Estatuto laboral. Lo que no cambia nunca en la Municipalidad de Córdoba

El Estatuto del Personal de la Administración Pública Municipal fue sancionado el 24 de diciembre de 1980: 46 años después, luce como un regalo de Navidad.

Aquella ordenanza de los dictatoriales tiempos en que Alejandro Gavier Olmedo era comisionado municipal lleva el número 7244 y con el correr de la democracia fue sumando artículos, nuevos beneficios y un sinnúmero de garantías que por momentos vuelven anecdótico el poder de un intendente de la ciudad de Córdoba para modificar algo puertas adentro de la estructura municipal.

Ese Estatuto –como casi todos los regímenes del sector público– no fue afectado por ninguna ley de flexibilización. Tampoco por las disposiciones de la Ley Bases ni por la denominada ley de Modernización Laboral que este año sancionó el Congreso. Ni siquiera tuvo cambios en 2020, cuando el entonces intendente y actual gobernador Martín Llaryora les recortó prolongaciones de jornada a miles de municipales y les redujo una hora la jornada laboral a casi la mitad de los empleados.

Esos recortes –los únicos en cuatro décadas– se hicieron en plena pandemia, a través de una modificación en la ordenanza de remuneraciones del municipio: el estatuto desde 1980 sólo sumó beneficios y un régimen de sanciones que extrema las garantías del trabajador, a tono con el criterio de plena estabilidad del empleo municipal.

El Estatuto es la principal herramienta del gremio de los municipales (Suoem). La defensa de esa norma y la negociación de los nuevos beneficios fue la tarea que Rubén Daniele desplegó en continuado y con extrema eficacia desde 1983.

El gremio también adujo la defensa de ese Estatuto desde diciembre de 2023, cuando Daniel Passerini asumió como intendente y anunció la creación del Ente de Fiscalización y Control: el gremio nunca aceptó que los más de 200 inspectores pasen a ese organismo autárquico por sostener que ese traspaso no garantiza la vigencia del Estatuto que les provee estabilidad, carrera administrativa y licencias envidiadas por la mayoría de los gremios.

La Municipalidad garantizó el respeto del Estatuto en lo referente a antigüedad, categorías, remuneraciones, horas extras, carga horaria y todos los aspectos inherentes a cumplimiento de derechos y obligaciones. Ante la negativa del Suoem, estableció también la posibilidad de pase en comisión, que permitiría a los municipales incorporarse al Ente sin perder su dependencia de origen: la respuesta fue una batalla total contra el Ente.

De más de 200 inspectores, fueron 29 los agentes de planta permanente que decidieron integrarse al Ente. Según el Ejecutivo, otros iniciaron ese proceso en las últimas semanas y su incorporación formal será efectiva en los próximos días.

El Suoem dice que fueron menos los que aceptaron ese traspaso y se apresta a una batalla de fondo si la actual administración –como insinúa– intenta quitarles el adicional de inspectores a quienes no reporten al Ente de Fiscalización y Control.

Pese a que la Municipalidad de Córdoba lidera históricamente el ranking de conflictividad gremial, en los 46 años que pasaron el Estatuto de los municipales nunca se puso en discusión en sus puntos centrales. Fue modificado 28 veces por ordenanza y además hubo 41 decretos reglamentarios de distintos artículos, pero en la mayor parte de los casos fue para sumar beneficios.

El régimen de licencias remuneradas es un buen ejemplo. Los municipales, además de las vacaciones y las licencias por accidente o enfermedad del trabajo, con los años sumaron las siguientes licencias: por razones de salud, por maternidad (180 días), por adopción (160 días), por matrimonio, por matrimonio de hijos, por nacimiento de hijos (8 días, para la persona no gestante), por fallecimiento de familiares, por enfermedad o accidente de familiar (hasta 30 días).

También gozan de licencias por capacitación (hasta 2 años, con el 50% del sueldo); por examen (hasta 21 días al año y 10 extra para la tesis); por evento deportivo no rentado (hasta 20 días hábiles al año, renovable); por razones gremiales; por normalización gremial; por examen ginecológico anual (dos días); por nacimiento de hijo con discapacidad (180 días extra a la licencia por maternidad); por violencia familiar o de género (hasta 30 días, renovable); sanitaria (7 días libres, para todos los empleados de Salud, pero también de los CPC y hasta de Tránsito) y profiláctica (10 días libres para todos los agentes vinculados a las tareas de saneamiento).

Además, el mismo Estatuto establece que los empleados municipales pueden faltar dos días al mes por razones particulares y 4 días al año para donar sangre. Además, pueden solicitar franquicias horarias por numerosos motivos.

Ese régimen, asociado al nivel salarial que el Suoem logró a fuerza de conflictos permanentes y al fuerte aumento de la planta de empleados en la primera década del siglo XXI, durante las gestiones de Luis Juez y Daniel Giacomino, hizo que el municipio llegara a destinar más del 70% de sus recursos a los sueldos de los municipales.

En las gestiones del radical Ramón Mestre se frenó la expansión de la planta permanente y comenzaron a cubrirse funciones con monotributistas. Con la llegada de Llaryora al municipio esas figuras informales se incrementaron sustancialmente: monotributistas, becarios y servidores urbanos prestan servicios con remuneraciones que oscilan entre el 10 y el 30% del costo salarial total de un municipal de planta permanente.

Daniel Passerini mantuvo esa política, que quedó expuesta de la peor manera posible tras el atroz femicidio de la adolescente Agostina Vega. La pertenencia del supuesto femicida, Claudio Barrelier, al área de Tránsito y la evidencia de que no se revisó su condición de becario tras una detención de 20 días en un caso previo de privación ilegítima de la libertad, describieron un alarmante descontrol en ese esquema.

El ministro de Comunicación, Daniel Pastore, indicó que el Estado municipal optó por la precarización para hacer viable la administración municipal. Lo que nadie mencionó hasta ahora es la necesidad de revisar el régimen laboral municipal: no lo hizo jamás el oficialismo. Tampoco lo hizo nunca la oposición.