Litigiosidad. En 2025, en Córdoba se iniciaron casi 8.000 juicios laborales
Un informe de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo indica que hay 138 juicios cada mil siniestros, por debajo de las provincias más problemáticas. El sobrecosto para el sistema productivo cordobés fue de U$S 108 millones.
Córdoba, con casi 8.000 juicios, se ubica en una posición intermedia en el mapa nacional de la litigiosidad laboral, pero con un dato que enciende luces amarillas: la elevada proporción de procesos con resultados cuestionables o inconsistentes, lo que se vincula a procesos especulativos. Así lo revela el último informe de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), que analiza el estado jurisdiccional de los litigios laborales en todo el país a abril de 2026.
Según el relevamiento, durante 2025 se registraron 127.700 juicios laborales a nivel nacional, con un sobrecosto estimado en U$S 2.140 millones para el sistema productivo.
En ese contexto, Córdoba aparece catalogada como jurisdicción de “riesgo medio”, con un sobrecosto total de U$S 108 millones y un costo adicional por trabajador de U$S 177,9. El índice de judicialidad –que mide la cantidad de juicios por cada mil siniestros– se ubicó en 138,1.
Esto significa que está por debajo del promedio de las provincias más conflictivas, pero que todavía tiene una alta proporción de litigios: en 2025 fueron 7.845 juicios.
La información sobre la litigiosidad en Córdoba da cuenta de que el pico de juicios ocurrió entre 2014 y 2017, cuando la cantidad de litigios se mantuvo siempre por encima de 10 mil, llegando a casi 12 mil. Un cambio legal produjo una baja histórica en 2018, tras la reforma de la ley de ART y la adhesión de la Provincia, y eso hizo que la cantidad de litigios cayera ese año a 2.874. Desde entonces, se fue incrementando gradualmente el número.
En 2024 fueron 9.745 juicios laborales, y en 2025 fueron 7.845, lo que otra vez marca una reducción.
“Componente especulativo”
Sin embargo, el dato más relevante no es la cantidad de juicios sino su composición. Córdoba registra un 90,2% de causas que incluyen rechazos, casos con 0% de incapacidad o situaciones no denunciadas previamente ante el sistema. Este indicador, que el informe utiliza para evaluar la “calidad” de la litigiosidad, sugiere la existencia de un alto componente de juicios potencialmente especulativos.
En otras palabras, aunque Córdoba no lidera en volumen de litigios ni en costos, sí presenta un patrón similar al de distritos con mayores niveles de conflictividad, como Mendoza, Santa Fe o la Ciudad de Buenos Aires, donde también predominan este tipo de demandas.
A nivel país, las provincias con mayor riesgo concentran más del 70% del empleo y de los juicios, una proporción que supera el 86% si se suman las jurisdicciones de riesgo medio, como Córdoba. Esto indica que el fenómeno no es marginal, sino estructural dentro del mercado laboral argentino.
El informe también destaca fuertes asimetrías regionales. En la región Centro, Santa Fe se posiciona claramente por encima de Córdoba y Entre Ríos, tanto en judicialidad como en sobrecosto.. No obstante, el alto porcentaje de causas sin incapacidad reconocida o rechazadas la acerca a los perfiles más problemáticos.
Desde la SRT sostienen que el problema no radica únicamente en la cantidad de juicios, sino en los incentivos del sistema. La falta de criterios homogéneos en las pericias médicas, la ausencia de cuerpos forenses especializados en algunas jurisdicciones y la vinculación de los honorarios profesionales con el resultado del juicio son señalados como factores que distorsionan el funcionamiento del régimen.
En este sentido, el organismo impulsa la implementación efectiva de la ley vigente, que prevé la creación de cuerpos médicos forenses especializados, la utilización adecuada del baremo para determinar incapacidades y la desvinculación de los honorarios del resultado del litigio. Córdoba figura entre las provincias con las que existen conversaciones avanzadas para avanzar en estos cambios.
El trasfondo del debate es económico y político. El informe vincula directamente la litigiosidad con el costo laboral. En un contexto de ajuste fiscal y caída de ingresos, el peso de estos sobrecostos adquiere mayor relevancia para los sectores productivos.
Así, Córdoba aparece en una zona de equilibrio inestable: sin los niveles extremos de litigiosidad de otras provincias, pero con indicadores cualitativos que podrían anticipar un agravamiento del problema si no se introducen correcciones en el sistema. El desafío, según plantea el propio informe, no es solo reducir la cantidad de juicios, sino mejorar su consistencia y previsibilidad.
