernadores cada vez más presionados por la escasez de recursos.
Problemas propios, desafío opositor
Mientras la política nacional concentra la atención –entre la marcha de la economía y los problemas judiciales del jefe de Gabinete, Manuel Adorni–, en Córdoba el gobernador mide cada movimiento en clave electoral. Y, en los últimos días, las señales no fueron alentadoras.
La muerte de un joven en la celda de una comisaría, sumada a algunos episodios relevantes de inseguridad, volvieron a encender alarmas en un terreno donde el oficialismo creía tener margen para capitalizar.
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Un mes atrás, un encumbrado ministro llaryorista se mostraba confiado: “La inseguridad es un problema, pero vamos a ganar las próximas elecciones, y una de las razones serán las medidas en seguridad que implementamos”, aseguró en aquel momento.
La realidad, sin embargo, es volátil. En materia de seguridad, todo puede cambiar en cuestión de días.
El ministro del área, Juan Pablo Quinteros, es una de las opciones que Llaryora maneja para la Capital. Sin embargo, después de los últimos episodios, en el oficialismo no descartan una decisión preventiva, que no será inmediata: para protegerlo, no sería descabellado en los próximos meses mover a Quinteros a un cargo menos expuesto, probablemente en el municipio capitalino. Por ahora es sólo una versión.
La otra inquietud para el Centro Cívico vino de la oposición. Este viernes, el juecismo y los libertarios enviaron un fuerte mensaje de unidad. El referente libertario Gabriel Bornoroni asistió al locro del Frente Cívico y dejó una definición política contundente.
"Estamos construyendo un frente para gobernar Córdoba. El trabajo que estamos haciendo con Luis (Juez) es en serio, no para la foto. Nos preparamos para gobernar y nos vamos a mantener juntos hasta las últimas consecuencias, más allá de las operaciones que lancen. No somos todos iguales, y los que especulan se quedarán afuera", expresó el diputado. La última frase pareció un mensaje para el radical Rodrigo de Loredo, que ya se lanzó como precandidato opositor a gobernador.
Después llegó el turno de Juez, quien ante sus militantes dejó otra sentencia fuerte: "Somos parte de un proyecto político que quiere gobernar Córdoba. El Frente Cívico está parado en este proyecto, y no nos vamos a mover. Lo único que nos puede hacer mover es que no haya voluntad de ganar la provincia. Probablemente no nos toque conducir este proceso, pero vamos a acompañar a muerte al que le toque, para ganar", dijo el senador, en lo que pareció un mensaje para la Casa Rosada, que negocia algunos temas con el Centro Cívico.
