Entrevista. David Consalvi: La suba del 40% a los estatales tendrá un costo de más de $ 1,2 billones

El secretario General de la Gobernación, David Consalvi, es quien representa al gobernador Martín Llaryora en las discusiones paritarias con los estatales cordobeses. En el caso de los docentes, acaba de cerrar con la UEPC un acuerdo que se discutió por más de 70 días. Y que le dará a los docentes un piso de aumento anual del 40%.

"Llaryora llevó al máximo la capacidad de priorizar los recursos", dijo Consalvi en Voz y Voto para explicar de dónde sacará los recursos.

–Es un esfuerzo económico grande de la Provincia. ¿Cuál termina siendo el costo de dar este incremento a los docentes?

–Fueron más de 75 días de negociación con un proceso de conciliación obligatoria en el medio. Logramos conformar el mejor acuerdo posible en una Argentina donde discutir salarios es una tarea muy complicada. La economía tiene una fragilidad extrema, con nueve meses casi consecutivos en los que Gobierno nacional recauda menos producto del gran parate económico y, por ende, coparticipa menos a las provincias. Y eso fueron condiciones objetivas que complejizaron la negociación, sumado a la dinámica de violencia y conflictividad propia que se generó intra-organización gremial. Finalmente, pudimos conformar un acuerdo por un año que tiene un incremento salarial que va del 40 al 45%. Y en esta última instancia, con la modificación que hicimos, si la inflación se va por encima de esa proyección, el acuerdo va a tener una recomposición mayor, que puede llegar al 50 o al 55%. Y con una cláusula de revisión en octubre.

–¿Cuál es el costo para la Provincia?

–Si esta misma pauta es trasladada para el resto de los estatales, el acuerdo anual va a costarle a la Provincia $ 1.250 mil millones, es decir, más de 1,2 billones.

–Y eso es lo que va a pasar: los otros gremios van a pedir las mismas condiciones. ¿Están dispuestos a las mismas condiciones?

–Sí. Porque además se suscribe con cada una de las organizaciones sindicales una cláusula de igual tratamiento. Eso hace que si algún gremio tiene algún tratamiento por encima del resto, esa mejora se tiene que trasladar.

–¿No les preocupa poder afrontarlo? Usted describía un escenario muy complejo.

–Es un escenario complejo, y hemos hecho un esfuerzo fiscal muy importante. El gobernador hizo una priorización de gastos. Supervisó y lideró los equipos de trabajo en persona, analizó las variables y hubo redireccionamiento de obra pública, que no estaba adjudicada y licitada, para poder afrontarlo. Lo entendimos por varias razones. Primero, porque garantizarle a 82.000 docentes una certidumbre de cuál va a ser su esquema de recomposición salarial era una medida de estricta justicia. Además, busca garantizar un servicio esencial del Estado que es la educación. Y es un reconocimiento de la tarea enorme que hacen los docentes todos los días. Pero además, busca la paz social. Las familias tienen claro el normal desarrollo del sistema y del calendario escolar. Se baja la conflictividad. El gobernador entendía que los salarios están muy complicados, que a no llegar a fin de mes se le suma el gran endeudamiento que tienen las familias; y los docentes no escapan a eso. Pero también fuimos muy claros en las condiciones objetivas que enmarcaban los límites de este acuerdo. Llaryora llevó al máximo la capacidad de priorizar los recursos.

–Pero son porcentajes altos que se aplican sobre sueldos que están muy bajos, entonces la gente sigue sintiendo que es poca plata.

–Y eso es un fenómeno que pasa también en el sector privado. Hoy el modelo económico hace que la variable de ajuste principal sean los salarios. Lo vemos a nivel nacional, cuando la secretaría de Trabajo no homologa acuerdos por encima del 2% mensual. Es una forma de ponerle techo al sector privado. Y en el caso de los empleados nacionales, el Gobierno da los aumentos por decreto, y todos están por debajo de la inflación. Por ejemplo, si comparamos los docentes nacionales con los provinciales, los nacionales han perdido.

–¿Habla de los universitarios?

–Sí, de los colegios universitarios como el Monserrat y el Belgrano, que han perdido casi el 40% su poder adquisitivo. En Córdoba, si al acuerdo con la UEPC le sumamos el Fonid, que quitó el Gobierno nacional, prácticamente el salario de una maestra de grado con 22 horas, y sin antigüedad, estaría al borde de alcanzar la Canasta Básica. Ahí vemos como el retiro del Gobierno nacional fue un recorte directo al salario.

–Cuando dice "redireccionar", ¿habla de sacrificar obra pública en detrimento de los sueldos?

–Es una tarea muy compleja y por eso costó tanto conformar la cuarta propuesta. Hay obra pública que ha sido licitada y adjudicada, hay garantías de por medio, hay adelantos para la ejecución y eso garantiza que estén los recursos para finalizar esos frentes. Ahora, sobre aquellas que estaban próximas a ser licitadas se hizo una priorización y se redireccionó ese esquema que estaba próximo a lanzarse. Igualmente no fue al 100%, porque también se van a encarar frentes de obras que son complementarios, estratégicas y muy necesarios. Por ejemplo, la extensión de ramales de gas o la repotenciación de energía, que buscan sostener el entramado productivo de Córdoba. Esa obra pública se priorizó y el resto se utilizó para poder calzar.

–Hace poco el gobierno de Córdoba tomó deuda por 800 millones de dólares y dijo que se va a utilizar para obra pública. Si hay un freno de alguna de esas obras, ¿ese dinero va a sueldos?

–No, no. Cada vez que uno tiene un financiamiento internacional hay ciertas condiciones, y además, hay calificaciones crediticias que, en el caso de Córdoba, son de las mejores. Incluso cuando el Gobierno nacional defaulteó la deuda, la Provincia honró sus obligaciones y eso es un diferencial al momento de salir a buscar financiamiento. El financiamiento tiene un destino específico. Y después, tiene que ser devuelto bajo las condiciones que establece cada uno de estos créditos que se suscriben y para los que tiene que haber un correlato con las condiciones que se suscriben. La devolución y también el destino que se dan ahí.

–O sea que si la Provincia usara ese dinero para gastos corrientes, ¿podría correr riesgo la calificación que tiene?

–Sí. Y naturalmente no ha sido el diseño de los recursos para poder atender el gasto. Lo hemos hecho con gastos corrientes, y lo pudimos calzar incluso con las proyecciones complejas de la economía nacional. El gobernador Llaryora tiene una administración muy eficiente y controlada de los gastos. Esa sintonía fina de la gestión nos permitió estresar al máximo las partidas para poder atender lo que era una cuestión prioritaria.

–¿Por qué no el ministro de educación, Horacio Ferreyra, no está presente en la discusión con los docentes?

–Lo está, y ha participado en las instancias en las que el ministro hace aportes. Nosotros, cuando negociamos salarios, también negociamos condiciones de trabajo. La mesa salarial es mucho más rica que la pauta. Hay cuestiones escalafonarias que tienen que ver con la dinámica del servicio. Esas son actividades que tiene en la cabeza el ministro de Educación, quien interviene en esa instancia. También, en este conflicto intervino en generar los ámbitos de vinculación con inspectores, directores, docentes que están en la primera línea de servicio para que pudiéramos direccionar la propuesta conforme las necesidades prioritarias que nos planteaban. Ahora bien, la negociación salarial es una responsabilidad exclusiva de la Secretaría General y el ministro tiene que encargarse de la prestación de un servicio enorme, como es el sistema educativo cordobés, que tiene 5.000 establecimientos educativos y más de un casi un millón de alumnos.

–¿Pero no tendría que haber tenido una percepción más clara del grado de malestar que había?

–Naturalmente generó los vasos comunicantes con el sector. Ahora bien, eso también hay que conformarlo, hay que ponerle números. Es una tarea compleja. Y el ministro, si bien hizo un aporte, tiene una responsabilidad enorme todos los días. Pero sí ha participado en las instancias en las que se necesitaba. Lo mismo que el gobernador, que ha liderado el equipo de trabajo.

–¿Los sorprendió la resistencia de los docentes de base? Fueron al paro, después hicieron uno de 48 horas, se bancaron los descuentos y lanzaron uno de 72 horas. ¿Qué lectura hacen?¿Está pasando algo en relación al Gobierno más que la interna gremial?

–Primero, ante la complejidad de la economía, y con ingresos a la baja todo se vuelve muy complicado. Más cuando hay que garantizar un año de acuerdo. Si uno ve otras jurisdicciones, están cerrando acuerdos trimestrales, cuatrimestrales, pero no se van mucho más allá. Un acuerdo anual es todo un desafío de gestión. Pero tampoco somos inocentes. Se dio una dinámica de violencia en la discusión que la complejizó. Pero a eso el Gobierno no lo utilizó como una excusa para no atender el reclamo, o deslegitimarlo. Pero sí advertimos, sobre todo en los últimos 15 o 20 días, acciones directas con choques entre las fracciones en el gremio, especialmente en Capital.

–Más allá de la interna con Capital, en el mandato del lunes pasado había una paridad de de disputa. Todo un sector del interior también estaba en contra del acuerdo.

–Sí. Pero la propuesta salió con un apoyo contundente. Fueron 18 departamentos que la aprobaron contra ocho que la rechazaron. Aquellos que traían el mandato de no aprobar, lo traían diciendo que la aceptación estaba condicionada a que se consiguiera una mejora para los jubilados, para el 2% mensual, y para transformar la inflación acumulativa bonificable del mes anterior. Se planteaban una serie de mejoras que si estaban, esos departamentos traían la aceptación. Y sucedió.

–¿Existe la posibilidad de que la Provincia flexibilice los requisitos para acceder al Paicor? Hay 20.000 personas que trataron de ingresar y no pudieron.

–Hoy se trabaja con requisitos duros que establece la normativa y que se aplican al programa. Pero tenemos un margen de hasta un 25% de mejora de esos requisitos. Hay un equipo de trabajadores sociales que abordan las situaciones particulares, y en esas circunstancias especiales podemos excedernos. Así es como se está trabajando, sobre todo en 2026, porque vemos una presión muy grande, especialmente de la clase media, que busca ingresar al Paicor. Primero, por una cuestión económica y después por la calidad del servicio. Es un desafío en magnitud, ya que son 330.000 raciones de comida diarias que, por las proyecciones que tenemos, vamos a terminar dando en toda la provincia. El año pasado logramos el 100% de la cobertura en toda la provincia. Hoy el Paicor es un orgullo de todos los cordobes y el mayor triunfo de una política pública. Es el programa social más longevo que tiene la provincia, es el más grande en términos presupuestarios y de beneficiarios también.El sostenimiento del servicio nos cuesta 21.000 millones de pesos mensuales.