Aunque se aplica desde el mes de enero pasado, la reforma previsional (Ley de Equidad Jubilatoria) que impulsó el gobernador Martín Llaryora se sigue discutiendo en la Justicia provincial, con distintas presentaciones individuales que hicieron trabajadores estatales activos y jubilados provinciales.
El viernes pasado, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) revocó parcialmente una resolución de la Cámara Contencioso Administrativa de 2ª Nominación de Córdoba, que había ordenado a la Caja de Jubilaciones abstenerse de efectuar reducciones o recálculos del haber previsional de un jubilado provincial que había presentado un amparo en contra de la reforma previsional.
En este caso particular, el máximo tribunal de Justicia provincial dispuso morigerar del 8% al 6% la alícuota adicional que el organismo previsional retiene a los haberes de los activos provinciales que cobran más de $ 3.500.000.
La acción de amparo había sido presentada por un jubilado provincial cuyo haber previsional se vio afectado como consecuencia de la reducción del sueldo líquido de los activos por la aplicación de las alícuotas adicionales previstas en la Ley de Equidad Jubilatoria (11.087).
A través de una medida cautelar, la cámara había dejado sin efecto esta disminución de la jubilación, hasta tanto resuelva la cuestión de fondo.
Sin embargo, el TSJ remarcó que tal decisión afectaba la característica más importante del sistema previsional provincial, que es la proporcionalidad.
De allí que el TSJ le ordenó a la Caja de Jubilaciones descontarle el 6% en lugar del 8% que indica la nueva norma que impulsó el gobernador.
Se trata de un caso particular, pero, según datos oficiales de la Caja de Jubilaciones, de los 116 mil jubilados provinciales, hay unos seis mil que cobran un haber de más de $ 3.500.000, por lo cual reciben un descuento extra del 8%.
El Tribunal Superior morigeró el descuento a un jubilado por la reforma de Llaryora
De manera extraoficial, esos ocho puntos extras de descuento para estos jubilados provinciales que perciben los haberes más altos dejan en la Caja de Jubilaciones alrededor de $ 2.400 millones.
Si todos estos jubilados recurren a la Justicia, seguramente recibirán el mismo fallo que el caso mencionado. Es decir, se reducirá en dos puntos el descuento que realiza la Caja.
El cálculo estimado es que los dos puntos que el TSJ redujo a un caso individual, si se extendiera a los seis mil que cobran más de $ 3.500.000, tendría un impacto para la Caja de alrededor de $ 600 millones.
Según la reforma previsional, los jubilados provinciales deben realizar un aporte extra, según su haber: hasta $ 2.500.000, 4% más. Desde $ 2.500.000 hasta $ 3.500.000, 6%, y más de $ 3.500.000, un adicional del 8%.
Cambios, en análisis
Antes de este fallo del TSJ, el gobernador Llaryora ya había dicho de manera pública que, en caso de cerrar un acuerdo más beneficioso con la Anses, los fondos extras los destinaría a mejorar la situación de los jubilados, como ocurrió con la reforma previsional, para los que perciben un haber inferior a $1 .300.000. Estos jubilados recibieron una mejora que va desde los $ 90 mil hasta los $ 150 mil.
La Justicia ordenó a la Caja devolver los descuentos al titular del gremio bancario
Luego de un acuerdo firmado en noviembre pasado, la Anses envió el 20 de mayo pasado la primera cuota de $ 10 mil millones acordada con el gobernador Llaryora.
Esto significó duplicar el monto mensual de la cuota de $ 5 mil millones que la Anses envió todo el año pasado, hasta abril.
Es decir, que el gobernador debería resolver qué hace con esos $ 5 mil millones extras por el nuevo acuerdo con el Gobierno nacional.
Si bien es una decisión que Llaryora tomaría recién en agosto, está analizando a qué sectores de los activos podría mejorar sus haberes.
Lo más probable es que decida destinar más recursos a los jubilados y pensionados de menores haberes, y no al sector que cobra más de $ 3.500.000 que se vio beneficiado con el último fallo del TSJ.
En el Centro Cívico, consideran que los seis mil jubilados a los que se les descuenta un 8% deberán recurrir a la Justicia para que terminen siendo beneficiados con el último fallo del Tribunal Superior.
Aunque hay una duda: si el máximo tribunal también reducirá los descuentos a quienes aporten un 6%, un 4% y un 2% más, como lo indica la reforma previsional que en diciembre pasado aprobó la Legislatura y que se aplica desde enero pasado.
