Empleo provincial. Brenda Austin presentó un proyecto para frenar contrataciones precarias y transparentar ingresos al Estado
Se trata de un proyecto de ley respaldado por el bloque radical. Busca limitar el uso de becas y monotributos, fortalecer la carrera administrativa y garantizar que el acceso al empleo público se realice mediante concursos.
La legisladora Brenda Austin (UCR) presentó un proyecto de ley orientado a transparentar el ingreso a la administración pública provincial. La propuesta también apunta a robustecer la carrera administrativa, garantizar mecanismos de idoneidad en el acceso al empleo público y contribuir a la sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones de la Provincia.
Según lo informado por la legisladora, el proyecto surge a partir del diálogo con distintos actores vinculados al ámbito jurídico, laboral y gremial, preocupados por las irregularidades en los mecanismos de contratación e ingreso al Estado provincial y por el crecimiento sostenido de modalidades precarias para cubrir funciones permanentes.
"La iniciativa tiene por objetivo abordar la precarización de las relaciones laborales dentro del Sector Público Provincial, recuperar mecanismos transparentes de acceso al empleo estatal y corregir distorsiones que afectan tanto el funcionamiento institucional como el financiamiento previsional", dice el comunicado de prensa.
La presentación se realizó en coincidencia con el escándalo que generó la pertenencia del presunto femicida de Agostina Vega, Claudio Barrelier, al plantel de la Municipalidad de Córdoba, a través de un esquema precario: ingresó como becario en 2019, y al momento del femicidio aparecía vinculado a expedientes de regularización contractual y acceso a categorías previas a la planta permanente. “La situación se repite en numerosas dependencias provinciales”, dice el comunicado de Austin.
"Esto pone en evidencia la necesidad de recuperar reglas claras para el acceso al empleo público, garantizar concursos abiertos y transparentes, establecer criterios objetivos de idoneidad y asegurar mecanismos adecuados de evaluación de antecedentes, aptitudes y perfiles requeridos para el ejercicio de funciones estatales, evitando que modalidades precarias terminen funcionando como vías alternativas de ingreso permanente al Estado", señala la legisladora radical.
Dos años sin nuevas contrataciones precarias
El proyecto propone suspender por el término de dos años, con posibilidad de prórroga por igual período, las nuevas contrataciones bajo modalidades de locación de servicios, contratos por tiempo determinado, becas y pasantías, salvo aquellas vinculadas estrictamente a fines educativos.
A su vez, establece que mientras dure esta suspensión, el ingreso a planta permanente sólo podrá realizarse mediante concursos públicos abiertos de antecedentes y oposición, conforme a lo previsto por la Ley Provincial N° 7.233 y la Ley N° 9.361 y mediante otros mecanismos establecidos en marcos jurídicos convencionales.
El texto también prohíbe expresamente la utilización de figuras no contributivas para cubrir funciones permanentes dentro de la administración pública provincial.
“Lo que termina ocurriendo es que muchas personas ingresan primero de manera precaria y luego, años después, aparecen los reclamos de pase a planta. Durante todo ese tiempo estuvieron precarizadas, pero además ingresaron salteando mecanismos básicos que garantizan igualdad de oportunidades e idoneidad”, explicó la legisladora.
“Cada vez que se acercan procesos electorales pareciera que el Estado se transforma en una suerte de botín de guerra, donde empiezan a multiplicarse mecanismos de incorporación precaria, sin concursos y sin reglas claras”, sostuvo Austin.
Según datos oficiales del portal de Gestión Abierta correspondientes a 2025, la planta del Poder Ejecutivo provincial asciende a 112.454 agentes, de los cuales el 23,2% corresponde a trabajadores transitorios, incluyendo contratados y personal político. Sin embargo, se desconoce la cantidad exacta de trabajadores bajo esquemas precarios ya que existen dificultades para acceder a información consolidada y actualizada.
Fortalecer la Caja de Jubilaciones
Por otra parte, el proyecto busca regularizar progresivamente los conceptos salariales no remunerativos (“en negro”), transformándolos en remunerativos en un plazo máximo de dos años, con el objetivo de fortalecer los aportes previsionales y revertir mecanismos que debilitan los ingresos de la Caja.
“La situación crítica de la Caja de Jubilaciones también tiene que ver con que el propio Estado se ha convertido en el primer incumplidor, utilizando mecanismos de contratación precaria y esquemas salariales que debilitan los aportes al sistema previsional”, afirmó Austin.
La propuesta sostiene que el uso sistemático de modalidades precarias vulnera principios constitucionales vinculados a la igualdad, la estabilidad y la idoneidad en el acceso al empleo público, previstos tanto en la Constitución Nacional como en la Constitución Provincial.
“No podemos naturalizar que el acceso al empleo público quede librado a mecanismos discrecionales, contratos precarios e ingresos a dedo. El ingreso al Estado tiene que garantizar transparencia, igualdad de oportunidades e idoneidad, porque eso fortalece las instituciones y mejora la calidad del Estado”, agregó.
