Legislatura de Córdoba. El caso Agostina Vega marcó una de las sesiones más tensas del año
La muerte de la adolescente expuso fuertes diferencias entre oficialismo y oposición. Hubo cruces por el rol del Gobierno provincial, la Justicia y el ingreso de Claudio Barrelier a la Municipalidad.
La Legislatura de Córdoba sesionó este miércoles en un clima de tensión, en lo que hubo numerosas interrupciones con acusaciones cruzadas y donde el asesinato de Agostina Vega y el impacto institucional atravesó prácticamente las cinco horas de debate.
El bloque oficialista acusó a la oposición en al menos 10 oportunidades de “caranchear” a días de la muerte de la adolescente, mientras que desde las bancadas opositoras se escucharon duros mensajes con críticas para el gobernador Martín Llaryora por permitir el ingreso de Claudio Barrelier a la Municipalidad de Córdoba.
En varios tramos, la oposición responsabilizó al Gobierno provincial y apuntó al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y al fiscal Iván Rodríguez, quien entendió en otra causa en la que Barrelier fue acusado por privación ilegítima de la libertad.
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La oposición buscó, con los proyectos de resolución no necesariamente vinculados a pedidos de informe sobre la causa de Agostina Vega, instalar el debate con explicaciones al oficialismo y responsabilizarlo de haber permitido el ingreso de Barrelier a la Municipalidad y no haber advertido que en 2025 permaneció 20 días preso.
Ferrero: "Hay mafias estructurales"
La radical Alejandra Ferrero acusó al Gobierno provincial de ser parte de “mafias estructurales”.
“Los legisladores tenemos la obligación de no ser indiferentes frente a la negligencia que causa muertes. Este es un Estado corrupto y contaminado… Durante 30 años el peronismo miró para otro lado haciendo favores, tolerando redes de mafias estructurales de corruptos, con beneficios y privilegios para los punteros”, aseguró Ferrero.
Torres: "Hacen carancheo político"
Facundo Torres, presidente del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba, salió en duros términos a responder y asegurar que la oposición busca “el carancheo” político y “solo piensa en las elecciones del año próximo”.
“Aprovechan cualquier oportunidad malintencionada, solo piensan en los resultados de las elecciones, hablan y tienen el tupé, por qué no miran las políticas de género de este gobierno. No vamos a caranchear, nosotros elegimos respetar a la familia, pedimos que la Justicia haga lo que tiene que hacer…”, dijo el jefe del bloque del oficialismo.
“Lo único que hacen es poner palos, les hacen mal a los ciudadanos cordobeses”, aseguró Torres.
La legisladora de la izquierda Noelia Agüero denunció en varios tramos de la sesión que hubo censura por no poder expresarse en el debate y acusó al oficialismo.
“Pedimos el jury, basta de pagar con nuestros cuerpos, no hay democracia en esta Legislatura cuando no nos permiten hablar, no nos dan la palabra”, lanzó la opositora.
El clima de tensión fue en aumento entrada la tarde, lo que derivó en que se dieran varias situaciones de enfrentamientos al mismo tiempo. La juecista Nancy Almada le respondió a Torres, quien había asegurado que la legisladora en una primera instancia sí había acompañado un proyecto de creación de fondos para emprendedores, el que que se aprobó por mayoría. Almada salió al cruce y tuvo un momento de tensión cuando la vicegobernadora Myrian Prunotto le cerró el micrófono.
Una vez más, la oposición insistió en que no podía hablar.
Torres volvió a responsabilizar a la oposición de contar "cuentos de terror" solo por el “carancheo”. A lo que Walter Nostrala, presidente del bloque del juecismo, respondió: “Ustedes escriben esos cuentos de terror, con esto que está sucediendo, que no nos dejan hablar. La gestión de Llaryora es un cuento de terror. La gestión es un horror”. A lo que también se metió en el debate el radical Miguel Nicolás. "Hablan de caranchear cuando hay que darle la seriedad que requiere el tema...", dijo.
La situación se volvió ya mucho más tensa cuando el legislador liberal Gregorio Hernández Maqueda pidió que “tomaran Alplax”. Esto derivó en un enojo mayor del oficialismo, que casi al término de la sesión derivó en un pedido por parte de la justicialista Ileana Quagliano con una cuestión de privilegio.
La legisladora solicitó a la presidencia que se haga un llamado de atención a su par opositor, a quien calificó de misógino, además de acusarlo de no pedir disculpas por sus dichos. También aseguró estos dichos afectan a todas las mujeres del cuerpo legislativo.
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Antes, la legisladora Almada también había asegurado que se dio violencia dentro de la sesión y casi al final planteó la cuestión de privilegio contra la vicegobernadora.
Ninguno de los dos planteos prosperaron porque no se reunieron los votos necesarios.
También Torres le respondió a Hernández Maqueda al referirse concretamente al caso de Barrelier.
“Se nota que el legislador nunca tuvo la responsabilidad de gobernar, que se puede contratar y después alguien se vuelve loco, psicótico, ¿y por eso sos responsable? Esto es caranchear”, aseguró.
El legislador juecista Juan Pablo Peirone pidió que se trate un proyecto sobre la creación de un sistema provincial de localización temprana de evidencia digital para la búsqueda de personas y la investigación del delito, y solicitó un debate sin cruces de este tenor, pero la puja siguió escalando.
Desde el bloque oficialista hubo gritos para la bancada de la oposición, a la que acusaron que, ante cada proyecto del temario, se buscó llevar el debate a una pelea “para caranchear”. Mientras que, del otro lado, se lanzaron cuestionamientos porque no se abría la discusión.
Patricia Botta, del monobloque Valores Republicanos, solicitó al Poder Ejecutivo informe sobre actuaciones judiciales y administrativas en la causa previa al femicidio de la menor Agostina Vega, lo que derivó también en varias interrupciones y cuestionamientos.
“Queremos saber cómo esta bestia de Barrelier, al que me cuesta nombrarlo, fue parte de esta cadena de antecedentes; cómo es posible que con estos antecedentes penales, de robo, de privación ilegítima de la libertad, gozara de la libertad; cómo es posible lo que hizo la fiscalía”, indagó Botta.
Aunque estaban contemplados en el orden del día pedidos de informe sobre la situación del radical Marcos Carasso, imputado en una causa relacionada con el Pami, finalmente el oficialismo decidió pasar el tema a comisión y esperar una respuesta del Tribunal de Cuentas, donde horas antes de la sesión el exdiputado había presentado la renuncia.
Crean un fondo para emprendedores
Un poco más calmo fue el debate por la aprobación de una propuesta del Ejecutivo que planteó la creación del Fondo Provincial de Capital Emprendedor, destinado a impulsar la promoción y desarrollo de proyectos de innovación y emprendimientos dinámicos innovadores. Fue prácticamente al comienzo de la sesión y antes de que se dieran los cruces más fuertes.
El oficialismo consiguió el apoyo del radicalismo y se cruzó con el bloque juecista.
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“Hay leyes que administran el presente y hay leyes que construyen el futuro. La creación del Fondo Provincial de Capital Emprendedor pertenece, sin ninguna duda, a la segunda categoría. Córdoba toma una decisión estratégica: la de no esperar que el futuro llegue, sino salir a buscarlo con instrumentos propios, con recursos propios y con una visión propia del desarrollo”, dijo Juan Blangino, uno de los legisladores oficialistas que abrió este debate y que en comisión llevó adelante el proyecto junto con otros pares de bancada.
“Con esta sanción, Córdoba se convierte en la provincia con la arquitectura financiera de apoyo emprendedor más completa del país. En un mundo donde el capital y el talento eligen dónde radicarse, las señales institucionales importan. Cuando un fondo internacional evalúe dónde invertir en Argentina, va a encontrar que Córdoba tiene una ley”, aseguró.
El teléfono de Gvozdenovich
El "otro" momento de la sesión fue cuando el presidente del bloque de legisladores de la UCR, Matías Gvozdenovich, pidió al Ejecutivo que nombre a los jueces de paz que viene reclamando para el interior.
Su intervención tomó por sorpresa a los oficialistas, ya que el radical con su teléfono celular simuló hablar con el gobernador Llaryora para hacerle el reclamo, y al final advirtió que el próximo llamado sería del radical Rodrigo de Loredo.
“Hoy hablamos con el gobernador y volvimos a insistir en la designación de más de 40 jueces de paz en el interior provincial. 20 de ellos ya aprobaron sus concursos y continúan a la espera de su designación por parte del gobernador. Otros 24 ya presentaron toda la documentación necesaria para poder rendirlos”, se quejó.
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Ya cerca de las 20, la sesión quedó terminada en un clima de suma tensión.
“Yo hice cumplir el Reglamento Interno”, se la escuchó decir a la vicegobernadora.
“Vendrán sesiones más duras, hay unos 16 pedidos de informe de la oposición sobre el caso Agostina Vega y querrán caranchear”, respondió un legislador del justicialismo.
“Hay que dejar al fiscal Raúl Garzón que avance en la causa, que recién después se habilite el debate, pero dentro de unos días. Hay que respetar a la Justicia”, pidió otro legislador del PJ, que también anticipó que la tensión legislativa irá en aumento.
