Actividad. Hacia dónde lleva el crecimiento desbalanceado de la economía argentina

Hay una grieta en la interpretación sobre la marcha de la economía argentina. Mientras las exportaciones apuntan a U$S 100 mil millones este año, lo que contribuye a acotar la vulnerabilidad externa del país y a expandir la actividad, la fragilidad del mercado de trabajo complica la tarea de darle sustentabilidad política al programa económico.

Sin embargo, el divorcio (¿temporal?) de estas variables no debería extrañar. A lo largo de los primeros meses de 2025, en sucesivos artículos, se intentó alertar acerca del “techo de cristal” al que se enfrentaba la economía argentina, porque la dinámica de inversión y consumo se vería limitada por delgados márgenes de rentabilidad y dificultades para convalidar subas perceptibles de salario.

El hilo conductor de este fenómeno es la pérdida de productividad del país, que disminuyó 8,5% en relación a principios de 2012, cuando se introdujeron los cepos al tipo de cambio y al comercio exterior. Aunque en los dos últimos años la productividad del trabajo crece a un ritmo del 3,4% anual, esto apenas si ubica el ratio PIB/empleo total en un nivel semejante al de 2007, dos décadas atrás.

Lo limitado de la “torta” por repartir se exacerba por los movimientos pendulares de política argentina, con inversores que prefieren “ver para creer”, constatando que esta vez será diferente y que las reformas son irreversibles.

Los datos recientes no logran despejar esas dudas. La inflación había comenzado a descender, pero los guarismos de abril y de mayo del nivel de actividad auguran un segundo trimestre sin avances respecto del primero, erosionando la expectativa de un crecimiento anual del 3%.

En el plano sectorial, de los cuatro sectores rezagados al menos uno ha comenzado a mostrar mayor movimiento.

Utilizando datos del Emae, Jorge Day, investigador de Ieral, encontró que el promedio móvil del sector construcciones registró un incremento de actividad del 9,8% entre el trimestre terminado en diciembre de 2025 y el finalizado en mayo de este año, quitando los factores de estacionalidad. Este guarismo, que extrapola un potencial crecimiento de 25,3% en 12 meses, refiere a un sector con 9% del empleo total del país.

En cambio, en igual período, el crecimiento anualizado del comercio es de apenas el 3,3%, el de la industria del 2,6% y de transporte y comunicaciones del 1,9%. Estos tres sectores, a su vez, involucran al 34% del empleo total, ponderación tan significativa como para justificar el término de “crecimiento desbalanceado”.

Y la pregunta es si el Gobierno ha hecho lo suficiente para “equilibrar” de algún modo la trayectoria de los distintos sectores (más allá de la necesaria reconversión productiva).

En realidad, el Gobierno podría haber avanzado más rápido en riesgo país y en crédito. En este tercer trimestre, la prima de riesgo país se acercó a 400 puntos, pero en enero existió la oportunidad de anticipar esa tendencia, con un canje de deuda semejante al que hizo Ecuador, lo cual seguramente hubiera tenido influencia en la recuperación del crédito al sector privado, que sigue obturado.

Asimismo, desde marzo se dejó atrás el período de muy elevadas y erráticas tasas de interés, y se pasó a una especie de corredor de tasas de cortísimo plazo, entre el 20% y el 25% anual. Pero los mecanismos para trasladar esa baja de tasas a las operaciones de préstamo no han sido eficaces.

Influye que la política monetaria sea de agregados, lo que deriva en la subsistencia de elevados encajes, sin olvidar la carga de impuestos distorsivos (en muchos casos, responsabilidad de las provincias).

En materia de crédito, las energías oficiales parecen concentrarse en el segmento dólares, de allí la insistencia en el régimen de “inocencia fiscal”. Pero esta agenda no debería frenar la dinámica de préstamos en pesos.

La ampliación del horizonte para la toma de decisiones es clave. De allí también la importancia de completar el cierre del programa financiero para 2026/27. Los anuncios efectuados a principios de julio incluyeron una serie de supuestos que sólo podrían cumplirse en un escenario de sesgo optimista.

Los vencimientos de deuda pública externa suman U$S 24,9 mil millones en 2027, de los cuales U$S 7.700 millones tienen roll-over asegurado (intrasector público, organismos, FMI). A su vez, de los U$S 17.200 millones restantes quedaría un neto a refinanciar de U$S 13.500 millones (se podrán utilizar U$S 3.700 millones excedentes de 2026). Es para cubrir los U$S 13.500 millones restantes cuando se entra en terreno más hipotético.

Están previstas para 2027 compras del Tesoro al Banco Central de la República Argentina (BCRA) por U$S 4.900 millones, lo que supone que el primero tendrá los pesos (esto demanda refinanciaciones exitosas de deuda doméstica) y el segundo, divisas, lo que requiere continuidad a buen ritmo de las compras en el mercado cambiario, ya que el BCRA tiene vencimientos de Bopreal por U$S 5.300 millones.

Con supuestos optimistas, podrían agregarse U$S 8.600 millones, que incluyen U$S 5 mil millones por emisiones locales.

Hay que tener en cuenta que este año el Banco Central lleva comprados U$S 12,7 mil millones, en el contexto de un superávit comercial de U$S 16,0 mil millones hasta julio, y de emisiones de deuda por U$S 16.400 millones desde noviembre pasado, realizadas por compañías privadas y provincias.

De cara a 2027, todo indica que el superávit comercial se habrá de mantener, mientras que la colocación de obligaciones negociables (ON) por privados y la demanda de dólares por personas físicas es lo que habrá que monitorear.

Volviendo a la economía real, y focalizando en los datos desde el arranque del año, entre las 24 provincias, sólo tres muestran más asalariados privados formales: Neuquén, Río Negro y San Juan. Pero cuando se desplaza el zoom a la performance exportadora, son 12 las provincias que elevaron las ventas al exterior de entre el 14% y el 110%.

Subsiste el crecimiento desbalanceado apoyado en hidrocarburos, minería y agroindustria. Sin embargo, por sus características, este empieza a justificar inversiones en infraestructura largamente postergadas que, cuando se ejecutan, tienen profundos efectos multiplicadores sobre el empleo directo e indirecto y sobre la competitividad, abaratando costos de logística.

Y esto empieza a ocurrir, a juzgar por los datos del Indice Construya, que reflejó un crecimiento de 6,3% desde diciembre, congruente con los datos sectoriales del Emae, analizados más arriba. No sólo eso, los sectores en expansión tienen elevado sesgo exportador y limitada propensión a importaciones.

Empresas líderes anuncian nuevas inversiones en Vaca Muerta y convocan paralelamente a 800 proveedores “made in Argentina”. Y, como mostró el caso de Estados Unidos, es una gran ventaja el gas natural a precios competitivos para una gama amplia de industrias, como fertilizantes, químicos y demás. Su precio es un tercio del de Francia y Alemania, y la mitad de Brasil y China.

Entre las 12 provincias con buena performance exportadora se cuentan Jujuy, Catamarca, San Juan, Santa Cruz, Salta, aparte de Neuquén, y este es un dato con profundas connotaciones políticas.

Los representantes en el Congreso de estas provincias se están configurando como un bloque propenso a realizar acuerdos con el Gobierno o, al menos, capaz de obturar propuestas que pongan en riesgo los proyectos de inversión asociados a minería e hidrocarburos.

Por eso, para profundizar el ritmo de las reformas estructurales es clave que el Ejecutivo seleccione muy bien los proyectos que presente al Congreso. Evitar el desgaste de energías y asegurarse que las leyes por ser aprobadas guarden la mejor relación costo/beneficio para “salir por arriba” del laberinto del crecimiento desbalanceado.