Más que nunca este año, la litigiosidad laboral estuvo en el centro del debate público mientras se discutía el proyecto oficial de reforma laboral. De hecho, disminuirla fue uno de los objetivos centrales esgrimidos por el Gobierno para impulsar esa iniciativa que se convirtió en ley el 27 de febrero y cuya aplicación irá avanzado de manera gradual.
Mientras, la Justicia cordobesa sigue transformando procedimientos y estructuras en el fuero laboral y, aseguran los impulsores del proceso, eso está redundando en mayor eficacia y rapidez a la hora de impartir justicia. Una consecuencia de esa evolución es una baja en la litigiosidad.
Los cambios centrales son dos.
Por un lado, la aplicación del Procedimiento Declarativo Abreviado (PDA, establecido por ley 10.596), que habilitó un modo mucho más ágil y eficaz de tratar una cuota importante de las demandas que llegan al fuero, basado en un cronograma acotado de audiencias orales entre las partes (dos en muchos casos) con presencia del juez.
Ese mecanismo, a la vez, es ejecutado por Tribunales de Gestión Asociada (TGA), una nueva forma organizacional colegiada y colaborativa que reemplazó al tradicional juzgado individual de control y esquema vertical.
En cada TGA, un grupo de cinco jueces comparte una estructura de apoyo común organizada en unidades especializadas para la gestión de trámites, de audiencias y de procesos.
En marzo, el Fuero laboral terminó de poner en marcha todos los TGA previstos para Córdoba Capital; y anunció que proseguía su desarrollo en el interior.
En ese marco, Luis Angulo, vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), presidente de su Sala Laboral e impulsor central de la transformación del fuero destacó: “Este sistema permite comprender mejor el conflicto, promover la conciliación y adoptar decisiones de mayor calidad”.
Otro objetivo que logró la Justicia en los últimos meses de 2025 fue terminar de extender el PDA a todos los tipos de causas para los que estaba previsto en la ley 10.596.
Ya se venía usando en conflictos por despidos sin justa causa y se extendió a demandas por enfermedades y accidentes de trabajo; es decir, reclamos apuntados al sistema de Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).
“Estas causas equivalen a más de la mitad de las que llegan al fuero; por lo que resolverlas con este procedimiento ágil nos ha permitido ganar muchísima eficacia, bajar plazos y lograr niveles muy superiores de conciliación”, aseguran desde el Fuero laboral.
Y lo ponen en números. En el segundo semestre de 2025, la duración promedio de un PDA llegó a cuatro meses y 10 días; cuando tiempo atrás insumían entre seis y siete años. A la vez, la tasa de conciliación sobre las causas llegó al 49%.
“Conciliar la mitad es un gran logro”, celebran en Tribunales, ya que ese resultado implica satisfacción de ambas partes.
“Con el cambio aplicado en 2018 se estableció como cuestión medular la necesidad y la obligación de que los jueces estén presentes en las audiencias. Ese cara a cara, donde el trabajador con su abogado se juntan con el empleador y su abogado y el juez, constituye un espacio participativo en el que el magistrado, con un liderazgo fuerte, puede ir encauzando el conflicto para llegar a una resolución, en el menor tiempo posible”, destacó por su parte Luis Angulo.
Menos stock de causas pendientes
Reducir plazos y lograr que la mitad de los reclamos se cierren por acuerdo en la primera instancia es visto desde el fuero como un beneficio para trabajadores y para empresas. “Es una espada de Damocles que las pymes dejan de tener encima”, insisten.
Es, también, un alivio para la instancia siguiente; ya que de la mitad de las causas que no se concilian sólo entre un 15% y 18% es apelado y sube a la Cámara Única del Trabajo.
La merma de las elevaciones a juicio oscila en un 50%. Esta circunstancia permitió iniciar el programa de disminución del stock de causas pendientes de la Cámara. En dos años y seis meses, logró bajar la cantidad de juicios laborales sin resolución en un 91,9 %: de 28.197 causas al 30 de junio de 2023, se pasó hoy a 9.288 (dato al 1° de mayo de 2026).
“Nuestra estimación inicial era que nos llevaría 14 años eliminar esa cuota del stock de juicios pendientes. Y los cambios en el fuero nos permitieron hacerlo en tres años”, destacan desde el fuero.
Estos resultados confirmaron para el TSJ la eficacia del esquema colegiado en el que se basan los TGA y por eso, mediante una flamante acordada, dispuso generalizar el sistema a la Cámara Única del Trabajo; constituidas por 11 salas.
“Ese proceso se inicia ahora. Requiere adaptar los principios y beneficios del sistema que se usó en la primera instancia a este nivel. No será idéntico, pero buscamos los mismos resultados”, apuntan desde el palacio de calle Caseros.
Otra tarea en la que trabaja la Justicia es la constitución de un cuerpo de peritos especializados del fuero que se aboquen a causas de accidentes y enfermedades laborales. Hoy, los juzgados se sirven de especialistas incluidos en la nómina general de Tribunales.
En 2025, en Córdoba se iniciaron casi 8.000 juicios laborales
El cambio permitirá trabajar con profesionales focalizados en esta problemática de manera permanente y dedicación exclusiva. El sistema implicará, además, que perciban una remuneración estable y no vinculada al resultado de las sentencias.
Aunque le llamado a concurso –primer paso clave– no pudo aún concretarse, desde el Fuero explican que trabajan en su diseño en diálogo con distintas instituciones pertinentes.
23% menos demandas, 13% más por despidos
Durante 2025, las estadísticas del Poder Judicial señalan que las causas por ley de ART bajaron un 23% interanual en la provincia; y un 27% sólo en el segundo semestre (cuando terminaron de aplicarse los cambios de estructura y procedimientos).
“También los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) revelan que Córdoba encabezó la reducción de la litigiosidad durante 2025: cayó 19,3% entre 2024 y 2025. A pesar de que no incluyen la evolución de juicios contra la Provincia como empleadora”, agregan voceros de Tribunales.
La Unión de ART (Uart) reveló que en los primeros tres meses de este año, ingresaron 26.697 nuevos juicios por enfermedades y accidentes laborales a juzgados de todo el país, 3,4% más que en igual lapso de 2026.
La entidad se quejó del nivel de litigiosidad, que creció en la enorme mayoría de los distritos. Sin embargo, para Córdoba, mostró una tendencia a contramano: el descenso de casi 9% en las causas (hubo 719 demandas).
La Justicia local celebra esta merma, y agrega: “En 2025, el nivel de juicios en Córdoba fue 57% inferior al reportado en Santa Fe; provincia con casi igual volumen de habitantes. Y un 10% menor al de Mendoza, cuya población es la mitad que la de Córdoba”.
La Justicia repuso la vigencia de la reforma laboral
En 2025, según la Superintendencia de ART, en Córdoba se iniciaron 7.845 juicios, una cantidad por debajo del promedio de provincias más conflictivas, pero aún considerado alto desde las aseguradoras.
Lo que se aclara siempre desde Tribunales es que las ART son una contraparte en el sistema, ya que es a ellas a quienes apunta la mayoría de los reclamos. También señalan que un eslabón central en el esquema diseñado por la ley 27.348, capaz de resolver conflictos y evitar la judicialización, son las comisiones médicas dependientes de la Superintendencia de ART, y la eficacia y equilibrio con que estas funcionen se asocia de manera directa al nivel de litigiosidad.
Causas penales por fraudes e informalidad
En el análisis que se hace en Tribunales, la reducción de demandan registrada en Córdoba responde a distintas razones. Una de ellas es la mayor rapidez y eficacia de los juicios. “La optimización de los tiempos procesales y la reducción de las causas minimizan la posibilidad de especulación de las partes a las que puede beneficiar la demora judicial”, apuntan.
Otro factor que impacta es la persecución penal a fraudes y estafas realizados al sistema de ART.
En la última década, la Justicia impulsó varias causas de ese tipo. En 2019, por caso, la Cámara 9ª del Crimen de Córdoba condenó a cuatro abogados y tres médicos que reconocieron haber formado parte de una asociación ilícita que logró acuerdos fraudulentos con la ART Provincia a partir de demandas laborales iniciadas sobre la base de certificados médicos apócrifos.
La más reciente fue elevada a juicio este año por el fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier. Se trata de una presunta asociación ilícita que habría montado un esquema de estafas procesales masivas en perjuicio de ART.
El dato fuerte es que entre los acusados como jefes se encuentra Miguel Ángel Martínez Conti, actual juez Civil y Comercial de 1° Nominación de la ciudad de Córdoba; informó Perfil.
Un tercer factor que puede impactar en la merma de demandas es la disminución de trabajadores formales, que implica que hay menos gente cubierta por el sistema de ART.
Las causas que sí crecieron en 2025: 13% más de reclamos por despidos
El perfil de causas que sí llegaron en mayor cantidad a la Justicia laboral en 2025 son las enmarcadas en la ley de contrato de trabajo; reclamos por despidos en su mayoría.
El salto se asocia a la profundización del deterioro del mercado laboral, con importante destrucción de empleo formal y avance de la informalidad.
Todas estas demandas –equivalen al 50% del total de causas, la otra mitad son por ART– ingresan ahora a los TGA, responsables de colectar la prueba y elevarlas a la Cámara una vez completado ese paso.
La UIA en alerta: advierten que el freno judicial a la reforma laboral “debilita el clima de negocios”
En Tribunales aseguran que debido al mejor funcionamiento general del fuero, estos procedimientos también se agilizaron: la elevación se produce más rápido y las cámaras resuelven en cuatro a seis meses a partir de ese paso.
