Aplicaciones. Taxis de Córdoba piden bloquear Didi por operar fuera de la ordenanza y reclaman más controles
El Sindicato de Conductores de Taxis presentó una nota ante la Municipalidad para solicitar que se impida el funcionamiento de esa plataforma mientras no complete su habilitación. El planteo llegó más de dos semanas después del vencimiento del plazo de regularización previsto por la ordenanza 13.549.
El Sindicato de Conductores de Taxis de Córdoba (SCTC) solicitó formalmente a la Municipalidad que bloquee la aplicación Didi por operar fuera del marco regulatorio establecido por la ordenanza 13.549.
La presentación fue dirigida al secretario de Gobierno y Movilidad, Rodrigo Fernández, cuando ya transcurrieron más de dos semanas desde el vencimiento del plazo que el municipio había otorgado para que las plataformas y sus conductores completaran el proceso de regularización.
El pedido fue formulado mediante una nota firmada por el secretario general del gremio, Oscar Colina. La entidad reclamó que el Ejecutivo aplique las herramientas previstas en la normativa para impedir que la empresa continúe operando sin haberse incorporado al Registro Digital Municipal.
Sostuvo que Didi continúa ofreciendo viajes en la ciudad sin haber cumplido con los requisitos exigidos por la normativa local. En ese marco, solicitó el bloqueo tecnológico de la aplicación y la aplicación de las sanciones económicas previstas para las empresas que permanezcan fuera del sistema regulado.
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El pedido no alcanza a Uber ni a Cabify, las dos plataformas que ya fueron habilitadas por la Municipalidad y operan dentro del Registro Digital Municipal.
Didi, en cambio, no completó el proceso de inscripción previsto por la ordenanza y continúa fuera del sistema regulado.
Según fuentes municipales, la empresa no presentó la documentación necesaria para obtener la habilitación correspondiente. Incluso, desde el Palacio 6 de Julio aseguraron días atrás que la plataforma no avanzó con consultas formales para incorporarse al nuevo régimen.
Plazo vencido
El planteo del sindicato llega luego de que el viernes 13 de junio venciera el plazo excepcional de 120 días que la reglamentación otorgó para completar la documentación exigida por el Registro Digital Municipal. Desde entonces, la Municipalidad reforzó los controles sobre los vehículos que prestan servicios mediante aplicaciones y descartó conceder una prórroga.
Con el cierre de ese período de transición, el municipio comenzó una etapa de fiscalización más estricta sobre los conductores y vehículos que prestan servicios a través de plataformas. Los operativos apuntan especialmente a verificar la licencia profesional D1, los certificados de antecedentes y las condiciones técnicas de los automóviles.
En la presentación, el SCTC sostuvo que la permanencia de Didi fuera del registro genera una competencia desleal respecto de las empresas que sí realizaron el proceso de regularización. “No puede darse el mismo trato a quienes cumplen la ley y a quienes no”, señala el escrito elevado al secretario de Gobierno.
El sindicato también planteó que la falta de controles representa un riesgo para los usuarios. Según argumentó, muchos de los conductores que trabajan mediante esa plataforma no acreditarían la documentación exigida para prestar el servicio en condiciones de seguridad.
Entre los requisitos obligatorios figuran la licencia profesional D1, los certificados de antecedentes nacional y provincial, la constancia de no figurar en el Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual y la cobertura mediante una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) o un seguro de accidentes personales.
Además, el gremio aseguró que detectó vehículos con hasta 25 años de antigüedad prestando servicio mediante esa aplicación. La ordenanza establece que los automóviles afectados al transporte mediante plataformas no pueden superar los 10 años de antigüedad y deben cumplir con una serie de condiciones técnicas, como la Inspección Técnica Vehicular vigente, aire acondicionado y una cilindrada mínima de 1.000 centímetros cúbicos.
Qué dice la ordenanza
La nota presentada por el sindicato cita el artículo 4 de la ordenanza 13.549, que obliga a las empresas a inscribirse y cumplir con todos los requisitos establecidos por la Municipalidad para operar legalmente en Córdoba. Sobre esa base, la entidad pidió que se disponga el bloqueo tecnológico de la aplicación y que se apliquen las sanciones previstas por la normativa.
En paralelo, el gremio vinculó la situación con la crisis que atraviesa el sector del taxi. Según informó, durante el primer semestre del año la actividad registró una caída del 6%, fenómeno que atribuyó al crecimiento de las aplicaciones de transporte y al incremento de la oferta de conductores impulsado por el contexto económico y el aumento del desempleo.
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La ordenanza establece que las empresas también son corresponsables del cumplimiento de los requisitos por parte de sus conductores y prevé multas e incluso la inhabilitación para aquellas firmas que incumplan las obligaciones previstas.
Hasta el momento, el municipio informó que alrededor de 980 conductores completaron todo el proceso de inscripción y cuentan con la documentación aprobada para trabajar dentro del sistema. Si bien hubo miles de consultas durante los meses que duró el período de transición, el número de trámites concluidos quedó por debajo de las expectativas oficiales.
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Las aplicaciones de origen local presentan una situación diferente. Según la información oficial, varias continúan avanzando en el proceso de habilitación, aunque todavía deben resolver aspectos técnicos vinculados principalmente con las pólizas de seguros para los pasajeros.
Con el vencimiento del plazo de regularización y el inicio de controles más estrictos en la vía pública, el reclamo del Sindicato de Conductores de Taxis suma un nuevo capítulo al proceso de implementación de la ordenanza que reguló las aplicaciones de transporte en Córdoba.
